Por: Francisco Hernando Muñoz Atuesta
Pasan los años y la situación del galeón San José permanece inmutable, atrapado en los nefastos intereses de una Colombia que parece imposibilitada ante el poder de la corrupción.
En enero de 2021, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación (FGN) por la evidente intrusión y el presunto saqueo del contexto arqueológico del galeón San José durante la llamada «exploración» de 2016, liderada por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, y diversas instituciones como el Ministerio de Cultura (Mincultura), el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Sin embargo, la denuncia fue «trasladada por competencia» a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ese mismo mes, y la FGN cerró el caso, dejando indemnes a los demás implicados carentes de fuero.
Durante 3 años se insistió ante la FGN para que esclareciera las bases legales que justificaron en este caso la interrupción del ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, tal cual le ordena el artículo 250 de la Constitución Nacional. En noviembre de 2023 instauré una acción de tutela contra la FGN que obtuvo sentencia favorable el 13 de diciembre de 2023 y un juez ordenó a la Comisión de Acusaciones que determinara a cuales de los involucrados iba a investigar,dado su fuero, y que regresara la denuncia a la FGN para que esta iniciara la respectiva indagación penal sobre los demás involucrados carentes de fuero.
Hasta la fecha, 6 de marzo de 2024, la Comisión de Acusaciones ha dejado en claro ante el juez de tutela que nunca recibió dicha denuncia de la FGN. Sin embargo, la FGN guarda un completo y absoluto silencio, y aún desconocemos incluso el número de radicado de ese supuesto traslado. El juez ha instado a la FGN a que, en caso de que esa denuncia “se hubiere extraviado”, la vuelva a radicar; pero hasta ahora no ha habido respuesta.
El gobierno del presidente Gustavo Petro (tan crítico de la actual dirección de la FGN) está decidido, contra viento y marea, a intervenir en el contexto arqueológico del galeón San José, ignorando las advertencias sobre las posibles consecuencias que ese hecho traería para la investigación penal. Pues, al intervenir la escena de un presunto acto criminal, se corre el riesgo de encubrir a los responsables. Nuestra advertencia al respecto pasó de la Presidencia de la República, a la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), de ahí a Mincultura que la trasladó a la DIMAR, cuya respuesta fue «darse por enterada».
¿Cuál es la postura de la señora Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera en todo esto? ¿Acaso la lealtad constitucional se subordina a la lealtad institucional, o este es más bien un asunto de cooperación intergubernamental en favor del verdadero poder en este país?
Confiamos en que el juez de tutela no le haga el juego a la FGN y ponga en claro que la lealtad de nuestras instituciones es única y exclusivamente con la Constitución y la ley.
