Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que condenaron a Andrés Felipe Arias y a otros ministros del gobierno Uribe como Diego Palacio, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado y muchos otros dejaron en evidencia su intensión de fallar de acuerdo a sus convicciones e intereses para proferir decisiones políticas y no jurídicas contra los funcionarios de ese gobierno. Eso quedó demostrado en audios de los magistrados Camilo Tarquino, Leonidas Buscos, Jaime Arrubla y Javier Osorio en los que piden una condena política.
Esa historia comenzó en 2007 cuando la Corte Suprema se había tranzado en una guerra sin cuartel contra la Casa de Nariño.
El presidente Uribe le había advertido al país y al entones presidente de ese tribunal, Yesid Ramírez, sobre la infiltración de la mafia en la Corte Suprema a través de Ascencio Reyes y del narcotraficante Giorgo Sale. Con fiestas, viajes, regalos, y hasta relojes esos lobistas que buscaban mover procesos de sus clientes agasajaban a los magistrados del alto tribunal.
La Unidad de Investigación y Análisis Financiero UAIAF comenzó a investigar el capital y los movimientos bancarios de algunos magistrados y éstos, aferrados a su poder y con la meta desviar las investigaciones en su contra, comenzaron esa avanzada contra Uribe y los suyos.
La Corte Suprema se organizó y con el apoyo de investigadores externos –la fundación Arcoirirs de León Valencia y Claudia López- y con el magistrado Auxiliar Iván Velázquez a la cabeza de los procesos crearon un ‘expediente madre´ para judicializar a congresistas y funcionarios alineados con Uribe.
La estrategia los ha funcionado y con un tinglado de intereses políticos han puesto tras las rejas a funcionarios con condenas exageradas a personas como Andrés Felipe Arias a quien le aplicaron 17 años por un tema administrativo derivado del programa Agro Ingreso Seguro. Aunque existieron irregularidades en la asignación de esos créditos no hay una sola prueba que indique que el exministro salió beneficiado.
En la condena contra el exministro Diego Palacios, también sentenciado en un fallo que no guarda relación con las pruebas, se conocieron una serie de audios de los entonces magistrados involucrados en su proceso en los que quedó al descubierto que sus intenciones eran políticas ajenas al rol de un juez que debe fallar apegado al código de procedimiento y nunca de sus convicciones.
Audio #1 Magistrado Camilo Tarquino
“Pero mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy, o posteriormente a lo que se avecina frente a la tutela interpuesta por el Ministro de la Protección Social, es de que estuviéramos todos de acuerdo, ojalá que no hubiera salvamento de voto: ¡por conveniencia política!”, se le escucha decir a Camilo Tarquino.
audio #2 Magistrado Leonidas Bustos
“Lo digo porque estamos entre magistrados y la reserva es absoluta: Hay un argumento de conveniencia; si se permite que sea el Fiscal (sic) (…) seguro la va a hacer un empleado subalterno y, por qué no, el propio Ministro investigado. Y eso conduciría, inexorablemente, a que se perdiese de una vez por todas la imparcialidad de la transparencia que debe revestir la decisión que finalmente se toma en consecuencia del adelantamiento de una investigación de carácter político”.
Audio #3 Magistrado Javier Osorio
“Siempre estaremos como cuerpo apoyando cualquier decisión que se profiera en esta Corte y hoy con mayor razón las de la Sala Penal de la Corte Suprema. Presidente, yo pienso que aquí hay una situación de legítima defensa, en relación con los, sobre todo los fallos de la Sala de Casación Penal y específicamente en estos de la ‘parapolítica’ y los de la ‘Farc-política’, concretamente, para no ir tan lejos y en relación con la sentencia ya ejecutoriada de Yidis Medina”.
Audio #4 Jaime Arrubla
“Estamos hablando de conveniencias, no lo olviden. Pues el otro sistema es que el Presidente mande una terna, también perverso. Porque, obviamente, no va a desaprovechar la oportunidad para mandar tres amigos que medio le acomoden el entuerto”.
Son muchas las pruebas y los hechos que permiten afirmar que las condenas contra los exfuncionarios del presidente Uribe se derivan de una persecución politica por las vías juridicas y no una acción legitima de la justicia carcomida por intereses criminales, como ocurrió recientemente cuando se la jugaron a fondo para facilitar el escape del narcotraficante Jesús Santrich o cuando proceden con interceptaciones ilegales con el propósito de conducir al líder del Centro Democrático a la cárcel. El Cartel de la Toga está más vigente que nunca.
