Por: Rafael Nieto Loaiza
La mesa directiva del Senado de la República otorgó la Orden del Congreso a Patricia Linares, expresidente de la JEP.
La resolución de otorgamiento tiene tres breves considerandos donde se justifica la condecoración. En ellos hacen un resumen de la hoja de vida de Linares. En el segundo, sostienen que fue “miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y participó en la elaboración de la Constitución Política de 1991”. Es absolutamente falso. Nunca fue constituyente. Linares no desmintió ni pidió corrección de la resolución.
Para más ironía, la condecoración le fue entregada a Linares el diez de diciembre, día internacional de los derechos humanos. En la ceremonia participaron algunos de los senadores que solicitaron la condecoración y también Griselda Lobo, conocida con el alias de Sandra Ramírez, compañera de Tirofijo.
Una foto de Ramírez y Linares juntas en la condecoración se regó como pólvora en las redes y generó una fuerte polémica. La JEP, en defensa de su expresidente, publicó un trino que decía que «rechaza el uso de imágenes manipuladas. Pongámosle altura al debate” y puso la foto que se publicaba en redes, sosteniendo que era un fake, junto con otra en que aparecían más senadores, diciendo que esa era la foto real. La afirmación de que la foto fue manipulada es mentirosa y no tiene ningún sustento. No fue alterada. De hecho, fue publicada por la misma Ramírez en Twitter.
Han afirmado también que tergiversan quienes sostienen que los bandidos condecoraron a su juez. Como dije, con independencia de quienes hayan solicitado la distinción, la concesión la hace la mesa directiva del Senado, de la que Ramírez es segunda vicepresidente a nombre de las Farc. No tiene presentación alguna que las Farc, a través de su senadora, hayan participado en la condecoración y es intolerable que Linares lo haya permitido. No es aceptable que quienes deben ser juzgados condecoren a su juez y es abiertamente contrario a la ética que ese juez acepte que quienes son objeto de su jurisdicción participen en el galardón que se les otorga. Hay que recordar que Linares, aunque ya no preside el tribunal, sigue siendo magistrada.
Y hay que resaltar que aquello de que la mujer del César no solo debe ser honesta sino parecerlo es aún más necesario en materia de justicia. En especial con los antecedentes de la JEP: un tribunal diseñado por los comandantes de las Farc, condenados múltiples veces por los crímenes más abominables por la justicia ordinaria, y que, además, escogieron a quienes nombrarían a los jueces que lo integran y aseguraron que no pagarían penas privativas de la libertad por sus delitos; diez curules regaladas en el Congreso (sacaron 52.532 votos, el 0,34% del total para el Senado y el 11% de lo que los demás partidos necesitaron para alcanzar el umbral para tener representación) y en las que están apoltronados aunque nos aseguraron que no accederían a ellas sin antes pagar sus “penas alternativas”; serísimos problemas de corrupción, como el del fiscal Bermeo, atrapado recibiendo dinero, y enfrentamientos por burocracia y contratos entre su secretaría general y Patricia Linares, la ahora condecorada, por el nombramiento de los 873 cargos de la jurisdicción. Para rematar, desde su creación en marzo de 2017 y después de haberse gastado un millón de millones de pesos, hasta hoy no ha habido ni una sola sentencia de fondo y la única decisión relevante ha sido la de impedir la extradición del mafioso Santrich.
Con esos precedentes y sabiendo como saben que la mayoría de colombianos está convencida de que su trabajo es dejar en la impunidad los crímenes internacionales de las Farc, lo mínimo que habría de esperar de los magistrados de la JEP es que guardaran las apariencias. Pero no, van a retratarse sonrientes con aquellos a los que juzgan, en un acto no solo repugnante sino ofensivo y provocador con las víctimas que ven como sus victimarios no solo no pagarán por sus delitos sino que festejan con quienes deberían juzgarlos. Esa foto es una bofetada, una risa burlona en la cara de todos los colombianos y, en particular, de quienes sufrieron en carne propia sus crímenes.
Los áulicos del pacto han salido en gavilla a sostener que quienes criticamos estas desvergüenzas atacamos el proceso de paz. Falso también. Es al revés. La paz nunca podrá construirse desde la injusticia, la impunidad y el desconocimiento de los derechos de las víctimas.
Para rematar, Eduardo Cifuentes, el nuevo presidente de la JEP ha salido a decir que «la JEP está sobre la roca más fuerte […] nadie puede derogarla” y alega que en el acuerdo de paz el Estado se comprometió con la comunidad internacional. Todo mentiras. Ocurre que el pacto no fue de Estado sino de gobierno, que fue rechazado por las mayorías en el plebiscito y perdió toda legitimidad, y que pretender darle carácter de tratado internacional es una grosera barbaridad que no tiene asidero ninguno. Y que en la Constitución no hay absolutamente nada que el pueblo no pueda tocar. Hoy más que nunca, el referendo es una necesidad.
