El que rompe, paga.
Por Luis Manuel Ramos Perdomo
Las víctimas de las FARC no se reponen aún del impacto generado por la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la sensación de frustración, irrespeto, rabia, abandono, dolor y especialmente de impunidad se apodera justificadamente de muchas de ellas.
La “sentencia condenatoria” TP-SeRVR-RD-ST-No.001-2025 de la Sección de Primera Instancia Para Casos de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para La Paz del 16 de septiembre de 2025, resultó ser el fiasco que se esperaba y no podía ser distinto.
Por cuenta de los acuerdos de paz de La Habana y el fraude a lo decidido por los Colombianos en el plebiscito sobre el acuerdo de 2016, en el que ganó el “No”, se confeccionó, bajo el ropaje del modelo de justicia transicional, un Sistema y Tribunal de Justicia a la medida de las necesidades de los victimarios, un Tribunal de Bolsillo, Un Tribunal de Impunidad, un Tribunal de la Infamia.
Hace ya poco más tres años, en este mismo medio de comunicación, publiqué una columna titulada Y LAS VERDADERAS VÍCTIMAS?, en ella me ocupaba entre otros asuntos de la pretensión de los miembros de las FARC de ser reconocidos como víctimas, según lo arengaba TIMOCHENCO a micrófono abierto, de los sinsabores de la verdaderas víctimas y, de la carga fiscal y tributaria que representaba para el Estado reparar con recursos de los contribuyentes a las victimas, existiendo recursos de la organización narco terrorista victimaria en el extranjero, tal y como lo reconociera la UIAF. Hoy dando alcance a la misma e invitándolos a leerla o releerla, adiciono algunas reflexiones. (La columna puede ser consultada en el website de EL EXPEDIENTE o en la plataforma X, antes Twitter)
Razón tenía el Senador de la República alias TIMOCHENKO, miembro del Secretariado de las FARC y uno de los beneficiados con la primera sentencia, cuando afirmó en relación con la JEP: “una experiencia única en el mundo creada por los mismos insurgentes (…)” agregando: “la emoción que sentí de ver plasmado ya en la práctica eso (…)” a lo que se debe agregar la afirmación del responsable político del asunto, JUAN MANUEL SANTOS cuando manifestó: “cómo paga la pena?, eso hay que negociarlo con ellos”.
La primera sentencia se ocupa de los casos de “Toma de rehenes, graves privaciones de libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP” (por fortuna no considerados “Cerco Humanitario”, de lo contrario les estaríamos debiendo la cercada), faltando 10 casos más de decisión y en el desarrollo de un debate intenso al interior de la misma JEP frente a la posibilidad de hacerlo como consecuencia de la omisión de acumulación en una sentencia, según el dicho de sus propios Conjueces.
Seguramente, en el evento de que se dicten más “condenas”, la “bofetada a las víctimas” (como define el Señor General (R) de la Policía Nacional LUIS HERLINDO MENDIETA OVALLE la primera sentencia de la JEP), se repetirá.
Pero no todo es malo, pienso que, como lo han señalado muchas personas de la vida pública y política de País, al igual que destacados Juristas, el fallo de la JEP le abrió la puerta a la CORTE PENAL INTERNACIONAL y a la aplicación del Estatuto de Roma, siendo posible que, administrando verdadera justicia se condene a penas reales a los responsables de los más atroces crímenes de lesa humanidad, violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
A lo anterior se une otra bofetada, la propinada por la Corte Constitucional en la Sentencia T 520 de 2025 del pasado de 16 de diciembre en la que la Alta Corporación de Justicia, decidió proteger y amparar los derechos al buen nombre, a la honra y a una vida libre de violencia de la confesa y amnistiada ex guerrillera Sandra Ramírez Lobo, a quien las victimas de la organización narco terrorista, han señalado de reclutar personas para el sometimiento, abuso y explotación sexual por parte de los miembros del grupo guerrillero.
Parece que para la Corte, la verdad de las víctimas mortifica y obstaculiza la reincorporación a la vida civil de los excombatientes miembros de la guerrilla de las FARC y obstaculiza la implementación del acuerdo de “una paz estable y duradera”. Ha nacido el Derecho Fundamental a la No Verdad.
Poco distinto a la revictimización vienen encontrando las victimas de las FARC en la “justicia” Colombiana.
Como lo he señalado en el pasado y hoy reitero con mayor convencimiento, existen para las víctimas de las FARC escenarios extranjeros e internacionales reales para lograr Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, ajenos a la ignominia con las que se las ha tratado.
En mi opinión el más interesante, atendiendo la coyuntura actual, se genera con la captura de Nicolas Maduro Moros el Narco Dictador Venezolano, Lider del Cártel de los Soles, organización terrorista vinculada a la guerrilla de las FARC y el ELN, al igual que a otras organizaciones, dada la posibilidad de las víctimas de acudir ante Cortes y Tribunales Federales de Justicia en los Estados Unidos de América para obtener reparación.
Más allá del revisionismo semántico o conceptual sobre la definición económica, organizacional y estructurada de Cártel como ese acuerdo entre empresarios de un sector para elminar la competencia y consolidar una posición en el mercado, expresión que adquiere notoriedad pública y hasta cinematográfica para hacer alusión a organizaciones narcotraficantes que, para el caso, hubiera acuñado la prensa venezolana en los 90 para aludir a un sector corrupto del generalato venezolano que se beneficiaba de permitir el trasiego y tránsito de drogas, lo cierto es que la existencia de un sistema corporativo o no, de personas y entidades beneficiados con el narcotráfico y sus millonarias utilidades, cuenta con evidencia solida, que permitirá sustentar y soportar los hechos de la acusación, tal y como lo reconociera el propio Pollo Carvajal ante la Justicia de los Estados Unidos.
Valga la pena traer a colación la reciente entrevista concedida por el ex agente de la DEA, Sandalio González a la emisora W radio Colombia sobre los hechos de la acusación, con fundamento en su participación en la investigación.
El precedente puntual, pertinente y más cercano se encuentra en la decisión en el año 2020 de una Corte Federal del Estado en Tampa de indemnizar a Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, tres contratistas secuestrados por las FARC y que fueron liberados junto con Ingrid Betancourt Pulecio en la “Operación Jaque”, las indemnizaciones se dieron con cargo a recursos incautados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a organizaciones narcotraficantes vinculadas con las FARC.
Lo interesante del asunto y su vigencia resulta ser que esa indemnización fue pagada con cargo a activos incautados a Samark López, testaferro del otrora Todo Poderoso Vicepresidente y Ministro del Poder Popular de Petróleo de Venezuela, TARECK EL AISSAMI acusado de Conspiración para Defraudar a los Estados Unidos, Conspiración para violar el acta de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA), Conspiración para cometer lavado de dinero y Conspiración para violar y evadir las regulaciones del acta de designación de capos internacionales del narcotráfico y la prohibición de realización de transacciones en violación del acta.
Curiosamente actividades similares vienen siendo desarrolladas por líderes y gobernantes de la región al apoyar el Régimen de Nicolas Maduro Moros en Venezuela, asunto importante del que me ocuparé en una próxima columna.
La Ley de Aclaración Antiterrorista de 2018 (ATA) aprobada por el Congreso de los Estados Unidos fue promulgada por el Presidente Donald Trump en octubre de 2018 y entró a regir en 2019 y el régimen de sanciones contra el terrorismo del Departamento del Tesoro de de los Estados Unidos y su Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), permiten la presentación de demandas civiles por daños personales, materiales y comerciales.
Dichas posibilidades se extendieron en contra de personas,entidades países extranjeros (terceros) en Estados Unidos con la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo de 2016 (Justice Againts Sponsors of Terrorismo Act). Aquí el punto es que las actividades en principio se circunscriben a la acciones terroristas contra intereses de los Estados Unidos y ese criterio, por virtud de la guerra contra la drogas y el terrorismo bajo la Agenda de Seguridad Hemisférica puede ser ampliado.
Igualmente existe el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Aliens Tort Claims Act o ATCA) que le otorga jurisdicción a las Cortes Federales de Distrito en los Estados Unidos para conocer de acciones instauradas por extranjeros como consecuencia de agravio y la violación del derecho de gentes o de un tratado de los Estados Unidos producidas por la comisión de delitos en el extranjero. Un agravio es cualquier acto ilícito que no involucre un incumplimiento contractual.
La no desestimación de esta clase de acciones depende fundamentalmente de la fuerza suficiente con la que estas reclamaciones conciernen a Estados Unidos o sus intereses; indiscutiblemente la guerra contra las drogas y la lucha contra el terrorismo lo hacen más allá de toda duda razonable. No en vano la administración del Presidente Donald Trump ha declarado al denominado “Cártel de los Soles” como una Organización Terrorista Extranjera (FTO), misma suerte que corrieran el Cártel de Sinaloa y el Tren de Aragua, con la misma designación (FTO) se categorizó a las FARC en los Estados Unidos en el pasado, aunque por decisiones del Gobierno BIDEN dicha designación fue revocada.
El papel de BIDEN o del Autopen, según el Presidente Trump, fue decisivo en este contexto, no sólo por la exclusión de las FARC, sino por el indulto concedido a dos de los sobrinos de Maduro y su Esposa, en un intercambio de prisioneros por siete ciudadanos americanos. En su tarea de enderezar el rumbo, los narcosobrinos fueron nuevamente sancionados por Estados Unidos en diciembre pasado.
Nicolas Maduro Moros viene siendo el sujeto de una acusación federal sustitutiva ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y en dicha acusación, son igualmente señalados Hugo “El Pollo” Carvajal, Iván Márquez (Luciano Marín) y Jesús Santrich (Seuxis Hernández Solarte), los mismos por los que tanto abogaba el hoy candidato presidencial Iván Cepeda, quien alegaba La existencia de un entrampamiento, pese incluso a la confesión del sobrino de Márquez y otra sólida evidencia.
No resultaría entonces congruente con la geopolítica de la guerra contra las drogas y el terrorismo en el hemisferio, que se considerara hoy, que los agravios cometidos en contra de las victimas de las FARC en el Extranjero por parte de los miembros de las organizaciones vinculadas a la conspiración narco terrorista liderada por Maduro Moros no puedan ser objeto de reparación al interior de procesos ventilados ante la jurisdicción federal de los Estados Unidos.
Tal vez sea posible que las víctimas y las organizaciones que las representan logren la unión que tan esquiva ha sido para la oposición y la derecha Colombiana, especialmente ante el escenario en el que por cuenta de lo ocurrido en Estados Unidos, se presenta un evidente debilitamiento de las aspiraciones presidenciales de los progresistas colombianos cercanos al régimen de Maduro y sus asociados.
Tal y como lo han referido el Presidente Trump y el Secretario Rubio, la guerra contra las drogas y el terrorismo en la región necesita aliados estratégicos y Colombia, sigue siendo estratégico y necesario, a pesar de las vicisitudes y desconfianza que genera el actual y, beligerante gobierno progresista, unido al pendenciero, hostil y poco colaborativo estilo del Presidente Petro en materia de lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales,
La deficitaria y crítica situación a la que el primer gobierno de izquierda llevó a la economía colombiana, no permite que se siga pretendiendo que sea con cargo al presupuesto de la nación y los impuestos de los Colombianos que se repare a la victimas de las FARC, pues justamente la organización delictiva a la que se encuentra vinculada y que se lucró con su accionar, cuenta con billonarios recursos en el sistema financiero y bancario internacional.
Hay recursos de la Conspiración congelados y confiscados en Estados Unidos, toneladas de Oro del régimen congelado en Inglaterra, Suiza ha dispuesto recientemente del congelamiento de los recursos del régimen venezolano y sus miembros, especialmente de Maduro, su esposa y otras 35 personas.
Difícil pretender que sea el gobierno de Gustavo Petro, quien en palabras del ex presidente Andrés Pastrana Arango, se desempeña como una especie de Canciller de Maduro Moros y, cuyas políticas de paz total han favorecido a los grupos narcotraficantes asociados al Cártel de Soles, quien mueva un solo dedo para el efecto y de existir la continuidad que anuncia Ivan Cepeda, poco se hará.
En el evento que la izquierda socialista y progresista pierda y, efectivamente abandone el poder en Colombia en 2026, la persecución global de los recursos del Cártel de los Soles y los miembros del régimen Venezolano, no solo para reparar a las victimas, sino para reponer parte de los recursos públicos invertidos en la guerra contra las drogas y los grupos narco terroristas en Colombia, debe ser una Política de Estado y parte integral del rediseño de la cooperación internacional en la lucha contra las drogas y el terrorismo.
Ya en el pasado (1995) recursos confiscados en la Banca Suiza al narcotráfico, habían sido objeto de repartición entre Suiza, Estados Unidos y Colombia, cuando se hizo con cerca de ciento ochenta millones de dólares depositados por Sheila Arana de Nasser en el UBS.
El que rompe……….paga.
