Antes de convertirse en el nombre más mencionado en la pelea por la Presidencia del Senado, Alfredo Rafael Deluque Zuleta ya había hecho historia para su departamento: en 2022, su elección al Senado le devolvió a La Guajira representación propia en esa cámara después de doce años sin tenerla.
No es un dato menor en un país donde buena parte de la política regional se define por la capacidad de un territorio de tener voz directa en Bogotá, y es, probablemente, el logro que mejor explica por qué su nombre pesa tanto hoy en la negociación por la mesa directiva del nuevo Congreso.
Nacido en Riohacha el 21 de febrero de 1977, Deluque es abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho de las Telecomunicaciones y una maestría en Derecho Económico con énfasis en comercio e inversión internacional.
Antes de dedicarse a la política construyó una carrera en el sector privado de las telecomunicaciones, con cargos directivos en empresas como Superview y Telmex Colombia, donde llegó a ser gerente de asuntos regulatorios para televisión por suscripción, y llegó a dirigir la Asociación de Televisión por Suscripción y Satelital del país — un antecedente técnico poco común entre los congresistas colombianos, y que le dio, desde temprano, familiaridad con la negociación regulatoria y el manejo de intereses cruzados.
Su carrera legislativa arrancó en 2010 como representante a la Cámara por La Guajira, curul que mantuvo durante tres periodos consecutivos hasta 2022. En ese tiempo llegó a presidir la propia Cámara de Representantes entre 2015 y 2016, y más adelante la Comisión Primera Constitucional Permanente —una de las más estratégicas del Congreso—, además de fungir como copresidente del Partido de la U y vocero de su bancada.
Su salto al Senado en 2022 llegó con más de 79.000 votos, y en las elecciones de 2026 fue reelegido con una votación aún mayor, superior a los 113.000 sufragios, consolidando una base electoral sólida en la región Caribe.
Su posición política durante el gobierno de Gustavo Petro ha sido, según él mismo la ha descrito, la de un «opositor racional»: acompañó la autorización de ciertos procesos de paz, pero se apartó de los principales proyectos legislativos del Ejecutivo.
Esa postura de centro, sin embargo, se convirtió en blanco de crítica desde el Centro Democrático en la disputa reciente por la Presidencia del Senado: el propio expresidente Álvaro Uribe lo acusó públicamente de haber «recibido beneficios del Gobierno» de Petro, señalamiento que Deluque calificó de falso y que respondió directamente en el debate público.
La controversia refleja, en el fondo, la tensión de fondo en esta pelea: el uribismo argumenta ser la bancada progobierno más numerosa —con 17 senadores frente a los 8 del Partido de la U—, mientras que el respaldo decisivo para Deluque vino directamente del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, junto con el Partido Liberal, Cambio Radical, el Partido Conservador, Salvación Nacional y buena parte de Alianza Verde.
Con esos apoyos, Deluque llegó a la sesión de instalación del Congreso, el 20 de julio, como claro favorito frente a Honorio Henríquez, el candidato del Centro Democrático — aunque, curiosamente, el propio territorio de Deluque, La Guajira, terminó votando mayoritariamente por el rival de De la Espriella en la segunda vuelta presidencial, un dato que no resta peso a su capacidad de negociación en el Capitolio, pero que sí matiza la idea de que su respaldo temprano garantizó, por sí solo, el triunfo nacional del presidente electo en su departamento.
Lo que sí está fuera de discusión es su peso como negociador: en un Congreso fragmentado, donde cada alianza tiene un costo, Alfredo Deluque se perfila como la primera gran prueba de gobernabilidad legislativa para la administración de Abelardo de la Espriella.
