Por: Paola Holguín
La situación en la ciudad de Medellín, cada día es más compleja. La administración de Daniel Quintero está destruyendo todo a su paso, la confianza, la institucionalidad, las empresas, los programas y todo lo que con el esfuerzo de millones de antioqueños hemos construido por décadas.
Medellín, otrora ciudad modelo de Colombia y América Latina, que se caracterizaba por el trabajo armónico entre los sectores público, privado y la academia, hoy ve como las mentiras, los insultos y las amenazas debilitan la institucionalidad y erosionan el trabajo conjunto.
Quintero hizo campaña con mentiras y ataques permanentes contra la clase política, empresarial y las entidades de nuestra ciudad, y así gobierna. Su obsesión parece ser acabar con lo que hemos construido generando desconfianza, odios y divisiones.
Esta semana, EPM fue nuevamente el blanco de Quintero, digo nuevamente, porque su administración acabó el buen gobierno corporativo de la empresa, ha llevado a renuncias y politización de cargos antes técnicos, obligó a la renuncia en pleno de la Junta Directiva y en menos de dos años lleva cuatro gerentes -el último en vilo con nulidad en primera instancia-.
Las declaraciones del Alcalde de Medellín dejan claro que su única meta es cambiar los contratistas de Hidroituango y torpedear el pago de las aseguradoras, así con eso ponga en riesgo la obra, a EPM y miles de empleos en la ciudad.
Como lo hemos repetido hasta el cansancio, el cambio de contratistas a estas alturas de la obra, llevaría a un retraso que tiene como consecuencias el riesgo de la seguridad energética de Colombia (Hidroituango representa el 17%); multas billonarias por no entrada en operación de las dos turbinas en 2022; potenciales incrementos de las tarifas y posible racionamiento a partir de diciembre de 2022; inestabilidad de la obra por paso permanente del Cauca por el vertedero, que no es su función original, lo que conlleva riesgo para las más de 120 mil familias que habitan aguas abajo; potencial liquidación de siete empresas líderes de la ingeniería colombiana y pérdida de unos 20 mil empleos; además de las pérdidas económicas para los ahorradores de fondos de pensión que están invertidos en acciones de Conconcreto (más del 20% de la empresa está en manos del retail) y potenciales sobrecostos y retrasos en los proyectos de infraestructura en los cuales participan las compañías investigadas, entre otros, Tercer Carril Bogotá Girardot, Doble Calzada Medellín – Aeropuerto, troncal Transmilenio 68 y troncal Transmilenio Soacha, varios patios de alistamiento de Transmilenio, ciclovía 116 y Ruta del Sol, que representan una inversión aproximada de más de 7 billones de pesos.
Es difícil entender, porqué se está bloqueando la posibilidad de que el seguro todo riesgo en construcción y lucro cesante, paguen. A la fecha, la compañía de seguros ha efectuado pagos por USD$350 millones a EPM, con la generación de la primera turbina se activa el pago de la cobertura de lucro cesante, que asciende a USD$450 millones (esto solo si el proyecto genera en el 2022), y se estima que aún faltan por pagar cerca de USD$300 millones por daños que están en trámite con los ajustadores. Con la totalidad de estos pagos se cubren las pretensiones del daño fiscal, entonces ¿qué hay detrás?
