Por: El Expediente
Durante más de un mes, agentes del CTI de la Fiscalía siguieron el rastro de un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que tenía en su poder, según fuentes de inteligencia y contrainteligencia consultadas por El Expediente, una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia, el SICC. El viernes 6 de noviembre lo capturaron en Neiva, en una clínica de la que, según esas versiones, intentó escapar con ayuda de personal del centro médico. Se llama Carlos Andrés Oyola Tovar y trabajaba en el grupo de tecnología de la entidad, con funciones de hacker.
El SICC concentra lo que el Estado ha reunido sobre quienes han pasado por los registros de la DNI: políticos, empresarios, periodistas, líderes sociales, opositores. Las fuentes aseguran que solo ocho funcionarios deberían tener acceso a su contenido completo, entre ellos el presidente, el vicepresidente, el ministro de Defensa, el director de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), el director de la DNI y el inspector de la entidad. Oyola, según esas versiones, guardaba una copia del sistema en un computador personal.
Cuando se activó la alarma, el funcionario dijo que le habían robado en su casa y que los ladrones se llevaron un computador con información de inteligencia, fuentes y accesos de la DNI. Las fuentes no creen que ese robo haya existido. La Fiscalía abrió investigación y libró orden de captura por concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional. Oyola dejó de presentarse a la entidad y empezó a enviar incapacidades médicas, que las fuentes califican de falsas.
El Expediente tiene esos documentos: cuatro incapacidades de diez días cada una, expedidas por clínicas de Bogotá y de Neiva entre el 31 de julio y el 3 de octubre de 2026, una de ellas con la DNI como empleador. Cubren casi todo el tiempo en que el funcionario debía estar en su puesto y era buscado por la justicia. Para las fuentes, prueban que la entidad conocía su ausencia mientras él seguía devengando.
Los funcionarios del CTI encargados de la captura pidieron apoyo a la actual dirección de la DNI, a cargo del general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, nombrado el 9 de septiembre por el presidente Abelardo de la Espriella, y no lo obtuvieron. Las fuentes sostienen que la dirección no colaboró en ubicar a uno de sus agentes con orden de captura y acceso a las bases de datos más sensibles del país, y que ese silencio no fue falta de información sino falta de voluntad.
La historia viene del gobierno anterior. Oyola formó parte del grupo TIC de la DNI que encabezaba Julio César Mancipe, hoy asesor informático de la Cancillería en el gobierno de De la Espriella. Según las fuentes, el agente tenía relación directa con el entonces presidente Gustavo Petro y cercanía con el círculo de españoles que rodeaba a ese gobierno, entre ellos el empresario catalán Xavier Vendrell. En conversaciones privadas presumía de que su pericia en hackeo había contribuido a que Petro fuera elegido alcalde de Bogotá.
Lo que está en juego ya no es una captura. Es dónde está la copia del SICC, quién la ha tenido y cuánto tiempo estuvo fuera de control la información que el Estado guarda sobre sus ciudadanos.
El Expediente revela las incapacidades falsas que enviaba a la DNI.
