Por: El Expediente
Hay una frase, incluida en el balance que el propio ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Alberto Arjona Hincapié, firmó dentro del Libro de la Verdad, que resume mejor que cualquier cifra aislada el estado en que el gobierno de Gustavo Petro entregó la cartera ambiental colombiana: creció la nómina, cayó el bosque. Es un titular que el propio Ministerio se puso a sí mismo, y que el informe respalda con un conjunto de datos difícil de rebatir.
Mientras la deforestación avanzaba sin freno —435.000 hectáreas perdidas entre 2022 y 2025, la gran mayoría en la Amazonía colombiana—, la estructura administrativa del Ministerio hacía exactamente lo contrario de lo que la lógica indicaría en un contexto de crisis ambiental: crecer. Los contratos de prestación de servicios por contratación directa pasaron de 142, por un valor de $2.121 millones, en 2022, a 1.199 contratos por $83.583 millones en 2025: un incremento del 744% en el número de contratos, y de casi 39 veces en el valor comprometido. Al cierre de la gestión, se sumaron además 21 nombramientos en provisionalidad en cargos estratégicos de la entidad. La entidad, en palabras del propio informe, se hizo más grande sin hacerse más capaz.
La pregunta obligada es qué pasó con el dinero que sí estaba destinado, específicamente, a conservar. El Fondo para la Vida y la Biodiversidad recibió apropiaciones por $1,8 billones de pesos, y ejecutó, en promedio, apenas el 16,5% anual entre 2023 y 2025; en 2024 la ejecución cayó hasta el 9% sobre $868.694 millones disponibles. No es, como advierte el propio Libro de la Verdad, un problema meramente contable: es agua que no se protegió, restauración ambiental que no se realizó, y comunidades enteras que esperaron un proyecto de conservación que, según toda la evidencia documentada, nunca llegó a materializarse.
Cuando el Ministerio sí logró ejecutar recursos, tampoco lo hizo siempre de manera correcta. El informe documenta que se comprometieron $474.129 millones del Sistema General de Regalías en 25 proyectos ambientales durante 2025, desconociendo de manera reiterada la regla más básica del proceso de selección: aprobar los proyectos en orden descendente según su calificación técnica. El caso más grave dentro de ese patrón es AREMCA, que recibió $43.435 millones para ejecutar proyectos en el Cesar mediante dos resoluciones —una firmada por la entonces viceministra encargada Lilia Tatiana Roa, otra por la ministra encargada Irene Vélez Torres—, y que hoy se encuentra bajo investigación penal activa.
El costo humano de este deterioro institucional es, quizás, el dato más grave de todo el hallazgo, y trasciende cualquier cifra presupuestal: Colombia registró, durante 2024, 48 de los 146 homicidios de personas defensoras del ambiente documentados en todo el mundo, después de 79 casos similares en 2023. Como resume el propio Libro de la Verdad con una frase que no necesita explicación adicional: donde el bosque cae, el Estado también se retira, y quienes primero lo advierten son los que pagan el precio. Colombia, el país con la mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del planeta, se convirtió, bajo estas cifras, en el lugar más peligroso del mundo para quienes se dedican, precisamente, a protegerla.
El nuevo gobierno hereda, entonces, no solamente un bosque más pequeño y una entidad administrativamente inflada sin capacidad real de conservación, sino la responsabilidad urgente de revertir una tendencia que combina, de manera simultánea, el crecimiento burocrático, la parálisis presupuestal en conservación efectiva, y el riesgo más alto del mundo para quienes defienden el territorio. Recuperar la autoridad ambiental del Estado colombiano, como reconoce el propio informe, no es una tarea que admita otro cuatrienio de espera.
