Por: Gustavo Rugeles | El Expediente
Una investigación de El Expediente revela cómo el proceso de selección de jueces y magistrados más largo y costoso de la historia judicial colombiana —75.000 millones de pesos en siete años— terminó siendo ejecutado por una empresa que no era universidad, que usó inteligencia artificial para excluir candidatos y que retiene las grabaciones de los exámenes sin que ningún aspirante haya podido acceder a la totalidad de la suya. Este es el primero de siete capítulos que El Expediente publicará en las próximas semanas.
El 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura firmó el Acuerdo PCSJA18-11077 para abrir la Convocatoria 27: el concurso de méritos con el que Colombia elegiría, por primera vez en años, a los jueces y magistrados que atenderían los despachos del país. El proceso duraría, calcularon, un tiempo razonable. Hoy, en 2026, ese concurso no ha terminado.Han pasado siete años y cuatro meses.
En ese tiempo, el contrato para capacitar a los aspirantes pasó de 14.600 millones de pesos a 25.000 millones —una adición de más de 10.000 millones que nadie explicó públicamente—. Y eso representa apenas el 20% del concurso. El 80% restante del proceso, que incluye las pruebas de conocimiento y la conformación de listas de elegibles, implicó aproximadamente 50.000 millones de pesos adicionales. En total, la Convocatoria 27 le ha costado al Estado colombiano alrededor de 75.000 millones de pesos.
La universidad pública que debía impartir las clases confirmó, en respuesta a un derecho de petición, que ninguno de sus profesores ni funcionarios participó en el curso. Los exámenes fueron aplicados, al menos en parte, por una empresa privada que no era universidad, no tenía facultad de derecho, no estaba acreditada ante el Ministerio de Educación y no participó en el proceso licitatorio de la Rama Judicial.
Más de 500 recursos de apelación fueron resueltos con inteligencia artificial generativa. Y las grabaciones de los exámenes virtuales —solicitadas por aspirantes excluidos como prueba en procesos judiciales— no existen.
El resultado es este: después de siete años, la Rama Judicial ha comenzado a expedir las primeras listas de elegibles — 11 hasta la fecha, con otras 14 anunciadas para las próximas semanas —, pero el número de candidatos activos en el proceso ronda los 2.800, insuficiente para cubrir las aproximadamente 3.100 vacantes judiciales disponibles. El concurso diseñado para resolver el déficit de jueces en Colombia no alcanzará a llenarlo.
Colombia tiene un déficit de jueces que no alcanzará a cubrir ni con los ganadores del proceso que se diseñó para resolverlo.Esta investigación fue construida sobre contratos públicos del SECOP II, derechos de petición respondidos por las propias instituciones involucradas, tutelas, sentencias de la Corte Constitucional, informes de reestructuración empresarial y una comunicación formal que una organización internacional de derechos humanos elevó en noviembre de 2025 ante cuatro Relatores Especiales de las Naciones Unidas.
La arquitectura de un proceso que se cayó en todas sus etapas
La Convocatoria 27 se diseñó en fases. La primera fue un examen de conocimiento, realizado el 2 de diciembre de 2018. La segunda fue el IX Curso de Formación Judicial Inicial, a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla —la entidad de la Rama Judicial responsable de la formación de sus funcionarios.
La tercera, todavía inconclusa, es la clasificación definitiva y la conformación de la lista de elegibles.Cada etapa generó su propia crisis.El examen de 2018 tuvo errores en el ensamblaje de los cuadernillos, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las preguntas. En 2019, la Universidad Nacional, contratada para ese primer examen, emitió correcciones. Aun así, en octubre de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura anuló todas las calificaciones mediante la Resolución CJR20-0202 y ordenó repetir las pruebas. Quienes ya habían aprobado interpusieron tutelas.
En agosto de 2021, la Corte Constitucional suspendió cautelarmente el nuevo examen mientras estudiaba si la anulación había violado el derecho al debido proceso y la confianza legítima de los aspirantes. Esa primera batalla legal fue apenas el prólogo de lo que vendría.Para ejecutar el IX Curso de Formación Judicial, el núcleo del proceso, la fase en la que los aspirantes debían recibir instrucción jurídica de alto nivel antes de convertirse en jueces, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla abrió en 2019 el Concurso de Méritos No. 010.
El único proponente fue la Unión Temporal Formación Judicial 2019, integrada por dos partes: la empresa EDISTRIBUTION SAS, con el 50% de participación, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con el otro 50%.
El contrato se firmó el 30 de diciembre de 2019 bajo el número C01.PCCNTR.1240112. Su objeto: capacitar en altos estándares jurídicos a los futuros jueces y magistrados de Colombia. Su cláusula 19 era explícita: prohibición de subcontratar o ceder el objeto del contrato sin autorización previa y escrita de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.
Lo que ocurrió a continuación está documentado en tres contratos y en una respuesta oficial de la propia UPTC.El representante de la Unión Temporal, Felipe Wilson Martínez, suscribió con la empresa ETRAINING SAS tres acuerdos que le transfirieron, en la práctica, la totalidad del curso. El primero, el 7 de enero de 2020, cedió las licencias y los contenidos digitales del curso por 750 millones de pesos. El segundo, el 18 de junio de 2020, transfirió la ejecución completa del IX Curso de Formación Judicial por 8.443 millones de pesos. El tercero fue suscrito directamente entre EDISTRIBUTION SAS y ETRAINING SAS para realizar las evaluaciones mediante inteligencia artificial, por 1.932 millones de pesos.
Esas tres operaciones pusieron en manos de ETRAINING SAS —sin licitación, sin acreditación, sin facultad de derecho— la responsabilidad de instruir y evaluar a los aspirantes a ser jueces en Colombia.La UPTC, la universidad pública cuya presencia era la que, en teoría, daba respaldo académico a la propuesta, respondió en julio de 2025 a un derecho de petición presentado por el abogado y aspirante Jorge Ignacio Tamayo Gómez.
La respuesta fue categórica: ninguno de sus docentes, investigadores ni funcionarios administrativos participó en el desarrollo, ejecución o evaluación del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
ETRAINING SAS, mientras tanto, se encontraba en proceso de reestructuración empresarial. En los informes que la empresa entregó a sus acreedores, proveedores y accionistas durante ese proceso —documentos de acceso legal—, la compañía describe la ejecución del IX Curso de Formación Judicial como una de sus actividades en curso y confirma la recepción de los recursos adicionales girados por la Rama Judicial.
Esos recursos elevaron el valor total del contrato de 14.600 millones a 25.000 millones de pesos.Hay un dato que no aparece en los registros públicos de la Superintendencia de Sociedades: EDISTRIBUTION SAS hace parte del grupo empresarial de ETRAINING SAS. Y Felipe Wilson Martínez, el representante que firmó la cesión a ETRAINING, era simultáneamente empleado de esa misma empresa.
La pregunta que se desprende de esa cadena de hechos es sencilla y todavía no tiene respuesta oficial: ¿para qué realizó la Rama Judicial un proceso licitatorio si quien terminó ejecutando el contrato fue una empresa que no participó en él, no fue autorizada por la entidad contratante y no cumplía los requisitos que la ley exige?
Los exámenes, la plataforma que colapsó y las grabaciones que desaparecieron
El IX Curso de Formación Judicial se desarrolló de manera virtual. La plataforma elegida para las evaluaciones fue Klarway. Antes de los exámenes oficiales, realizados en mayo y junio de 2024, el sistema fue sometido a pruebas con los más de 3.000 aspirantes conectados simultáneamente. En cada ensayo, la plataforma colapsó. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla decidió continuar con Klarway de todas formas.
En los exámenes reales, los problemas técnicos afectaron el desempeño de cientos de candidatos. Más de 200 aspirantes no pudieron ingresar a la prueba. Otros reportaron que más de 20 preguntas tenían doble clave o errores en la respuesta correcta. Las preguntas con mayor peso cuantitativo, cada una equivalente a 10 puntos, exigían a los candidatos identificar, entre sinónimos, la palabra exacta que un autor había utilizado en su texto.
El sistema, además, grabó a los candidatos en sus hogares y recopiló datos biométricos —reconocimiento facial, entre otros— sin que existiera una justificación técnica ni legal clara.
Esos datos quedaron en poder de ETRAINING SAS. Cuando los aspirantes excluidos solicitaron las grabaciones de sus exámenes para utilizarlas como evidencia en procesos judiciales, ninguno recibió su registro completo. Las grabaciones existen, pero hasta la fecha ningún candidato ha podido acceder a la totalidad de su propio examen. En un proceso judicial donde esas grabaciones son la principal prueba disponible, su retención efectiva deja a los afectados sin la posibilidad real de defenderse.
El uso de inteligencia artificial no se limitó a las evaluaciones. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla resolvió más de 500 recursos de reposición interpuestos por aspirantes que cuestionaron su exclusión del proceso. Una parte de esos actos administrativos fueron motivados con inteligencia artificial generativa. En algunos de esos documentos, según consta en los registros del proceso, quedaron visibles los fragmentos —los llamados prompts— con los que se operó la herramienta.El 3 de febrero de 2026, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional emitió la Sentencia T-008 de 2026. El tribunal estudió ocho tutelas presentadas por 60 candidatos excluidos, quienes alegaban violación al debido proceso, al principio de mérito, a la igualdad y al acceso a cargos públicos.
La Corte las declaró todas inadmisibles por la figura de la subsidiariedad: los afectados, dijo, debían acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y no a la tutela.
Sobre el uso de inteligencia artificial en los actos administrativos, el tribunal reconoció que se trataba de una práctica novedosa con posible incidencia en derechos fundamentales, pero estableció que esa circunstancia no habilita de forma automática la intervención del juez de tutela. El análisis quedó remitido al juez ordinario, en un proceso que puede tardar años.
El concurso, según la misma Corte, debe continuar de manera célere.La sentencia tuvo otro efecto que los aspirantes señalan como particularmente grave: revocó los fallos de tutela que habían ordenado la reincorporación de candidatos al proceso.
Quienes habían litigado y ganado en primera instancia fueron devueltos al punto de partida. La situación ha trascendido las fronteras colombianas: organizaciones internacionales de derechos humanos han documentado las irregularidades del proceso y han elevado comunicaciones formales ante instancias multilaterales. Sus conclusiones serán parte de una entrega posterior de esta investigación.
Hay aproximadamente 400 candidatos excluidos que mantienen cerca de 300 demandas ordinarias activas, la mayoría sin resolver después de más de 11 meses. La rama judicial, por su parte, anunció que abrirá una nueva convocatoria de selección con dos listas de elegibles concurrentes, un mecanismo que, según los afectados, dejaría por fuera definitivamente a quienes fueron excluidos de manera irregular del proceso actual.
Colombia tiene hoy más vacantes judiciales que candidatos disponibles para ocuparlas. Los despachos siguen funcionando con jueces provisionales y en encargo —los llamados jueces en provisionalidad —, una figura que se diseñó como solución temporal y que lleva años siendo la regla.
La Convocatoria 27 se creó para acabar con esa situación. Siete años después, la ha profundizado.
Las próximas entregas
La Entrega II examinará en detalle el contrato C01.PCCNTR.1240112 y la cadena de subcontrataciones que lo vaciaron de contenido: quiénes son ETRAINING SAS, EDISTRIBUTION SAS y Felipe Wilson Martínez, qué dicen los informes del proceso de reestructuración empresarial y cuánto dinero público recibió una empresa que la Rama Judicial nunca contrató directamente.
La Entrega III analizará el uso de inteligencia artificial en la evaluación de los aspirantes y en la resolución de sus recursos: los prompts visibles, la Sentencia T-008 y el precedente que queda sobre el uso de algoritmos en decisiones administrativas que afectan derechos fundamentales.
La Entrega IV se concentrará en Klarway: su contratación, sus fallas técnicas documentadas, la recolección de datos biométricos sin consentimiento real y la desaparición de las grabaciones que fueron solicitadas como prueba judicial.
La Entrega V hará la radiografía financiera y humana del concurso: el costo total para el Estado, las adiciones al contrato, el número de candidatos activos frente a las vacantes disponibles y las consecuencias del sistema de jueces provisionales que se perpetúa mientras el proceso no termina.
La Entrega VI ofrecerá un análisis comparado sobre cómo otros países de la región seleccionan a sus jueces y qué cambios estructurales requiere Colombia para que una situación como la de la Convocatoria 27 no se repita.
