Por: El Expediente
Pilar Rueda Jiménez, esposa del candidato presidencial Iván Cepeda, trabajó durante ocho años en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, la dependencia conocida como la fiscalía de la JEP y la misma que asigna y controla los esquemas de protección de víctimas, testigos y defensores de derechos humanos ante ese tribunal. Renunció el 1 de junio de 2026, un día después de la primera vuelta presidencial. Tres semanas antes, el 28 de mayo, había sido radicada una denuncia penal que la señalaba directamente.
Ver denuncia penal:
La denuncia fue interpuesta por Sergio Alzate, directivo de FEVCOL, la Federación de Víctimas de la Guerrilla en Colombia, contra Francisco Minorta, director de la UIA. En el texto del documento, Alzate detalla una serie de seguimientos ilegales que él, otros directivos de FEVCOL y miembros de la Red ADN venían sufriendo desde hace más de un año.
Según la denuncia que publica en exclusiva El Expediente, funcionarios de la UIA encargados de los desplazamientos, vehículos y esquemas de protección de ocho miembros de esas organizaciones estaban operando bajo instrucciones ilegales y reportando información a un superior dentro de la misma entidad. Ese superior, según lo que Alzate relata en la denuncia, era Pilar Rueda.
Los hechos descritos tienen un patrón preciso. Hace aproximadamente un año, un hombre del esquema de protección de Deisy Guanaro, miembro de FEVCOL, grabó de manera clandestina una reunión privada de la asamblea de esa organización en Medellín. Fue identificado y retirado. Meses después, los esquemas de protección de Sebastián Velásquez y otros directivos de FEVCOL y la Red ADN fueron rotados abruptamente y sin justificación. Según Alzate, los propios funcionarios asignados le informaron que habían recibido órdenes de recopilar información sobre las rutinas, reuniones, fuentes y movimientos de los protegidos y reportarla a sus superiores en la UIA.
La semana pasada, Alzate fue fotografiado de manera clandestina mientras entregaba información a agencias internacionales sobre las cuentas de la campaña de Gustavo Petro. Dos días después de esa reunión, que tuvo lugar en un hotel en Bogotá, esa misma información fue publicada de manera fragmentada por un medio nacional, en lo que Alzate interpreta como un intento de adelantarse y restarle impacto a la investigación que él venía desarrollando. La misma semana publicó la revista Semana una investigación sobre los vínculos entre Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y las cuentas de la campaña de Petro, en la que organizaciones de víctimas pidieron a los Estados Unidos incluir a Roa en la Lista Clinton.
Las razones que Alzate atribuye a los seguimientos son múltiples y están consignadas en su denuncia. Señala que viene investigando la existencia de fosas comunes en el Tolima relacionadas con operaciones de Gustavo Petro cuando militaba en el M-19 bajo el alias Comandante Andrés, de la Compañía Jorge Eliécer Gaitán. También investiga los vínculos de financiación entre organizaciones narcoterroristas y la campaña de Petro, los apoyos de grupos ilegales a la campaña de Iván Cepeda, las gestiones ante los Estados Unidos para frenar la extradición de 267 narcotraficantes a través de la JEP, y los bienes no declarados ni entregados por las FARC, cuya cifra estima en 13 billones de pesos.
Pilar Rueda Jiménez llevaba ocho años en la UIA cuando renunció. Su salida se produjo tres días después de que Alzate presentara su denuncia penal y en ella mencionara su nombre. La JEP no se ha pronunciado sobre los señalamientos. El Expediente remitió preguntas a la institución y publicará cualquier respuesta recibida.
