Por: Juan José Gómez
“Denos Dios salud y que vengan problemas que con seguridad los podremos resolver” decía mi querida e inteligente mamá y lo cierto es que tenía sobrada razón, como lo demostró con hechos porque hasta donde alcanza mi memoria, mientras gozó de buena salud, durante 97 de los 98 años que Dios le concedió de vida y de lucidez, con excepción del último año en el que su salud se deterioró, pudo resolver directamente o por medio de oportunos y atinados consejos, las dificultades, grandes o pequeñas de que ella tuviera conocimiento, que se presentaban a cualquiera de los miembros de la familia.
Actualmente el tema de la salud es algo que nos causa a quienes somos cotizantes o beneficiarios de la salud en este país, no solo una enorme preocupación sobre lo que nos sucederá a los afiliados a las EPSs con las medidas que hemos visto que adopta el gobierno central a través de la Superintendencia de Salud, sino un enorme disgusto que a veces escala a rabia, al darnos cuenta de que el presidente de la República, y su desagradable ministro de salud, en su odio contra todo lo que tenga que ver con el sector privado están marchitando el sistema de salud pública colombiano con el pretexto muy discutible de que las EPSs y hasta las IPSs están ganando grandes sumas de dinero con el negocio de la salud, que debieran ser para el Estado y por supuesto para que el gobierno la usufructúe, lo cual no se compadece con informes como el de msn, redactado el 29 de diciembre de 2024 por el doctor Johnattan García Ruiz, que dice textualmente “El sistema de salud pasa por un momento desafiante. Puede cerrar el 2024 con un déficit de $11 billones, varios centros de salud han cerrado y un gestor farmacéutico clave entró a un proceso de reorganización.
Mientras tanto, una reforma se cocina en el Congreso. ¿Qué esperar para el próximo año?” Mas adelante agrega “Infortunadamente, es imposible ver el 2025 con optimismo. Es innegable que la situación financiera del sector de la salud lleva siendo crítica desde hace más de dos décadas. Pero este ya no será otro año de incertidumbre: los datos sugieren que nos enfrentamos a una crisis sistémica sin precedentes.
Con un déficit proyectado de casi $11 billones para el cierre de 2024, el Sistema General de Seguridad Social en Salud seguirá tambaleando mientras se sigue discutiendo una reforma criticada no solo por los partidos de oposición, sino también por múltiples sectores académicos, profesionales y de la sociedad civil. En estos dos años, la discusión de la reforma solo ha generado un clima de inestabilidad e inacción que amenaza con profundizar la crisis”.
Como si lo anterior no fuera bastante malo, el informe anterior agrega estas otras trágicas noticias que, al parecer, están respaldadas por importantes medios de comunicación escrita de amplia circulación nacional: La asfixia financiera del sistema en los últimos años, que inevitablemente se prolongará el próximo, está causando estragos para prestadores y pacientes.
La Asociación de Empresas Sociales del Estado (AESA) anunció que 37 hospitales públicos suspenderán servicios no urgentes desde este diciembre a los afiliados de la Nueva EPS. Clemencia Mayorga, representante del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, reportó que al menos 960 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) fueron cerradas entre 2023 y 2024, según cifras oficiales.
En regiones como el Valle del Cauca, la crisis afecta a 2,4 millones de personas del régimen subsidiado, dependientes de hospitales públicos que luchan contra deudas impagadas de EPSs intervenidas.
Hospitales emblemáticos como el Santa Sofía, el de Viterbo y el de Riosucio, en Caldas, anunciaron cierres de múltiples servicios en los últimos días. La situación de desabastecimiento de medicamentos no parece tener buen pronóstico: Audifarma, gestor farmacéutico clave en el país, entró en proceso de reorganización ante la SuperSociedades debido a deudas superiores a $600.000 millones, poniendo en riesgo el acceso a medicamentos de millones de colombianos.
El ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido tajante: “Si no se aprueba la reforma, el único camino sería la liquidación de estas entidades”, refiriéndose a las EPSs intervenidas a la fecha que probablemente puedan ser más en el transcurso del año. Pero es difícil pensar que esta vez la reforma sí logre sobrevivir en el Senado.
En abril fue rechazada por nueve de los catorce congresistas que integran la Comisión VII de esa corporación, quienes argumentaron que los cálculos de las proyecciones de ingresos y gastos del sistema producto de la reforma eran insuficientes.
El anexo técnico de Minhacienda que acompaña la actual versión de la reforma no es muy diferente a la anterior, e incluso tiene nuevos problemas. El mismo documento admite que no es claro cuál será la fuente de financiación de los servicios complementarios, como gastos de transporte, viáticos y de acompañamiento de pacientes. Y si le sumamos el escenario de desfinanciación del Estado, sería difícil esperar un cambio de opinión de los nueve senadores El informe concluye con los siguientes preocupantes datos: “A pesar de todo esto, el Gobierno nacional ha tenido otras prioridades y muy probablemente las mantendrá vigentes con más razón en 2025, cuando arrancará la campaña por la Casa de Nariño.
El presidente y los impulsores de su reforma consideran que los recursos asignados a las EPSs son suficientes y han decidido enfocarse en la inversión en infraestructura y en equipos básicos de salud en varias regiones. Aunque loable, el “Modelo de Atención Predictiva y Preventiva”, lanzado en noviembre de 2022, permanece sin resultados concretos después de dos años y las obras de 39 de los 44 nuevos hospitales a los que se les invirtió globalmente $1 billón no supera el 12 % de avance.
Mientras tanto, las tutelas por falta de medicamentos y atención en salud aumentaron un 42 % en el primer semestre de 2024, con 127.631 acciones legales interpuestas para reclamar tecnologías en salud. La ironía del Gobierno del Cambio es cruel: mientras el sistema público se deteriora (público porque es al que todos estamos afiliados y se financia con recursos públicos), el sector privado florece. Según Fasecolda, las pólizas de salud crecieron un 22 % en el primer semestre de 2024, y los hogares colombianos destinan ahora más del 5,1 % de su gasto al rubro de salud. La obsesión por una reforma estructural y la polarización política acercan al sistema de salud a un largo y crudo invierno.
La diferencia es que aquí no hablamos de ficción: son millones de colombianos, especialmente los más vulnerables, quienes enfrentan un deterioro sin precedentes en su acceso a la salud. Puede que este sea un año incluso más difícil para el sistema que los años en los que enfrentamos la pandemia”.
Esta oscura y calamitosa situación lógicamente nos alarma muy seriamente a los usuarios de la EPS SURA, que como es de público conocimiento atiende a mas de cinco millones de usuarios, la inmensa mayoría de ellos residentes en el departamento de Antioquia.
A pesar de que en una columna anterior celebré un supuesto acuerdo entre el gobierno y los directivos de esa EPS, tuve oportunidad de enterarme por una fuente de total confiabilidad que la ocurrido fue simplemente que el gobierno no aceptó el retiro solicitado por SURA, motivado por las pérdidas económicas sufridas por esa EPS no solo por la insuficiencia de ingresos en relación con los gastos demandados por la excelente atención a los usuarios que presta la EPS SURA, sino por los impagos de la ADRES.
El problema fue que no aceptó el retiro pero no por eso, conociendo la causa del problema, no lo solucionó. ¿Impagos? Es el procedimiento de que disponen el señor Petro y su desagradable ministro de salud para asfixiar a las EPSs que nos les gusta por pertenecer al sector privado y ser de propiedad de los odiados empresarios que cometen los graves delitos de crear riqueza y prosperidad para los accionistas colombianos que arriesgan su patrimonio comprando acciones de empresas de servicio y además que son generadores de empleo para el pueblo colombiano y contribuyentes que pagan impuestos al gobierno.
Al no aceptar el retiro de una EPS, obviamente con el tiempo se acumulan las pérdidas y el servicio se deteriora, en cuyo caso el gobierno la interviene y como lo público en Colombia es completamente politizado y desde luego ineficiente, entonces “Apaga y vámonos”. Ese es el motivo de la seria preocupación de los usuarios de la EPS SURA.
