Hay elecciones que se ganan o se pierden en las urnas. Hay otras que empiezan a definirse mucho antes, cuando un candidato decide hasta dónde puede llegar, con quién puede reunirse, cuánto puede gastar, qué puede decir y, en algunos territorios, incluso si puede sentirse seguro al hacerlo. Las elecciones territoriales de 2027 en el Valle del Cauca, plantean precisamente esa preocupación: que la democracia conserve sus reglas formales, pero que las condiciones reales para participar sean profundamente desiguales.
En una investigación que he venido realizando, que sirve como base a este análisis, identifica una combinación especialmente delicada: polarización, estructuras políticas consolidadas, dificultades económicas, riesgos de seguridad, fragmentación territorial, abstención, violencia digital y riesgos jurídicos. No son problemas aislados. Se pueden reforzar entre sí y terminar condicionando la capacidad de una candidatura para competir.
La preocupación deja de ser teórica cuando se observan los antecedentes. En las elecciones territoriales de 2023, la MOE registró 26 hechos de violencia política en el Valle del Cauca, nueve de ellos letales. El departamento estuvo entre los territorios que concentraron una proporción considerable de las agresiones contra liderazgos políticos.
Pero quizá exista un dato todavía más inquietante. Una encuesta realizada por la MOE, la Universidad de los Andes y ¨Uppsala University¨ (Suecia) a 9.568 candidatos de las elecciones de 2023 encontró que el 60 % manifestó haber experimentado al menos un hecho de violencia. Allí no solo aparecieron atentados o amenazas. También intimidación, ataques físicos, vandalización, violencia digital, mensajes ofensivos y otras formas de agresión.
Eso obliga a cambiar la manera de mirar una campaña.
La violencia electoral no comienza necesariamente con una bala. Puede comenzar cuando un candidato deja de visitar determinado corregimiento porque alguien le recomienda no ir. Puede aparecer cuando un equipo de campaña decide cancelar una reunión por razones de seguridad. También cuando una persona evita participar porque sabe que tendrá que enfrentarse a una estructura política, económica o territorial que puede hacerle mucho más difícil el camino.
Ahí aparece uno de los mayores desafíos de 2027: la diferencia entre poder participar legalmente y poder competir realmente. Una candidatura puede cumplir todos los requisitos, recoger firmas, conseguir un aval o inscribirse dentro de los plazos. Sin embargo, puede carecer de recursos para tener presencia territorial, testigos electorales, equipos, publicidad o capacidad de movilización. Esa desigualdad material puede afectar especialmente a candidaturas independientes o provenientes de sectores sociales sin estructuras tradicionales.
El dinero constituye otro punto sensible. Una campaña necesita financiación, pero la financiación también puede convertirse en una fuente de riesgos para quienes participan. La MOE ha documentado denuncias sobre compra de votos, condicionamiento de ayudas e intercambio de votos por contratos, además de problemas relacionados con el uso indebido de recursos públicos.
Por eso el debate no debería reducirse a cuánto dinero tiene cada candidato. La pregunta más profunda es si el dinero, las estructuras y las relaciones de poder terminan convirtiéndose en barreras para quienes intentan competir sin esas mismas redes.
A esto se suma una polarización que puede convertir al adversario político en enemigo. El Valle no tiene un comportamiento electoral homogéneo. Los resultados nacionales recientes muestran diferencias importantes entre sus territorios, algo que no permite anticipar el resultado de 2027, pero sí obliga a reconocer que una campaña departamental tendrá que desenvolverse en realidades políticas distintas.
Cali agrega una circunstancia excepcional. El terremoto del 10 de agosto afectó también al Valle del Cauca y dejó una agenda de reconstrucción que inevitablemente tendrá consecuencias políticas. El Gobierno nacional estimó inicialmente en más de $30 billones ($19, las del Valle del Cauca), las necesidades de reconstrucción en las zonas afectadas.
Quien aspire a gobernar Cali entre 2028 y 2031 no podrá ignorar esa realidad. Vivienda, infraestructura, servicios públicos, recuperación económica, seguridad, reasentamientos y manejo de recursos estarán inevitablemente presentes en la discusión electoral.
Pero existe una dimensión todavía más humana.
Detrás de cada candidatura hay una persona. Hay una familia que también recibe las amenazas. Hay equipos de campaña que trabajan con incertidumbre. Hay mujeres que, además de enfrentar la confrontación política, pueden ser víctimas de ataques sexualizados, intimidación o cuestionamientos sobre su vida privada. Hay ciudadanos que podrían decidir no participar porque consideran que el costo personal es alto.
Una democracia saludable no debería exigirle heroísmo a quien decide servir desde la política.
Porque cuando competir exige dinero, estructura, protección, contactos y la capacidad de resistir la agresión, la pregunta ya no es solo quién consigue más votos, sino quién logra siquiera participar, y en esa realidad es donde competir sin miedo no debería ser un privilegio.
