Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Ganamos la elección, pero no del todo la democracia. La diferencia de 250.830 votos ha debido ser mayor, pero el voto fusil en zonas de conflicto y un Estado vuelto jefe de campaña lo impidieron. Sin eso, el triunfo habría sido aplastante.
Colombia salvó su democracia. Y, sin embargo, la forma en que se llegó a ese resultado debería inquietarnos tanto como aliviarnos. Con el 99,99 % de las mesas, Abelardo de la Espriella se impuso a Iván Cepeda por apenas 0,96 puntos, en una jornada que la OEA calificó de legítima y transparente. Pero una democracia madura no se mide solo por contar bien los votos, sino por garantizar que cada uno se emitió en libertad. Y ahí esta elección dejó grietas que sería irresponsable ignorar.
Pongo las cartas sobre la mesa: quien escribe votó por Abelardo de la Espriella/José Manuel Restrepo, convencido de que encarna la opción de la democracia, las libertades y la libre empresa frente a un proyecto —el de Cepeda— que, a mi juicio, es una apuesta orientada a implantar el mismo modelo comunista que ya arruinó a Cuba y a Venezuela. Que se haya impuesto es, por fortuna, una buena noticia para la institucionalidad del país. Pero defenderlo obliga a ser más exigente con la calidad democrática del proceso: una parte nada despreciable de la votación por Cepeda, sobre todo en ciertas regiones, difícilmente puede llamarse voto libre. De hecho, la coacción del voto y el ladeo del aparato estatal ayudan a explicar por qué la diferencia no fue tan amplia como anticipaban las encuestas.
El mapa que incomoda
Hay un dato que ningún análisis serio debería ignorar: en zonas con presencia histórica de grupos armados ilegales, la votación se concentró de forma anómala en un solo candidato. Según el preconteo de la Registraduría, Cepeda obtuvo el 75,64 % en el Cauca, el 81,37 % en Chocó y el 76,73 % en Nariño. Por sí solos no prueban coacción. Pero en territorios donde estructuras armadas dictan quién entra, quién sale y a qué hora se cierra el camino, la pregunta se impone: ¿qué tan libre es el voto cuando quien lo emite sabe que el actor armado conoce el resultado mesa por mesa, o cuando hay denuncias de carnetización?
Y no es una inquietud partidista: el voto bajo presión armada es inadmisible favorezca a quien favorezca. El problema no es el beneficiario, sino que la coacción vacía de contenido el acto democrático más elemental.
El Estado no puede ser un actor de campaña
La segunda preocupación trasciende a cualquier gobierno: la tentación del poder de turno de poner la maquinaria pública al servicio de un candidato. Recursos, contratos, nóminas y el púlpito de la jefatura del Estado son ventajas que ninguna oposición iguala; cuando el jefe del Estado se vuelve jefe de debate, la cancha deja de estar nivelada. La neutralidad estatal en campaña no es un favor, sino una obligación constitucional que vale igual para este gobierno y para el que llega: la salud de una democracia no puede descansar en la voluntad del gobernante, sino en reglas que lo obliguen aunque no quiera.
Los guardianes que llegaron tarde
Aquí está la falla más costosa. Colombia sostiene una Contraloría, una Procuraduría y unas autoridades electorales de presupuestos colosales, diseñadas para vigilar precisamente esto. Y, sin embargo, frente a la coacción del voto y al uso partidista de lo público, su prevención fue marginal: reaccionan tarde, cuando el daño está consumado. La propia Misión de Observación Electoral advirtió conductas que comprometerían la neutralidad de algunos jurados; pero advertir no es impedir.
Qué tendría que cambiar
Denunciar obliga a proponer salidas, y cuatro parecen ineludibles. Primera: protocolos especiales de votación en zonas de control armado, con acompañamiento reforzado, observación internacional y auditorías en tiempo real sobre mesas con resultados improbables. Segunda —y es la que más urge—: que el voto fusil, el sufragio arrancado a punta de coacción armada, tenga una consecuencia jurídica contundente. La Constitución (artículo 258) ordena que el sufragio sea libre; donde se pruebe que dejó de serlo, anular las mesas afectadas no es un exceso ni un capricho de perdedores, sino la única forma de honrar ese mandato. Un solo voto forzado ya es un fraude a la democracia; miles, concentrados en unas mismas mesas, no pueden quedar legitimados por el solo hecho de haber sido contados. Tercera: sanción efectiva contra el uso de recursos públicos en campaña, con capacidad de actuar durante la contienda y no años después. Cuarta: dotar a los órganos de control de instrumentos de intervención preventiva, porque un control que solo documenta el daño es un testigo costoso, no un guardián.
Reconocer la derrota también es democracia
El talante democrático no se mide solo al ganar, sino al perder. Cepeda reconoció el preconteo como un dato “no oficial ni vinculante” y anunció la impugnación de 33.000 mesas —el 27 % del total—, pese a que su alcance no bastaría para revertir 250.830 votos. Impugnar es legítimo; otra cosa es convertir una derrota clara en una sombra permanente sobre el resultado. Más delicado aún fue el papel de Gustavo Petro, quien escribió que “no se puede proclamar ninguno presidente” y alentó la impugnación desde la cuenta del jefe del Estado. Un mandatario saliente no es un militante más: su deber era garantizar imparcialidad y allanar la transición, no sembrar dudas sobre la autoridad electoral que su propio Gobierno ayudó a integrar.
¿Y la responsabilidad del presidente?
Queda una pregunta que el país no debería esquivar: si se comprueba que la Presidencia puso los resortes del poder al servicio de una candidatura, ¿qué consecuencia cabe? El ordenamiento ofrece vías sobre el papel: la Ley 996 de 2005 prohíbe el uso de recursos oficiales con fines proselitistas y el Consejo Nacional Electoral puede investigar la financiación de campaña. Pero la responsabilidad personal del presidente, amparada por su fuero, solo la define la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que acusa ante el Senado: un diseño que, pensado para proteger la investidura, en la práctica lo blinda. A partir del 7 de agosto, ya fuera del cargo, ciertos reproches podrían examinarse con menos obstáculos. Que el camino sea estrecho no es excusa para el olvido: dejar impune la instrumentalización del Estado es la mejor manera de garantizar que se repita. De ahí que el país no deba renunciar a exigirle responsabilidad a Petro, dentro y fuera del cargo.
Las urnas hablaron y su veredicto debe respetarse. El punto es que una victoria estrecha, en un país con territorios donde el voto no siempre es libre y con un aparato estatal tentado a inclinar la balanza, deja una tarea que no admite aplazamiento. Celebrar el triunfo y guardar silencio sería traicionarlo: la esperanza en el nuevo gobierno solo será coherente si viene con exigencia —anular sin contemplaciones las mesas donde mandó el fusil y no la conciencia del votante, impedir que ningún presidente confunda el Estado con su comando de campaña y obligar a los órganos de control a actuar a tiempo—. Defender la democracia que el domingo se salvó no es cosa de un día ni de una fecha en el calendario: empieza hoy, nos corresponde a todos y, desde el 7 de agosto, deberá continuar con más fuerza que nunca.
