Por: El Expediente
El Canal del Dique es una de esas obras de infraestructura hídrica cuya importancia trasciende cualquier gobierno particular: un proyecto de recuperación ambiental y control de inundaciones en una de las zonas más vulnerables del Caribe colombiano, con un contrato de $3,2 billones de pesos suscrito con la constructora española Sacyr. Es, por su tamaño, uno de los compromisos de infraestructura más grandes que revisó el Equipo Élite Anticorrupción durante todo el proceso de empalme, y también uno de los que mejor ilustra cómo un problema técnico puede convertirse en años de parálisis costosa.
Según documenta el Libro de la Verdad, el proyecto lleva cuatro años paralizado, no por falta de financiación ni por un escándalo de corrupción en el sentido tradicional, sino por una falla en la estructuración jurídica del componente ambiental de la obra. Es decir: un proyecto de $3,2 billones de pesos, con un contratista internacional de la envergadura de Sacyr ya comprometido, quedó atrapado durante cuatro años completos por un problema que debió haberse resuelto en la fase de diseño y estructuración, antes de que el contrato siquiera se firmara.
El costo de esa parálisis no se mide únicamente en el dinero comprometido que no se ha traducido en obra física: se mide también en el riesgo ambiental acumulado en una zona del país donde el control de inundaciones no es un lujo de ingeniería, sino una necesidad que protege directamente a las comunidades que viven en las cuencas cercanas al canal. Cuatro años de retraso en un proyecto de recuperación ambiental de esta magnitud significan, en la práctica, cuatro años adicionales de exposición a los mismos riesgos hídricos que la obra estaba destinada a mitigar. Lo que este caso revela, más allá de sus cifras específicas, es una falla de las que rara vez ocupan titulares llamativos pero que resultan, en el largo plazo, tan costosas como cualquier acto de corrupción deliberada: la incapacidad del Estado colombiano para estructurar jurídicamente, desde el principio, proyectos de infraestructura de gran escala con toda la rigurosidad ambiental y legal que exigen, evitando así que errores de diseño institucional terminen paralizando, durante años, inversiones ya comprometidas y contratistas ya seleccionados. El nuevo gobierno hereda no solo la obra sin terminar, sino la responsabilidad de resolver, primero, el nudo jurídico que ningún funcionario logró destrabar durante cuatro años consecutivos
