Por: Jair Peña Gómez
La invasión de Ceuta a finales de julio no fue un hecho aislado y mucho menos improvisado. El cruce de más de 60.000 personas en un día requiere de una logística, organización y conocimiento previo de tal envergadura que se debe descartar de tajo la espontaneidad. Mi tesis es que este evento fue auspiciado, promovido o, cuando menos, permitido por el gobierno marroquí, siguiendo la lógica geopolítica de alterar la composición demográfica de los enclaves para reclamarlos como propios.
El argumento se basa en la proximidad geográfica, pero el Derecho Internacional respalda la soberanía española. Recordemos que Ceuta fue conquistada por Portugal en el año 1415 y luego pasó a la Corona española en 1580, con ratificación formal en el Tratado de Lisboa de 1668; Melilla se integró a Castilla en 1497, casi dos siglos antes de que la dinastía alauí unificara el Marruecos contemporáneo. La ONU no incluye estas ciudades en sus listas de territorios pendientes de descolonización, reconociéndolas como jurisdicción interna de España.
No obstante, la demografía es un campo de batalla oscuro y silente. Los servicios de inteligencia españoles ya advertían en 2005 que la población musulmana —en su mayoría de origen marroquí— sería mayoría en Ceuta y Melilla en el plazo de una década. En Ceuta se estimaban entonces unos 27.000 musulmanes sobre 71.500 habitantes; en Melilla, 26.400 sobre 66.400. Los informes militares catalogaban este cambio como un elemento de «vulnerabilidad» para la soberanía española.
La estrategia de Rabat, consciente de que una reclamación territorial directa no prosperará en los tribunales internacionales, apuesta por el hecho demográfico como instrumento de presión. Si la población de los enclaves es mayoritariamente de origen marroquí —y en muchos casos con vínculos familiares— el argumento de la «marroquinidad» de Ceuta y Melilla gana legitimidad.
Como señaló un informe del CNI, se teme que «la población musulmana mayoritaria se utilizará para lograr la soberanía». No es casualidad que el propio gobierno de Ceuta reconociera que «de esa comunidad sólo un 40% es proespañol declarado», mientras que un 10% era claramente «promarroquí».
La percepción de vulnerabilidad ha llevado al permisivo gobierno de Pedro Sánchez a desplegar el ejército y anunciar barreras flotantes, pero cabe reiterar que la verdadera partida se juega en el censo y en la identidad de la población.
Esta no es una crisis más, es la consolidación de un método usado por Rabat: el flujo migratorio masivo como arma de presión diplomática, injerencia política y posesión territorial.
La laxitud política del PSOE frente a la inmigración ilegal no es un gesto progresista y humanitario, sino que es, con todas sus letras, negligencia estratégica. El verdadero riesgo no es que Ceuta y Melilla se llenen de inmigrantes en unas pocas horas, sino que esto se convierta en un mecanismo habitual de coacción.
Si Marruecos logra alterar el censo de manera sostenida, su reclamación territorial será un hecho consumado. No necesitará ganar una guerra militar o un juicio internacional; le bastará con tener mayorías en el padrón municipal.
No huelga decir que la amenaza va más allá de Ceuta y Melilla. La islamización progresiva de la sociedad española —impulsada por la inmigración masiva y descontrolada de países de mayoría musulmana— es un hecho preocupante no únicamente desde una perspectiva cultural o social, sino también estratégica. Una población que no comparte los valores, la historia ni la identidad nacional del país que la acoge es una población más permeable a influencias externas, menos leal a las instituciones y más susceptible de ser instrumentalizada por potencias rivales.
La diáspora marroquí en España —que supera el millón de personas— constituye un activo geopolítico de primer orden. No es casualidad que desde el Dar al-Majzén se haya fomentado durante décadas políticas de extensión de su soberanía cultural y religiosa sobre los ciudadanos marroquíes en el extranjero, manteniendo vivos los vínculos con su país de origen.
Si a ello sumamos que muchas de las personas que cruzan la frontera no son refugiados en sentido estricto, sino jóvenes en edad militar y reproductiva, el panorama se torna aún más inquietante. No se trata de una migración por asilo o pobreza extrema; se trata de una migración pensada, facilitada y permitida por un país que sabe exactamente lo que está haciendo.
España no puede permitirse el lujo de normalizar esta situación. La integridad territorial no se negocia, ni se pone en manos de la buena voluntad de un vecino. La historia demuestra que las concesiones territoriales —por pequeñas que parezcan— crean dinámicas irrefrenables que conducen a la pérdida de soberanía.
El precedente de Gibraltar, o los constantes desafíos de Marruecos en las aguas del Sáhara Occidental, son espejos de cómo las reclamaciones persistentes, alimentadas por hechos consumados, terminan erosionando la posición jurídica del Estado afectado. El riesgo que se cierne sobre la madre patria no es hipotético. Se trata pues de un riesgo real, inminente y está ocurriendo ahora mismo. Madrid está a tiempo de revertir la situación. ¿Lo hará?
