Por: Fernando Torres Mejía
El colapso de proyectos vitales para el Valle del Cauca como el Tren de Cercanías, la vía Mulaló-Loboguerrero, la profundización del canal de Buenaventura y el agua potable para sus habitantes no es un simple incumplimiento; es el síntoma de un mal que corroe el desarrollo nacional. Este abandono refleja la peor de nuestras tradiciones políticas: la discontinuidad institucional, ahora agravada por el revanchismo que caracteriza a la administración Petro.
Con cada cambio de gobierno, los caprichos personales y las rencillas reemplazan el interés general, imponiendo la nefasta lógica del «borrón y cuenta nueva». El resultado es un país en retroceso perpetuo, donde se desmontan avances, se sepultan estrategias y se sacrifica el futuro nacional en el altar de la pugna política. Colombia tiene Planes Nacionales de Desarrollo, como el actual «Colombia Potencia Mundial de la Vida» (2022-2026), pero estos son sexenales y dependen de la voluntad de cada gobernante, no de una visión de Estado. Incluso el Marco de Cooperación que Colombia suscribió con Naciones Unidas para el periodo 2024-2027 apunta en la dirección correcta con sus cinco ejes de transformación, pero ese instrumento es de solo cuatro años y carece del blindaje constitucional que aquí se propone.
Frente a esta realidad, surge una propuesta que, lejos de ser utópica, es una necesidad urgente: la implementación de un Plan Marco de Desarrollo Integral Sustentable (PMDIS), un proyecto de nación a 30 años que trascienda los ciclos políticos de cuatro años. La viabilidad de esta iniciativa no es una mera especulación; está respaldada por la experiencia de naciones que han logrado transformar su destino mediante la planificación a largo plazo. Singapur, con su «Concept Plan» revisado cada 10 años; Finlandia, con su sistema de planificación que trasciende gobiernos; y Alemania y Canadá, con sus marcos de visión de largo plazo, demuestran que el desarrollo no es un accidente, sino el resultado de una visión persistente.
El denominador común de estos casos de éxito radica en pilares fundamentales: instituciones de planificación independientes, acuerdos multipartidistas sólidos, participación ciudadana estructurada y, crucialmente, un blindaje constitucional que otorga permanencia a las estrategias nacionales por encima de los vaivenes ideológicos. Colombia puede y debe aprender de estas lecciones.
El objetivo central de este Plan Marco es tan ambicioso como necesario: establecer legal y constitucionalmente una hoja de ruta de obligatorio cumplimiento, monitoreada por criterios técnico-científicos, para garantizar el desarrollo sostenido. Su ejecución se despliega en cinco ejes estratégicos que conforman el esqueleto de esta nueva gobernanza. El primero es el blindaje y la continuidad de la política pública. Se propone una reforma constitucional mediante un Acto Legislativo que no solo haga obligatorio el PMDIS, sino que establezca un marco normativo que penalice legalmente a cualquier mandatario que, careciendo de una justificación técnica y científica verificada, altere o desmonte proyectos estratégicos por meras razones políticas.
Se trata de proteger «políticas de Estado» y «proyectos estratégicos nacionales» del capricho político. El segundo pilar es la creación del Observatorio de Desarrollo de Largo Plazo (ODLP), concebido como el «guardián técnico» del plan. Esta entidad, autónoma e independiente, estaría compuesta por expertos no partidistas de la academia, los gremios y la comunidad científica, seleccionados por méritos y con períodos fijos no alineados con los gobiernos de turno. Dotada de autonomía presupuestal y adscrita al Departamento Nacional de Planeación con independencia técnica, similar a la que hoy tiene el Banco de la República, su función sería emitir conceptos técnicos vinculantes, ejercer un veto técnico sobre decisiones que contravengan el plan y articular su implementación en todas las ramas del poder público.
No puede haber desarrollo sin estabilidad, ni estabilidad sin una lucha frontal contra la corrupción, que constituye el tercer eje. Esto exige medidas drásticas, tramitadas en una ley independiente, que incluyan un paquete de sanciones extremas: cárcel efectiva sin privilegios, muerte política definitiva, extinción de dominio de todos los bienes y la pérdida de cualquier derecho a pensión para los condenados. Es un prerrequisito moral y práctico.
El cuarto eje es la construcción de un consenso nacional. La convocatoria de una Asamblea Nacional de Largo Plazo, con representación vinculante de todos los sectores (gobierno, oposición, sector privado, academia y sociedad civil), es el mecanismo para cimentar este pacto. En este foro se deberán analizar con pragmatismo principios de éxito probados, desde el liberalismo económico hasta sistemas fiscales progresivos, siempre adaptados a nuestro contexto.
Finalmente, el quinto eje reconoce que todo cambio estructural requiere una transformación cultural y educativa. Se necesita una estrategia nacional de cultura ciudadana que inculque la valoración de lo público y la incorporación en las mallas curriculares de la educación en planificación nacional y ética pública, sembrando así la semilla del pensamiento a largo plazo en las nuevas generaciones.
La implementación de esta visión requiere una estrategia normativa integral. Una reforma constitucional es la prioridad, seguida de una Ley Marco de Planificación y una Ley Anticorrupción independiente. Sin embargo, para garantizar su viabilidad, es crucial abordar consideraciones prácticas. La autonomía presupuestaria del ODLP debe estar explícitamente respaldada por la Constitución para evitar su asfixia financiera. La participación ciudadana debe implementarse mediante un «Parlamento Abierto» robusto, con canales digitales y presupuesto asignado, y la meritocracia en la designación de cargos técnicos debe estar blindada contra los conflictos de interés.
El Presupuesto Nacional 2026, que asciende a 547 billones de pesos, evidencia la magnitud de recursos que están en juego, y precisamente por eso se requiere que esos dineros se inviertan en proyectos de largo plazo y no en vaivenes políticos. Justamente en este momento de transición, en vísperas del nuevo gobierno que ya está trabajando en sus proyecciones de crecimiento, es el momento para sellar un pacto que trascienda los cuatro años.
En última instancia, este Plan Marco no es un documento técnico más; es un pacto intergeneracional. Es la oportunidad histórica de que Colombia supere el cortoplacismo y se encamine hacia la prosperidad sostenible. El momento es ahora. En vísperas de nuevos ciclos electorales y de la próxima instalación del gobierno de Abelardo de la Espriella, debemos exigir a los candidatos y a los partidos que se comprometan con una iniciativa que trasciende ideologías y pone a Colombia por encima de intereses particulares.
El futuro no puede esperar otros treinta años. Colombia ya ha mostrado que puede planificar, como lo demuestra el Marco de Cooperación con Naciones Unidas, pero ese es apenas un primer paso. Lo que aquí se propone es darle a esa planificación la fuerza de una política de Estado. El país que no planifica su futuro está condenado a repetir su pasado; por eso este es el momento de romper ese ciclo con la urgente necesidad de un Plan Marco de Desarrollo Integral Sustentable para Colombia.
La urgente necesidad de un Plan Marco de Desarrollo Integral Sustentable para Colombia
El colapso de proyectos vitales para el Valle del Cauca (Tren de Cercanías, vía Mulaló-Loboguerrero, profundización del canal de Buenaventura y agua potable) no es un simple incumplimiento; es el síntoma de un mal que corroe el desarrollo nacional. Este abandono refleja la peor de nuestras tradiciones políticas: la discontinuidad institucional, agravada por el revanchismo que caracteriza a la administración Petro, entre otros.
Con cada cambio de gobierno, los caprichos personales y las rencillas reemplazan el interés general, imponiendo la lógica del «borrón y cuenta nueva». El resultado es un país en retroceso perpetuo, donde se desmontan avances y se sacrifica el futuro nacional en el altar de la pugna política. Colombia tiene Planes Nacionales de Desarrollo, como el actual «Colombia Potencia Mundial de la Vida» (2022-2026), pero son cuatrienales y dependen de la voluntad de cada gobernante, no de una visión de Estado. Incluso el Marco de Cooperación con Naciones Unidas (2024-2027) apunta en la dirección correcta con sus cinco ejes de transformación, pero es un instrumento de solo cuatro años y carece del blindaje constitucional que aquí se propone.
Frente a esta realidad, surge una propuesta necesaria y urgente: la implementación de un Plan Marco de Desarrollo Integral Sustentable (PMDIS), un proyecto de nación a 30 años que trascienda los ciclos políticos. Su viabilidad está respaldada por la experiencia de naciones que han transformado su destino mediante la planificación a largo plazo. Singapur, con su «Concept Plan» revisado cada 10 años; Finlandia, con su planificación que trasciende gobiernos; y Alemania y Canadá, con sus marcos de visión de largo plazo, demuestran que el desarrollo no es un accidente, sino el resultado de una visión persistente.
El denominador común de estos casos de éxito radica en pilares fundamentales: instituciones de planificación independientes, acuerdos multipartidistas sólidos, participación ciudadana estructurada y, crucialmente, un blindaje constitucional que otorga permanencia a las estrategias nacionales por encima de los vaivenes ideológicos. Colombia puede y debe aprender de estas lecciones.
El objetivo central del PMDIS es establecer constitucionalmente una hoja de ruta de obligatorio cumplimiento, monitoreada por criterios técnico-científicos, para garantizar el desarrollo sostenido. Su ejecución se despliega en cinco ejes estratégicos. El primero es el blindaje y la continuidad de la política pública. Se propone una reforma constitucional mediante Acto Legislativo que no solo haga obligatorio el PMDIS, sino que penalice a cualquier mandatario que, sin justificación técnica verificada, altere o desmonte proyectos estratégicos por razones políticas. Se trata de proteger las «políticas de Estado» del capricho político.
El segundo pilar es la creación del Observatorio de Desarrollo de Largo Plazo (ODLP), concebido como el «guardián técnico» del plan. Esta entidad, autónoma e independiente, estaría compuesta por expertos no partidistas de la academia, los gremios y la comunidad científica, seleccionados por méritos y con períodos fijos desalineados de los gobiernos de turno. Dotada de autonomía presupuestal y adscrita al DNP con independencia técnica similar a la del Banco de la República, su función sería emitir conceptos vinculantes, ejercer veto técnico y articular la implementación del plan en todas las ramas del poder público.
El tercer eje es la lucha frontal contra la corrupción, condición indispensable para la estabilidad. Exige medidas drásticas, tramitadas en una ley independiente, que incluyan un paquete de sanciones extremas: cárcel efectiva sin privilegios, muerte política definitiva, extinción de dominio de todos los bienes y pérdida de cualquier derecho a pensión para los condenados. Es un prerrequisito moral y práctico.
El cuarto eje es la construcción de un consenso nacional mediante la convocatoria de una Asamblea Nacional de Largo Plazo, con representación vinculante de todos los sectores (gobierno, oposición, sector privado, academia y sociedad civil) para cimentar este pacto. En este foro se deberán analizar con pragmatismo principios de éxito probados, desde el liberalismo económico hasta sistemas fiscales progresivos, siempre adaptados a nuestro contexto.
El quinto eje reconoce que todo cambio estructural requiere una transformación cultural y educativa. Se necesita una estrategia nacional de cultura ciudadana que inculque la valoración de lo público y la incorporación en las mallas curriculares de la educación en planificación nacional y ética pública, sembrando así la semilla del pensamiento a largo plazo en las nuevas generaciones.
La implementación requiere una reforma constitucional como prioridad, seguida de una Ley Marco de Planificación y una Ley Anticorrupción independiente. La autonomía presupuestaria del ODLP debe estar respaldada constitucionalmente para evitar su asfixia financiera. La participación ciudadana debe implementarse mediante un «Parlamento Abierto» robusto, con canales digitales y presupuesto asignado, y la meritocracia en la designación de cargos técnicos debe estar blindada contra los conflictos de interés.
El Presupuesto Nacional 2026, que asciende a $547 billones de pesos, evidencia la magnitud de recursos en juego y la urgencia de que se inviertan en proyectos de largo plazo, no en vaivenes políticos. En este momento de transición, en vísperas del nuevo gobierno que ya trabaja en sus proyecciones de crecimiento, es el momento para sellar un pacto que trascienda los cuatro años.
Este Plan Marco no es un documento técnico más; es un pacto intergeneracional, la oportunidad histórica de que Colombia supere el cortoplacismo y se encamine hacia la prosperidad sostenible. En vísperas de nuevos ciclos electorales y de la próxima instalación del gobierno de Abelardo de la Espriella, debemos exigir a los candidatos y partidos que se comprometan con una iniciativa que trasciende ideologías y pone a Colombia por encima de intereses particulares. El futuro no puede esperar otros treinta años.
Colombia ya ha mostrado que puede planificar, como lo demuestra el Marco de Cooperación con Naciones Unidas, pero ese es apenas el primer paso. Lo que aquí se propone es darle a esa planificación la fuerza de una política de Estado. El país que no planifica su futuro está condenado a repetir su pasado; por eso este es el momento de romper ese ciclo con “la urgente necesidad de un Plan Marco de Desarrollo Integral Sustentable para Colombia”.
