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La nueva contingencia de Hidroituango

por El Expediente
agosto 9, 2021
en Opinión
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Por: Saúl Hernández Bolívar

Es muy atractiva la propuesta de la Gobernación de Antioquia de venderle la hidroeléctrica a las Empresas Públicas de Medellín.

En el sector público suelen hacerse negocios malos que arrojan pérdidas para el fisco con cargo a los contribuyentes, pero a veces surgen propuestas ingeniosas que se convierten en ganancias para el Estado y beneficios para la ciudadanía. Uno de esos casos es el de la compra del 51,4% de ISA por parte de Ecopetrol, donde el Estado recibirá una importante suma de dinero que, prácticamente, pasa de un bolsillo a otro, mientras la petrolera avanza en su camino de diversificación hacia las fuentes de energías limpias.

Sin embargo, un caso más elocuente es el enroque accionario que le está proponiendo la Gobernación de Antioquia a la Alcaldía de Medellín para que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) se queden con el 100% de Hidroituango a cambio no de dinero sino de un porcentaje equivalente de la empresa de servicios públicos domiciliarios más importante del país. Es decir, una banca de inversión establecería el valor de ese 52,88% que el departamento tiene en la hidroeléctrica y el valor completo de las EPM para así determinar a qué porcentaje de estas equivale la mitad de la central energética más grande del país.

Especulando un poco con las cifras, y sin tener en cuenta otras variables, si el Grupo EPM tiene activos totales por 63,8 billones de pesos y el costo final de Hidroituango será de 18,3 billones, los 9 billones mal contados de ese 52,88% que ofrece la Gobernación equivaldrían a alrededor del 13-15% de EPM, que es lo que pasaría a ser propiedad del Departamento de Antioquia en vez de recibir el dinero contante y sonante. ¿Y eso para qué?

Para empezar, con ello se evitarían las costosas demandas y reclamaciones entre el dueño mayoritario de la central (el Departamento) y el socio constructor (las EPM), en lo que se irán por el desagüe miles de millones de pesos. Tan solo los abogados deben estar frotándose las manos. Por otra parte, no puede dejarse de lado que esto implica también corregir una injusticia porque las EPM se lucran de las aguas de toda Antioquia, pero suelen hacer grandes inversiones por fuera del departamento y del país mientras muchos municipios antioqueños no cuentan con agua potable, alcantarillado energía eléctrica o gas. Con la participación accionaria del Departamento de Antioquia en la empresa de servicios, estas localidades ganarían visibilidad y una mayor opción de ver satisfechas sus necesidades.

En el mismo sentido, EPM le transfiere cada año a su único propietario, el Municipio de Medellín, cuantiosos recursos provenientes de sus notables ganancias (1,4 billones en 2020), lo que aviva el gigantismo de la boyante capital frente a un departamento raquítico. Un hecho injusto porque el resto de los municipios donde EPM presta sus cotizados servicios, como los del área metropolitana, tampoco reciben un centavo; todo se lo traga la glotona capital antioqueña.

Como si fuera poco, el Departamento no se verá tan beneficiado con las ganancias de Hidroituango como se creería. Se considera que la central tendrá ingresos anuales por unos 7 billones y ganancias por unos 2 billones. Pero el contrato de construcción y operación contempla que EPM se quedará con las primeras ganancias y luego establecerá una tasa de remuneración para la sociedad Hidroituango, lo que no deja muy claro cuándo recibirá recursos la Gobernación ni en qué montos. En cambio, siendo socio de EPM con el 15%, transferencias como las del año anterior le significarían ingresos del orden de 200.000 millones anuales.

Dice el exgobernador Luis Pérez que él ya había realizado esa propuesta. Sí, y fue más vivo. En 2019, propuso que EPM se quedara con Hidroituango y le dieran al Departamento, por su 52,88%, una central hidroeléctrica de las que están en operación. No hubo respuesta. Ahora, EPM dice que le interesa el negocio, pero no a cambio de acciones porque eso dizque abriría la puerta de la privatización, lo que no es cierto. Mediante cláusulas se podría prohibir la venta de esas acciones a terceros y su devolución como único mecanismo para capitalizar esa participación. Y pagar en efectivo sería una onerosa carga para EPM, aunque un ingreso jugoso para la Gobernación, mientras dure.

En fin. A nadie se le ocurriría pensar que venga un gobernador a vender esas acciones, como a nadie se le pasa por la cabeza que la Gobernación de Antioquia venda el 50% que posee en el Metro de Medellín. Pero viniendo la propuesta de la administración de Aníbal Gaviria, en cuya Alcaldía las EPM feriaron casi 1.000 millones de dólares comprando a Aguas de Antofagasta (Chile), no sobran las reservas.

@SaulHernandezB

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