Por: El Expediente
La información que reveló este domingo el periodista Melquisedec Torres, con el portal Chivas y Crónicas, sobre un documento de inteligencia que atribuye al agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) Carlos Andrés Oyola Tovar la capacidad de manipular a distancia el preconteo de las elecciones presidenciales de 2026, coincide con el plan que El Expediente reveló en primicia en junio de ese año, semanas antes de la segunda vuelta, en una serie de investigaciones basadas en fuentes de inteligencia. El objetivo, según el informe, que su autor atribuye a una «fuente confiable», era «llevar a Iván Cepeda a una victoria dirigida y deslegitimar el proceso y forzar una ruptura institucional en caso de perder».
Oyola Tovar, ingeniero de sistemas, fue capturado el viernes 6 de noviembre en una clínica de Neiva. Permanece detenido y este martes se le imputarían los primeros delitos en Bogotá. Pese a la orden de captura, aún figuraba como funcionario de la entidad. Según fuentes de inteligencia y contrainteligencia consultadas por El Expediente, agentes del CTI de la Fiscalía lo seguían por tener en su poder una copia espejo del sistema de información de inteligencia y contrainteligencia SIIC, que concentra lo que el Estado ha reunido sobre políticos, empresarios, periodistas, líderes sociales y opositores y al que solo ocho funcionarios deberían tener acceso completo.
Cuando se activó la alarma, dijo que le habían robado en su casa un computador con esa información; las fuentes no creen que el robo haya existido. La Fiscalía abrió investigación y, según esas fuentes, libró orden de captura por concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional.
El Expediente armó el plan en cuatro días de junio, del 4 al 7, y lo amplió el 9, con fuentes de inteligencia y siempre como un presunto plan para intervenir los sistemas de la Registraduría Nacional en la segunda vuelta del 21 de junio. La primera investigación identificó al operador técnico, conocido en círculos de ciberseguridad como «Angelita» o «Papu», a quien las fuentes describieron como uno de los hackers más competentes del país y quién se según esas mismas fuentes en ese entonces trabajaría se la mano de Carlos Andres Oyola, el hacker capturado. La fuente afirmaba que habría participado en operaciones que incorporaron cerca de 800.000 votos a favor de Petro en la fase final del escrutinio de 2022, y que estaría listo para repetir ese papel el 21 de junio. El 4 de junio, Abelardo De La Espriella compartió la nota en X y la calificó de «muy delicada».
Detrás de la operación de los hackers y agentes de la DNI del gobierno Petro aparecían tres ciudadanos catalanes con historial documentado en la campaña de 2022, Xavier Vendrell, Manuel Grau Pujadas y Ramón Devesa González, y una empresa española que según su propia página web fue la responsable de la seguridad integral de las elecciones colombianas de 2023 y es aliada de Indra, proveedora del software de escrutinio del Consejo Nacional Electoral, y de Biometric Technologies de Colombia, que trabaja con la Registraduría.
Las fuentes dijeron que el grupo estaba articulado por Marco Emilio Hincapié, presidente de Coljuegos y expresidente del Consejo Nacional Electoral, y que los españoles financiarían operaciones digitales para la campaña de Cepeda en la segunda vuelta, como en 2022.
La tercera investigación señaló al coordinador militar: el coronel Erich Siegert Cerezo, fundador y primer comandante del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, reclutado, según las fuentes, para encontrar una puerta trasera en el código fuente de la Registraduría. Las instrucciones las daba quien en las comunicaciones internas aparecía como «Colombia VI», denominación con la que el grupo se referiría a Petro. Ocho personas habrían viajado a Rusia con identidades falsas para recibir entrenamiento en guerra digital, después de seis meses en Venezuela. El plan incluía deepfakes con la voz y la imagen de De La Espriella y una campaña de desinformación para provocar un estallido social que impidiera la transición del poder el 7 de agosto. (El Coronell Erich Seager, aun funcionario de la DNI en el actual gobierno, solicitó rectificación a traves de su apoderado y en ese entonces, junio de 2026, El Expediente aclaró que la información provenía de fuentes de inteligencia y no nos constaba su participación en ningún plan de hackeo electoral).
La cuarta entrega, del 9 de junio, identificó al coordinador en Colombia: Jairo Navarrete, oficial retirado de la Policía y compañero de infancia de Petro, con quien fundó en Zipaquirá el JG3, el «primer comando revolucionario independiente» que el propio presidente recordó en una fotografía en agosto de 2025. Según las fuentes, Navarrete ocupaba un lugar en la DNI y desde allí dirigiría un grupo de hackers. Las fuentes agregaron que uno de esos hackers rompió con el gobierno y entregó grabaciones del plan a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Lo que el documento conocido hoy aporta, y lo que lo acerca a aquellas publicaciones, es que sitúa a un agente de la DNI con funciones de hacker en el centro del operativo. Oyola no figuraba en las investigaciones de junio y el documento tampoco nombra a «Angelita», a Siegert ni a Navarrete, según lo que El Expediente ha podido ver. Pero coinciden el objetivo, la Registraduría; el beneficiario, la campaña de Cepeda; los operadores, el círculo de españoles en el que está Vendrell; el entrenamiento en Rusia, y la DNI como lugar desde donde se habría coordinado. Y entre los delitos por los que las fuentes dicen que la Fiscalía libró la orden de captura de Oyola está el constreñimiento electoral.
El informe sostiene que desde 2022 Oyola habría obtenido y escalado privilegios de acceso a los sistemas de la Registraduría, incluido el software de preconteo, administrado, según el documento, por MNEMO. Con ellos tendría la capacidad de «realizar modificaciones de fondo en las cifras de resultados». El acceso sería remoto, solo con internet, y ni la Registraduría ni MNEMO conocerían plenamente los privilegios que desarrolló. El documento añade que Oyola vivía en un apartamento contiguo al Edificio San Martín, donde funciona el Consejo Nacional Electoral.
Los escenarios de fraude eran tres: inflar las cifras de Cepeda, inflar artificialmente las de Abelardo De La Espriella en zonas donde ya ganaba, para después declarar fraude, o combinar ambas tácticas. El informe afirma que en las «pasadas elecciones» no ganaron «porque habiendo sumado cerca de 1 millón de votos más, su sorpresa fue enorme y no calcularon que Abelardo De La Espriella lograra una cifra tan alta de votaciones». No precisa a qué jornada se refiere ni aporta pruebas de esa suma.
La estrategia, dice, la coordinaba alias Aureliano desde la Casa de Nariño, que entonces ocupaba Petro, con influencia del G2 cubano, a través de dos agentes identificados como «Raúl» y «Ramón», de estructuras venezolanas y de apoyo técnico ruso. Funcionarios de la DNI habrían sido enviados a Rusia para entrenarse en tecnología y operaciones de información, el mismo viaje que El Expediente ya había reportado en junio.
Según el documento, el acceso a bases de datos permitió ubicar a más de dos jurados o testigos por mesa pertenecientes al Pacto Histórico, y el mapa de riesgo electoral del CI3 de la Policía fue simplificado, de 36 variables a solo 3, para priorizar 17 departamentos y 36 municipios y facilitar la narrativa de fraude.
El informe describe también una «Operación Grecia», una operación paralela de inteligencia impulsada, según el texto, por Gustavo Lozano y Ricardo Rosania, de la DNI, con apoyo de los españoles Xavier Vendrell y Manuel Grau, para infiltrar campañas. Un reclutador identificado como Andrés Gamero habría colocado a Oyola y a otros jóvenes. La campaña de Paloma Valencia habría sido la más fácil de infiltrar, y la de De La Espriella, la que mejor resistió. El documento aclara que esa operación es «absolutamente independiente a la operación electoral de adulteración que preparan, pero coinciden respecto de quienes la manejan».
Una sección de verificación recoge el perfil de Oyola: líder estudiantil en el Huila, contratos en el Fondo Colombia en Paz y en la Contraloría, y paso por la Unidad de Trabajo Legislativo de Rodrigo Villalba. El texto termina con propuestas de acción: informar al candidato, reunirse con la embajada de Estados Unidos, denunciar ante la Fiscalía y bloquear la señal cerca del edificio San Martín.
