Por: Abelardo De La Espriella
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El señor Alberto Brunori, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), hoy en cabeza de la izquierdista chilena Michelle Bachelet, reveló un informe sobre el estado de los derechos humanos en nuestra patria querida, cargado de imprecisiones, mentiras, manipulaciones y valores subjetivas, de naturaleza política.
Desde mediados de la década de los 90 de la centuria pasada, cuando el gobierno del narcopresidente Ernesto Samper permitió el ingreso de esa oficina de Derechos Humanos a nuestro país, los representantes de la misma se convirtieron en insoportables dolores de cabeza, porque, en vez de cumplir, a cabalidad sus funciones, ejercieron como validadores de los sectores más reaccionarios de la extrema izquierda.
Aquellos delegados de la ONU que no se alinearon obedientemente con la izquierda, cayeron en desgracia. Recuerdo vivamente el caso de la española Almudena Mazarrasa, que en principio fue aplaudida a rabiar, cuando elevó críticas contra el paramilitarismo. Ella, quizás, fue la primera persona en cuestionar a las Convivir, cooperativas creadas por el gobierno de César Gaviria, y puestas en marcha durante el de Samper.
Pero, al recorrer el país y descubrir la real magnitud de la violencia guerrillera, de la brutalidad cometida por las Farc y el ELN, Mazarrasa empezó a hablar duro contra esas organizaciones. ¡Y quién dijo miedo! Se convirtió en el coco. Las organizaciones “defensores de los Derechos Humanos” la cuestionaron y descalificaron, hasta que fue retirada de su cargo.
Desde entonces, el requisito sine qua non para ocupar ese cargo es el de fungir como un obediente defensor de la agenda mamerta, al margen de la realidad y de la verdad.
El de Brunori es un esplendoroso ejemplo de la decadencia del multilateralismo. Sistemas como el de las Naciones Unidas, creados con propósitos superiores de asistir a los Estados en aspectos esenciales, se convirtieron en organizaciones hiperburocratizadas, llenas de funcionarios dedicados a la lagartería internacional.
El multilateralismo agoniza desde hace mucho tiempo y, en lo personal, creo que Colombia debe dejar de ver a esos organismos con respeto reverencial, cuando en realidad se trata de estructuras politizadas que, sin mandato alguno, intervienen en los asuntos internos de nuestro Estado.
Esta no es la primera vez que Brunori agrede a nuestro país. A comienzos del año pasado, el embajador ante las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, se vio en la obligación de confrontarlo, luego que de aquel -Brunori- presionara indebidamente al presidente Duque para que sancionara, sin objeciones, a la nauseabunda ley estatutaria de la JEP.
Preguntémonos con serenidad y cabeza fría si realmente necesitamos a la oficina que hoy dirige el señor Alberto Brunori. Se equivocan aquellos que ingenuamente consideran que, cambiándolo, el problema quedará solucionado. Quien llegue en su reemplazo, en el mejor de los casos, será como él, si es que no tenemos la desventura de que sea peor.
Nuestro Estado social de derecho es sólido y cuenta con las instituciones suficientes para propender por la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Aquel asunto, que es de singular importancia para la salud de la República, requiere acciones concretas; no de la intromisión permanente de una oficina que, en vez de cumplir a rajatabla el mandato que regula su presencia en nuestro territorio, se dedica a hacer politiquería ruin.
Así que planteo el debate: Colombia, tiene el deber de revisar su relación con las Naciones Unidas, específicamente en lo que tiene relación con esa malhadada oficina de la Comisionada de los Derechos Humanos.
Si aquellos funcionarios hicieran su trabajo rigurosa y honorablemente, los cuestionamientos no tendrían cabida. Pero los hechos son tozudos. De manera sistemática, esa oficina ha funcionado como un directorio político que irrespeta alevosamente nuestra soberanía y se inmiscuye en los asuntos domésticos de Colombia. Eso es inaceptable.
Tengo entendido que, en las próximas semanas, el señor Alberto Brunori se irá del país, por culminación del periodo de su designación. Es buen momento para que el gobierno del presidente Iván Duque anuncie el cierre definitivo de esa oficina que más mal que bien le ha hecho a nuestra nación.
La ñapa I: La Corte Suprema sigue “luciéndose”: nombró al declarado y furioso antiuribista Hugo Quintero Bernate, como nuevo magistrado de la Sala Penal de esa corporación. La persecución será inclemente. Quedamos advertidos.
La ñapa II: Y, a propósito de derechos humanos, digno de aplauso el regaño que la alcaldesa de Bogotá le pegó al “Comité de Derechos Humanos” de la Universidad Distrital, por mentir en una carta dirigida a ella, en la que ese “organismo” ponía de presente la actuación de la Fuerza Pública durante las protestas de la semana pasada. Con videos en mano, los puso convenientemente en su lugar.
La ñapa III: Con todo el respeto del caso, por razones de salud pública, no fue conveniente la repatriación de los connacionales que se encontraban en Wuhan (China), epicentro del coronavirus que tiene al mundo con las alarmas prendidas.
