Por: Alejandro Ramírez.
Comienzo esta columna saludando el fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de tutela, el cual ha dejado el caso Dylan Cruz en la justicia Penal militar y policial. Ha quedado demostrado el rigor jurídico en la argumentación del juez de policía al frente de este proceso, como lo hizo ante el Consejo Superior de la Judicatura. Esperamos, para la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública y la transparencia que espera la sociedad, una instrucción fuera de todas las presiones, con el debido rigor profesional y que deje en alto la calidad del capital humano en la justicia penal militar y policial colombiana.
Entrando en materia en el título de la columna, debo manifestar que sentí gran dolor al ver el cruel y despiadado ataque en contra de nuestra fuerza pública, en su misión de conservar el orden en las jornadas convocadas a partir del 28 de abril, opacadas por el vandalismo e inconsecuente destrucción. Sindicatos, gobernantes locales y regionales no solo jugaron con la vida de quienes alentaron a movilizarse, sino con la vida de los miembros de nuestra Policía Nacional. Este pulso peligroso que plantearon, ayer le causó la muerte al director de la SIJIN de Soacha, Capitan Jesús Alberto Solano Beltrán, quien intentaba evitar el saqueo de un cajero por una turba de vándalos, como vimos en tantos videos el saqueo de instituciones financieras y cajeros electrónicos. Similares turbas atentaron contra la vida de los miembros del ESMAD en varias ciudades del país; quemaron patrullas de la policía y arremetieron a golpes contra ellos, como lo han narrado varios agentes de la policía entrevistados, muchos de ellos pensaron que no volverían a ver a sus familias. Los últimos reportes hablan de 209 policiales heridos.
No me cabe duda que el único camino para revertir esta pesadilla, es la de garantizar la seguridad jurídica a los miembros de la fuerza pública: se recuperaría su respetabilidad, su honor y con ellos, la seguridad y defensa de la Nación. Como ex director de la justicia penal militar y policial, pude advertir cómo en el cumplimiento de su misión, muchos agentes de policía quedan por fuera de su carrera al sobrevenir las investigaciones como consecuencia de los operativos del orden público, viendo truncadas sus expectativas de permanencia y ascenso en la institución y, por esta vía, muchos prefieren evadir el cumplimiento del deber. Por ello, son héroes quienes, sin importar estos infortunios, encaran su misión y en casos más severos y complejos, como el que afrontó el Capitan Solano, con el sacrificio de su vida. Pero no podemos seguir dejando a nuestros agentes de la seguridad y el orden a la deriva de las intenciones desestabilizadoras de vándalos, quienes bajo las órdenes y la instrucción de milicianos, escalaron al estadio operacional urbano, al mejor estilo de los colectivos chavistas.
Antes de la contante amenaza con “marchas” por parte de Gustavo Petro, fue Juan Manuel Santos quien justificaba la necesidad de la firma bajo las amenazas de las farc de pasar a la guerra urbana si fracasaba el proceso de paz. Planes que conocían los organismos de inteligencia colombianas. Y claro, este escalamiento del teatro operacional urbano, ha venido aparejado de una narrativa que criminaliza el accionar de nuestra Policía Nacional, especialmente al ESMAD. Ya hemos asistido a esa guerra jurídica y mediática asimétrica, cuya finalidad es infundir inseguridad en la fuerza pública a la hora de los operativos más sensibles del orden público, y como consecuencia, los ciudadanos quedamos desprotegidos. Por esta razón, debemos permitirle a los miembros de la fuerza pública el acceso a la justicia con funcionarios judiciales que conozcan la especialidad de sus operaciones, imparciales, desprovistos de sesgos.
Contrario a la trivialización de algo tan grave como el contagio con COVID, en una publicación que hiciera Gustavo Petro en la red social Twitter previo a la jornada del 28 de abril: “No quieren aglomeraciones? Fácil: retiren la reforma tributaria”, reconocemos en la reforma tributaria un ingrediente adicional, si se quiere un pretexto, para sumar a la convocatoria marchantes inadvertidos, que encubrieran la avalancha de hurtos, daños, y asesinatos, en un cálculo frío y premeditado, que buscaba reeditar la ola de vandalismo de noviembre de 2019. No me cabe duda, que los sindicatos, así como los gobernantes locales y regionales, no lamentarán haberlos convocado durante la ola más letal que ha alcanzado esta pandemia del COVID en Colombia, cuando hemos sobrepasado las 500 muertes en un solo día. Al fin y al cabo, no se harán responsables de quienes por este hecho se contagien con el virus.
Reconociendo que la reforma tributaria fue un pretexto fuerte para sumar marchantes, se debe actuar con sabiduría advirtiendo la situación de orden público que traíamos antes de la pandemia y la que ha sobrevenido por la misma, agravando situaciones sociales de las que se alimenta el populismo: “no se debe atizar el fuego con más leña.”
