Por: José Félix Lafaurie Rivera
Como si no fuera suficiente la impunidad de la JEP, los acuerdos entre el Gobierno y bandas criminales no son apenas un escándalo más, sino la evidencia de que la “Paz Total” escondía un plan de “Impunidad Total”, con normas para minar la justicia y favorecer criminales que compartían tarima con el Gobierno.
Por esa razón, María Fernanda Cabal acudió a la Corte Constitucional para demandar la Ley 2272 de 2022, mal llamada de “Paz Total”, por sus vicios de trámite y por las facultades inconstitucionales que le otorgó al Ejecutivo.
Los vicios de trámite fueron de bulto. La Ley nació en una plenaria casi clandestina, pasada la medianoche y citada con quince minutos de antelación, para forzar una conciliación que, además de omitir el concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, desconocía lo votado en Cámara, que negaba unas facultades exorbitantes e inconstitucionales al Ejecutivo.
Tales facultades diluyeron la diferencia entre negociación política y sometimiento a la justicia, aunque, si me preguntan, ya no debería existir sino la segunda, porque ningún grupo armado dedicado al narcotráfico –y todos lo están– merece acceder a negociación política.
El último intento, en el cual inclusive participé, fue con el ELN, pero ya está bien, pues hace años que en Colombia no existen realmente “organizaciones insurgentes”, y no podemos repetir la vergüenza de la entrega del Estado de Derecho que permitió Santos en las negociaciones con las Farc, con asalto a la democracia incluido por el desconocimiento del plebiscito. De otra parte, la Ley 2272 más parece un manual práctico para sacar bandidos de las cárceles a negociar la paz mientras hacen la guerra.
De ahí la importancia de que esa norma sea declarada inexequible, para lo cual la Corte Constitucional, sin abandonar su consideración “en abstracto” frente al texto de la Carta, debería mirar también nuestra realidad “concreta” de violencia y la urgencia de perseguirla con efectividad. Cabe recordar que, en su momento (2023), la Procuraduría le solicitó declarar la inexequibilidad total.
Abora bien, el presidente electo, como responsable de la política de paz, anunció la suspensión de negociaciones y la derogatoria de las providencias de suspensión de órdenes de captura, con lo cual, en la práctica, la Ley de “Impunidad Total” se caería por sustracción de materia.
Sin embargo, una sentencia de inexequibilidad sería un claro mensaje social de que la Ley, como expresión del Orden en nuestro escudo y norma máxima de convivencia, no responde solo a manipulados procesos legislativos y exámenes de constitucionalidad en abstracto, sino a la realidad, expectativas y angustias de los ciudadanos.
Porque, además, en nuestro caso de crónica violencia, ese ciudadano que la cumple, también espera que la ley lo defienda de quienes no la acatan.
N.B.: Timochenko impune en España… sin comentarios.
