Por: T.Coronel Gustavo Roa C
El actual gobierno colombiano, con la tesis de la “paz total” ha venido inexplicablemente frenando las operaciones militares y acciones policiales, contra infractores, delincuencia común y contra antiguos grupos narcoterroristas, que se han constituido en fuentes permanentes de inestabilidad, inseguridad, violencia, terrorismo y narcotráfico.
Los progresistas, a través de una dialéctica perversa y engañosa se han dado a la tarea de promulgar, sus propios principios comportamentales que les permite, con la anuencia del gobierno y sustentadas en disposiciones ofíciales, para ser dueños de una muy cómoda condición de superioridad, respeto y consideración, incluso en estados de transgresión legal, frente a ideologías contrarias a la izquierda, pero consideran en cambio, que las normas, reglas y derechos sociales, establecidos para mantener el orden, deben ser considerados como un atropello y violación a sus derechos fundamentales y ególatras pretensiones progresistas. Observamos recientemente como un grupo de feministas, realizaron manifestaciones vandálicas e injustificadas, realizando la quema a una de las puertas principales de la catedral primada de Bogotá, como gesto retador contra la iglesia católica, respecto a la posición de ésta, relacionada con el aborto, como medida injustificable y atroz.
El acto vandálico, fue realizado en momentos que otras marchas moderadas se llevaban a cabo en varias ciudades del país, en contra de las medidas económicas y sociales propuestas por el gobierno de Petro. La policía no pudo actuar directamente en este nefasto episodio, propiciado por las violentas manifestantes, pues existen nuevas disposiciones que los limitan, mientras los llamados grupos de conciliadores del gobierno distrital, se convertían solo en espectadores de un delito infame y cobarde.
El foco de la polémica, sobre los impedimentos de acción y control de la policía nacional, está contenida en el Instructivo 025 de septiembre de 2022, donde el director de la policía nacional, por orden del ministro de defensa, estableció las nuevas guías para el comportamiento policial en las protestas sociales.
Esta directiva es tan absurda desde el punto de vista constitucional, que incluso afecta el comportamiento humano del servidor público, ante amenazas inminentes, el cual establece entre otras cosas, que los uniformados no pueden actuar en contra de los protestantes que los ataquen con “expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas”, porque “prima el derecho a la manifestación pública”, sobre el derecho a la dignidad de los policías. Cobarde instrucción, contra la honra de humildes servidores públicos.
Este tipo de Directivas, aplicadas en un país tan violento y degradado como el nuestro, se puede interpretar como una forma de legitimar la violencia contra servidor público y desmotivar a este, dándole supremacía a los comportamientos vandálicos de los delincuentes.
En estas condiciones es imprescindible concluir que los uniformados estarían “maniatados”, física y psicológicamente ante la acción violenta de desadaptados sociales, enfrentando cobardemente a una autoridad inerme.
Adicionalmente las modificaciones impuestas al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), hoy llamado Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), al cual no solo se le cambia su naturaleza, capacitación y entrenamiento, sino que lo transforma en un cuerpo de diálogos y concertación con violentos, tarea que no le compete a la policía y para la cual no se creó este cuerpo uniformado, entendiendo por experiencia, que la actitud de los protestantes pueda ser de vandalismo y violencia extrema, como existen estadísticas recientes.
Con este tipo de disposiciones, no se puede obligar legalmente a la policía a realizar acciones, fuera de su órbita misional, institucional y constitucional. Se hace caso omiso al grave riesgo y a la condición de peligro inminente, respecto a la integridad de los servidores públicos, situaciones a las cuáles se han visto abocados integrantes de la policía y el ejército, donde incluso han sido heridos gravemente y otros han perdido la vida en el cumplimiento de su deber.
Esta creciente incertidumbre ha causado como efectos colaterales, la renuncia de 23 oficiales, que solicitaron su retiro del servicio activo en julio y agosto y fue aceptada hace unos días por la Institución; adicionalmente la perplejidad de gran parte de los integrantes del cuerpo uniformado, se debe a la “poda” de 21 generales, varios de ellos, con innegables condiciones profesionales, que fueron despedidos durante el actual gobierno.
“Se fueron los que más sabían de seguridad y lucha contra el crimen”, manifestaron integrantes de la institución policial, hace unos días por los medios de comunicación a la opinión pública.
Una de las preguntas que surgen, con relación a la ralentización operativa del ejército y la policía, obligada y dispuesta por este gobierno, es que, sin adelantar previamente ningún tipo de acuerdo inicial, con los grupos delincuenciales y terroristas, solo se hallan dado algunos acercamientos individuales y sectorizados, con aparentes representantes de estos grupos, pero aún sin conocer a ciencia cierta la naturaleza, los condicionamientos y las pretensiones de los antisociales, se tomen medidas tan inoportunas contra las operaciones de prevención y lucha contra el delito.
Me parece incluso irresponsable la determinación oficial respecto a la decisión, de un ministro de defensa, neófito en operaciones contra la delincuencia y, aun así, se determine disminuir progresivamente las capacidades y fortalezas operativas de la Policía y el Ejército.
Fuentes de la Dijín, la Dirección Antinarcóticos y Dirección de Inteligencia, así como de la Fiscalía, han reiterado con creciente preocupación, que las operaciones contra objetivos delincuenciales de alto valor están inexplicablemente frenadas por orden directa, del ministro de la defensa y seguramente de Petro.
En estos momentos no hay operaciones de control, seguimiento, inteligencia y bombardeos puntuales a grupos armados ilegales, ubicados con exactitud y que siguen delinquiendo a lo largo y ancho del territorio nacional.
Tampoco se han dado ningún tipo de capturas de capos de bandas, cabecillas de grupos narcoterroristas o de cabecillas de grupos delincuenciales, es decir que a los antisociales se les concedió “patente de corso”, para delinquir a sus anchas, bajo la mirada atónita de la sociedad.
Esa peligrosa quietud desesperante, llamado por los marineros como “calma chicha”, viene estimulando otro tipo de acciones delincuenciales tales como, fenómenos de invasión de tierras y propiedades privadas productivas, con triquiñuelas seudolegales, y sofismas de comunidades indígenas y negras, ante la mirada impávida y aparentemente complaciente de los ministros del interior, del de defensa, de la de agricultura y del de justicia, situaciones que se multiplican peligrosamente día a día, en diversos sectores del país.
Pero no solamente las acciones constitucionales de la policía tienen “orden de detención”, también las operaciones conjuntas entre militares y policías, que han redundado en impresionantes réditos para el Estado colombiano y sonados éxitos, en contra de los grupos ilegales. Me refiero a operaciones como Agamenón-Cóndor (contra Clan del Golfo), Aquiles (Bajo Cauca), Esparta (Catatumbo), Atenea (Llanos Orientales) y Artemisa (delitos ambientales) están detenidas, mientras los delincuentes se pavonean por pueblos y ciudades y asumen funciones de control militar de área, como parte del enfoque estratégico de seguridad, promulgado, por lo que denomina el insensato gobierno de Petro, como “paz total “
El restablecimiento del orden público, no es un acto de naturaleza violenta en sí. Equiparar una manifestación violenta de manifestantes o de grupos al margen de la ley, con acciones de fuerza necesaria, aplicadas por la policía o el ejército, es un estímulo explícito a la práctica de la apología al delito. Mientras la primera hace parte no sólo de la Constitucionalidad de los Estados, incluyendo a los países socialistas, este es también una obligación de carácter jurídico, social y económico.
La protesta violenta, es en cambio, una transgresión a la ley y orden, en todos los países del mundo, enmarcados dentro del estado de derecho. Tratar de deslegitimizar la acción de las fuerzas del orden, con la anuencia oficial, es otra forma de desinformar, confundir y engañar a la opinión pública con pretensiones populistas, medidas que son muy bien recibida por vándalos y violentos, pero en cambio perjudican a los ciudadanos que actúan dentro del marco legal.
El ministro de defensa, a pesar de su extrema ignorancia, en materia de operaciones militares y policiales, parece no estar interesado en escuchar a los mandos de las dos instituciones, sobre la misión constitucional de las mismas, así como recibir las consultas y asesoría en el planeamiento de la hoja de ruta, contra la delincuencia, la cuál debe ser construida, así se esté desarrollando la llamada “paz total” de Petro.
Las operaciones de control, no se pueden detener nunca, pues eso sería renunciar a una obligación y deber constitucional, la delincuencia puede llegar a unos acuerdos previos, pero que estos certifiquen el correcto y sincero comportamiento legal y acogimiento a la ley por parte de estos grupos, es otra cosa. Países sin los índices de terrorismo y delincuencia, mucho más bajas que Colombia, mantiene muy activas sus fuerzas de seguridad, porque estas cumplen adicionalmente una importante acción de carácter preventivo y de preservación del orden, que es responsabilidad indeclinable de todo gobierno.
