Por: Saúl Hernández Bolívar
En La Habana también se ferió la autoridad y se determinó que la ‘protesta social’ no podía ser ‘reprimida’ por el Estado.
El terrorismo desatado en varias ciudades de Colombia no tiene nada que ver con la desafortunada reforma tributaria. Estas protestas habían sido programadas de tiempo atrás como una continuación de las asonadas desatadas en el continente en el 2019, las cuales habían quedado en suspenso con ocasión de la pandemia. Lógicamente, se necesitaba un buen pretexto para movilizar a tanto idiota útil que sirve de comparsa a los violentos y, para ello, nada mejor que una reforma inoportuna que pretendía subir los impuestos de las clases medias hacia arriba para darles subsidios a los pobres.
Pero es que a la izquierda nada le sirve. El presidente Duque cometió un grave error de cálculo al creer que le iban a aplaudir la propuesta de repartir ayudas a manos llenas. Pensó que otro de sus coqueteos socialistoides —como el del régimen de protección a migrantes venezolanos— iba a amansar a las fieras. Tampoco previó que los políticos tradicionales se le iban a ir lanza en ristre, pensando en sus candidaturas del año entrante, y con el ánimo pendenciero de propinarle una derrota al uribismo, aunque este gobierno de uribista no tiene mucho. Duque pasó por alto, además, que si César Gaviria le arrodilló el Partido Liberal a Juan Manuel Santos para subir el IVA del 16% al 19% fue porque este los puso a nadar en mermelada. Es que, si bien todos ellos saben de las necesidades fiscales del país, nuestra casta política no hace semejante sacrificio por cualquier cosa.
Ahora, pecan de ingenuos quienes creen que si no se hubiera presentado la reforma —o si se hubiera retirado a tiempo—, nos habríamos ahorrado miles de millones de pesos en la destrucción de patrimonio público y privado, en muertos y heridos, y la desinstitucionalización que se profundiza sin atenuantes al padecerse una grave ausencia de autoridad en todo el país. Es obvio que al Gobierno le faltó olfato político al presentar el proyecto, pero también se equivoca al retirarlo porque demuestra una gran debilidad al ceder al chantaje. Así, la gobernabilidad en su último año será muy precaria.
No olvidemos que la reforma era solo un proyecto sujeto a muchos cambios, como siempre ocurre en el Congreso, no un asunto tramitado y apegado a la fórmula del «publíquese y cúmplase» con la que se expiden las leyes. Pero el Gobierno no fue capaz de explicar eso como tampoco de insistir en que esta reforma beneficiaba ampliamente a los más pobres, a esos 21 millones de colombianos que están en la pobreza monetaria (42,5% de la población) y los 7.5 millones que están en pobreza monetaria extrema (el 15,1%), a quienes se les pretendía entregar un subsidio directo y permanente tras esta pandemia que nos ha hecho retroceder ocho años en la superación de la pobreza.
Pero el meollo del problema, hay que repetirlo, no era la reforma tributaria. Hasta el izquierdista alcalde de Cali, hijo de uno de los máximos cabecillas del M-19, reconoció que el vandalismo desatado en esa ciudad fue premeditado. Lo que hemos visto en el país por estos días no es protesta pacífica, como repiten en algunos medios. Ni son actos de vandalismo protagonizados por infiltrados en las marchas, como también aducen en esos medios. No, es terrorismo puro y duro que pretende desestabilizar al país y a las instituciones, que pretende sembrar el caos para que nada funcione y llevar a la población al miedo y la desesperación, al reclamo unánime de verdaderos y profundos cambios en los que esperan hallar soluciones.
De hecho, se retiró la reforma y las protestas siguen. Se retiró un proyecto para legalizar las plataformas digitales de transporte (Uber, Cabify, etc.), y de todas maneras los taxistas salieron a paro, a enturbiarlo todo, ante el estupor de un Gobierno que no sabe qué hacer. Ni 500 policías heridos han sido suficientes para que el Gobierno se espabile. Tampoco el que Cali, la tercera ciudad de Colombia, esté al borde del desabastecimiento de víveres y gasolina, y que ya estén quemando colegios. En Pasto tumbaron la estatua de Antonio Nariño, el precursor de los Derechos del Hombre; en Acacías, Meta, quemaron la alcaldía; en Medellín, develaron un plan muy serio para atentar contra el sistema metro; en Bogotá, más de 40 estaciones de TransMilenio fueron destruidas y están fuera de servicio.
Se necesita la reciedumbre de carácter y la determinación con que Carlos Lleras Restrepo instauró un toque de queda el 21 de abril de 1970: «Son las ocho de la noche. A las nueve de la noche no debe haber gente en las calles. El toque de queda se hará cumplir de manera rigurosa y quien salga a la calle lo hará por su cuenta y riesgo, con todos los azares que corre el que viola en estado de guerra una prescripción militar». Lamentablemente, en La Habana también se ferió la autoridad y se determinó que la ‘protesta social’ no podía ser ‘reprimida’ por el Estado.
Ahora es Twitter el que echa por la borda cientos de años de filosofía política para quitarle al Estado su legítimo poder coercitivo, y es quien decide si, en defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, se pueden usar las armas o no. Esta red social no solo se atreve a censurar a líderes que no son de su agrado ideológicamente hablando, como Álvaro Uribe, sino a ignorar los Derechos Humanos de nuestros policías y soldados, quemados y vilipendiados a diario por una plebe que les perdió el respeto porque saben que no usarán sus armas.
¿No fue el Ejército de Estados Unidos el que se tomó las calles de Washington y los alrededores de la Casa Blanca y el Capitolio para evitar altercados en la posesión de Biden tras la supuesta toma del Congreso del 6 de enero? Eso es lo que se hace en todo el mundo, pero aquí las fuerzas del paro, que es la misma subversión de siempre, junto con todos sus amiguetes, quieren evitarlo a toda costa porque saben muy bien que si el Ejército sale a la calle, se les acaba la guachafita.
@SaulHernandezB
