Por: Paola Holguín
En 2006, la Comisión de la Verdad conformada por la Corte Suprema de Justicia para investigar lo sucedido en la toma terrorista del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 por parte del M-19, dio a conocer un extenso informe en el que aseguró haber hallado evidencia indicativa de que la misma fue posible gracias a un acuerdo entre dicho grupo guerrillero y Pablo Escobar, quien aportó dos millones de dólares para llevar a cabo tan bárbara acción criminal.
De acuerdo con la Comisión, entre el cartel de Medellín y el M-19 se fraguó una asociación ilícita previa, para llevar a cabo acciones terroristas desde épocas de la comandancia de Iván Marino Ospina, padre del actual alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina: “53. Iván Marino Ospina, antes y después de su expulsión como jefe máximo del M-19, sostuvo hasta su muerte, ocurrida en agosto de 1985, estrecha amistad y unidad de acción con Pablo Escobar, y era el único autorizado por el movimiento subversivo para conversar con él.
Como comandante del M-19, Ospina coincidió con miembros del Cartel de Medellín en afirmar que por cada colombiano extraditado sería asesinado un ciudadano estadounidense en Colombia (…)
55. A mediados de 1985 vuelven a reunirse miembros del M-19 con Pablo Escobar, y al suceder Álvaro Fayad a Ospina en la dirección del M-19, continuaron las actuaciones conjuntas de ambas organizaciones delictivas.
56. John Jairo Velásquez Vásquez, apodado “Popeye”, declaró a la Comisión de la Verdad que su “patrón” Pablo Escobar pagó al M-19 inicialmente dos millones de dólares por la toma del Palacio de Justicia, entregándoselos a Iván Marino Ospina, pero que no sabe lo que finalmente sucedió con ese dinero.”
Han pasado casi cuatro décadas desde aquel infame ataque a la institucionalidad colombiana, y no hay duda de que nuestra actual realidad política ha superado con creces los más delirantes y utópicos sueños de Escobar.
Gustavo Petro, en menos de dos meses de gobierno, ha dado cuenta del alcance de lo que parece haberse pactado en La Picota con los extraditables: anunció un cambio de rumbo a la política de cooperación en la lucha contra el narcotráfico con los Estados Unidos, que incluye la no extradición de narcotraficantes, prohibió la erradicación forzada de cultivos ilícitos, promueve con su bancada en el Congreso de la República la despenalización de los cultivadores de coca, así como la legalización de la droga, sumado a que en su proyecto de “acogimiento de bandas delincuenciales” les ofrece penas de prisión ínfimas a sus capos (libertad para el resto de sus miembros) y la posibilidad de que se queden con el 10% del patrimonio ilícito que declaren.
Pero una cosa es pretender legalizar el negocio y otra tratar de minimizar los nocivos efectos de la droga. Su convicción y, lo que parece ser su compromiso con los criminales que apoyaron en todo el país su aspiración presidencial, lo han llevado a emprender una escandalosa cruzada internacional a favor de la legalización.
En agosto, en el marco de la reunión del Consejo Presidencial Andino, Petro invitó a sus homólogos a replantear la lucha contra el narcotráfico y, hace apenas unos pocos días, ante la Asamblea de la ONU afirmó que el petróleo y el carbón son más nocivos que la cocaína. «¿Qué es más venenoso para la humanidad: la cocaína, el carbón o el petróleo?
El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis. En cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad»
Doloroso que el Jefe de Estado de un país martirizado por el narcotráfico, se atreva a afirmar que energéticos como el carbón y el petróleo son más peligrosos que la cocaína; a partir de los que hemos visto y escuchado de Petro, podemos afirmar que ni Escobar se hubiera atrevido a tanto.
