Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Todos a una, como en Fuenteovejuna, claman por un gran acuerdo nacional en el que participen todos los sectores, incluido, por supuesto, el comité del paro. Eso, en la teoría, suena muy bien para frenar hechos tan graves como los que vienen sucediendo. Es que los resultados de las tales “marchas pacíficas” saltan a la vista: caos, destrucción de bienes y del patrimonio cultural de la nación, vandalismo, saqueos; afectación grave de la propiedad privada, de la libre empresa, de la movilidad, de la libre circulación por el territorio nacional, del derecho al trabajo, de los servicios de salud y de la cadena alimentaria, poniendo en peligro la vida, la salud de las personas y los puestos de trabajo. Policías heridos. Además, amenazas de supuestos integrantes de las Farc para que los comerciantes cierren sus negocios so pena de someterlos a “consejos de guerra”, como lo denunció Fenalco.
La participación de la minga indígena, por otro lado, no deja de sorprender: mientras el ingreso a su territorio supone el sometimiento a sus leyes; mientras parten de la base de que la comisión de delitos por miembros de la misma debe ser sancionada, no por las autoridades instituidas para reprimir los delitos, sino por ellos mismos; mientras todo eso sucede -repito-, ahora se sienten con el derecho de salir de su territorio para cometer toda clase de desmanes, invadir la propiedad privada, bloquear las vías y perturbar el orden público. No les basta con los ingentes recursos que reciben del presupuesto nacional, pagados por nosotros, los contribuyentes, sino que vienen por más.
La gravedad de tales hechos es tal que al parecer un importante país recomendó a sus nacionales no viajar a Colombia. Y la visión que de los hechos replican organismos internacionales no es favorable al Gobierno, no obstante que tales organismos están ofreciendo, lamentablemente, una visión distorsionada que no le hace justicia al gobierno ni al país, pero que no ha podido ser contrarrestada.
Ciertamente, nada mejor que exista ese acuerdo y que todos en el barco rememos hacia el mismo norte. Que se demuestre la grandeza de nuestros dirigentes. Que se logre, a través de ese acuerdo, el establecimiento de un sistema equitativo, sostenible en el tiempo, que satisfaga el anhelo de tantos colombianos y que todos pongamos un grano de arena para hacer de nuestro país un país mejor. Que brille un nuevo sol y se recorra un nuevo camino más justo, equitativo e incluyente.
No obstante, en la práctica -no nos digamos mentiras-, ese maravilloso acuerdo es difícil de lograr. Los del comité del paro saben perfectamente que las marchas son ocasión para todo lo enunciado y, a pesar de ello, se mantienen en ellas y las convocan cada vez con mayor frecuencia. Y todos nos hemos percatado que detrás de las mismas se esconde una estructura jerarquizada de mando, que ordena cuándo y dónde atacar, que hace videos selectivos y los edita a conveniencia para publicarlos con el ánimo de dañar la imagen de la Policía y el accionar de las FFMM. Con otras palabras, que detrás del descontento social o a partir de este, existen grupos interesados en sacar provecho de la situación, sin escrúpulo alguno, anteponiendo sus intereses personales a los de la nación.
El gobernante, cualquiera que sea, no puede pecar por ingenuo. En esas circunstancias, no le queda al gobernante más remedio que actuar con toda firmeza y decisión, lo cual no significa, de ninguna manera, actuar con patente de corso para irrespetar o violentar los derechos humanos. Significa actuar sin temores, sin dejarse presionar por la visión sesgada y parcializada que está ofreciendo buena parte de la tribuna internacional, la cual no repara en que la Policía merece respeto, que el policía tiene que defenderse, que quienes agreden a los policías lo hacen con armas de diverso calibre y naturaleza, que el policía no solo debe prevenir sino reaccionar y que esta reacción no puede ser débil y timorata. Ya son muchos los policías heridos y la muerte de uno de ellos no mereció el repudio de esa tribuna internacional, la cual, en cambio, vuelve víctima a quien fallece en medio de los disturbios sin reparar en el prontuario y antecedentes de la persona.
El Gobierno debe enviar un mensaje firme y claro de apoyo y de defensa de la Policía y de las Fueras Militares, encaminado al restablecimiento del orden público, ya bastante diezmado. Si no lo hace y permite que el orden público continúe deteriorándose, no solo será visto -como ya lo ven muchos- como un gobierno timorato, sino, más allá de eso, como un gobierno que permitió la violación de los derechos fundamentales de la mayoría que no marchó. 40 millones de personas versus cuántos? 50.000? 100.000? 200.000? 300.000?
No estoy hablando de menospreciar el malestar social. De ninguna manera. La pobreza y la falta de oportunidades deben ser combatidas, para generar condiciones de desarrollo personal y profesional adecuadas. Lo que ocurre es que los hechos que están sucediendo, lejos de contribuir en ese propósito, lo agravan y perjudican. Y no solo eso: ponen en serio peligro las instituciones, la gobernabilidad, lo cual terminaría traduciéndose en el caos y el desajuste institucional con consecuencias previsibles pues no son otras que las que pueden apreciarse en un vecino país.
Es hora de restablecer el orden público a como dé lugar. Es hora de que no queden de lado los derechos de quienes son, en distintas formas, víctimas de la protesta y de las marchas violentas, no pacíficas. Si el gobierno no lo hace, pasará a la historia como ningún presidente quisiera pasar.
