La Dirección Seccional de la Fiscalía en Riohacha tiene abierta y activa desde marzo de 2025 una investigación por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales que apunta a establecer la relación entre el periodista Gonzalo Guillén y el líder wayuu Javier Rojas Uriana en el manejo de recursos destinados a programas sociales en La Guajira.
La noticia criminal lleva el número 110016010000202512429 y está asignada a la Fiscalía 06 Seccional de Riohacha. El expediente registra actividad investigativa desde el 11 de marzo de 2025, fecha en que se elaboró el programa metodológico del caso.
Rojas Uriana no es un nombre nuevo en los expedientes de la Fiscalía. En marzo de 2019 fue capturado por el CTI con apoyo del Ejército Nacional cuando llegaba a la sede de la Gobernación de La Guajira en Riohacha. (ELTIEMPO) Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía estableció la presunta apropiación de por lo menos 1.000 millones de pesos de un convenio por 2.223 millones celebrado entre la Asociación Shipia Wayuu — cuyo representante legal era Rojas — y el Incoder.
El convenio tenía como objetivo el fortalecimiento de la economía tradicional en 31 comunidades wayuu de la alta y media Guajira, con recursos para pesca artesanal, cría de ovinos y caprinos, y producción de artesanías. La Fiscalía estableció que los recursos fueron desviados y el contrato tuvo que ser liquidado, con afectación directa a las 200 familias beneficiarias.
Rojas Uriana estuvo privado de la libertad durante 14 meses. Quedó libre por vencimiento de términos. El Consejo Superior de la Judicatura decidió posteriormente trasladar su caso de la justicia ordinaria a la jurisdicción especial indígena.
La figura de Rojas Uriana reapareció en el centro del escándalo de la UNGRD.
El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Olmedo López, reveló que el negocio de los carrotanques para La Guajira se selló en la oficina de Javier Rojas, quien lleva años al frente de negocios en el departamento relacionados con necesidades básicas de la población.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, lo vinculó directamente en su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, señalando que Rojas Uriana desempeñó un papel clave en la logística de los carrotanques y que estaba al tanto de los sobrecostos en un contrato diseñado para adquirir 180 vehículos por más de 46.000 millones de pesos.
La investigación ahora activa en Riohacha busca establecer si detrás del trabajo conjunto entre Guillén y Rojas Uriana existió un beneficio económico derivado de los recursos gestionados en nombre de la comunidad wayuu.
Guillén ha negado públicamente cualquier vínculo con su antiguo colaborador tras la captura de 2019. El fiscal asignado al caso es Víctor Fuentes, con correo electrónico victor.fuentes@fiscalia.gov.co y teléfono 7279802 en Riohacha.
Revelaciones de Sandra Ortiz sobre la corrupción en la UNGRD y el papel de Javier Rojas Uriana en La Guajira. Lo anticipamos en El Expediente
