Por: Bernardo Henao Jaramillo
El Instituto de Ciencia Política (ICP) presentó recientemente un estudio sobre los resultados de la primera vuelta presidencial en municipios de frontera y territorios con presencia de organizaciones armadas ilegales. El análisis identificó 722 puestos de votación con patrones considerados atípicos y 103 puestos adicionales donde se registraron comportamientos electorales inusuales, concentrando cerca de 327.000 votos efectivos y un potencial electoral cercano al medio millón de ciudadanos.
El estudio no concluye que exista fraude ni atribuye responsabilidad a ningún candidato o partido político. Su advertencia es distinta: en determinadas regiones del país podrían existir condiciones de presión, intimidación o control territorial que afectan la libertad del elector y que merecen especial atención por parte de las autoridades.
La discusión es incómoda, pero necesaria. En Colombia todavía existen territorios donde el elector no siempre ejerce plenamente su libertad política. Allí donde una organización criminal controla la movilidad de la población, vigila a las comunidades o impone reglas de comportamiento mediante la intimidación, la democracia resulta profundamente afectada.
Sin embargo, también hay que decirlo con responsabilidad. Por más preocupantes que sean las conclusiones de este estudio, otras posiciones similares como la del representante Andrés Forero, quien desde su cuenta de X manifestó que existe anormalidad en los resultados expuestos en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño. Agregó que: “Lo de Tumaco hay que investigarlo. Entre 1a y 2a vuelta la participación subió de 38,43 a 60,39%. Cepeda casi duplicó su votación mientras que la de Abelardo prácticamente fue igual. En varias mesas el 100% de los votos fue para Cepeda. Todo apunta al voto fusil”,
Por más sospechas que puedan existir sobre fenómenos de constreñimiento electoral, la segunda vuelta presidencial ya realizada se aprecia que no puede convertirse en una discusión de anulación masiva de votaciones. El mal denominado “voto fusil” no puede utilizarse para desconocer de manera generalizada la voluntad expresada en las urnas ni para privar de efectos el sufragio de miles de ciudadanos, especialmente cuando no existen pruebas individualizadas que permitan determinar qué votos fueron efectivamente producto de una coacción ilegal.
La democracia no se fortalece castigando al ciudadano que vive en zonas apartadas, muchas veces abandonadas por el propio Estado. Por el contrario, hacerlo equivaldría a victimizarlo dos veces: primero frente a quienes pretenden influir en su decisión política y después frente a quienes pretenden desconocer su participación electoral.
Si bien teóricamente podría afirmarse que se trata de una votación viciada por falta de consentimiento, la verdadera reflexión que deja esta situación es otra. El problema no está en las urnas. El problema está en los territorios. Ninguna democracia puede considerarse plenamente libre cuando existen regiones donde grupos armados ilegales ejercen niveles significativos de control social, económico o político e incluso administran justicia de facto.
Por ello, la respuesta institucional no debe concentrarse exclusivamente en revisar resultados después de las elecciones. La prioridad debe ser recuperar el control efectivo del territorio, fortalecer la presencia permanente de la Fuerza Pública, garantizar la protección de líderes sociales y testigos electorales, perseguir penalmente el constreñimiento al sufragante y la compra de votos comprobados, y reforzar los mecanismos de observación y vigilancia electoral en las zonas de mayor riesgo.
La discusión sobre el denominado “voto fusil” no debe utilizarse para reabrir indefinidamente elecciones ya celebradas ni para alimentar teorías sobre resultados imposibles de modificar. Debe servir para algo mucho más importante: comprender que la tarea pendiente no es anular votaciones sino liberar los territorios donde se encuentran esos votantes.
Porque una democracia no se defiende solamente contando votos. Se defiende garantizando que cada colombiano pueda depositar el suyo sin miedo, siempre en forma libre y secreta.
Por supuesto, corresponde también a las campañas y a los partidos políticos contribuir a que las elecciones en estas regiones se desarrollen en condiciones de plena libertad. Una de las formas más eficaces de hacerlo consiste en acreditar un número suficiente de testigos electorales y garantizar, con el apoyo de las Fuerzas Militares y de Policía, que estos puedan cumplir cabalmente su labor de vigilancia y control durante toda la jornada electoral.
En el análisis de lo ocurrido tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, las campañas y los partidos políticos tienen también una importante cuota de responsabilidad. Son frecuentes las afirmaciones en redes sociales sobre la existencia de amplias estructuras de control electoral desplegadas en todo el país. Sin embargo, esa capacidad de vigilancia no parece reflejarse en el número de reclamaciones, objeciones o denuncias formalmente presentadas ante las autoridades competentes.
Cacarean en las redes quienes afirman que tuvieron un número significativo de ciudadanos ejerciendo labores de control electoral lo que en la práctica no tuvo efecto mayor por el nimio número de reclamaciones formuladas.
A partir del análisis electoral de los resultados reportados y una vez consolidados los datos contenidos en los formularios E-14 —actas elaboradas en tres ejemplares destinados a transmisión, claveros y control electoral— resulta difícil sostener la viabilidad jurídica de una anulación masiva de la votación en esos territorios. Existe una importante cuota de responsabilidad por acción u omisión de los organismos del Estado, de las campañas políticas, de los partidos, de los observadores nacionales e internacionales y de las autoridades encargadas de garantizar la transparencia del proceso electoral.
Por ello, resulta complejo sostener que, a partir de análisis estadísticos o de comportamientos electorales atípicos identificados con posterioridad, pueda llegarse a la anulación de votaciones ya consolidadas. Si realmente existían riesgos para la libertad del elector, la responsabilidad no recae únicamente sobre los ciudadanos que acudieron a las urnas. También corresponde, en buena medida, a las autoridades competentes, a las campañas políticas, a los partidos, a los organismos de control y a quienes tenían la misión de observar y garantizar la transparencia del proceso.
La verdadera discusión de fondo es cómo garantizar que en el futuro cada colombiano pueda ejercer su derecho al sufragio sin amenazas, sin presiones y sin miedo. La democracia se fortalece recuperando el control institucional de esas regiones y garantizando que la libertad política, la seguridad y la presencia efectiva del Estado lleguen a todos los rincones del país.
Bogotá, D.C. junio 27 de 2026
BERNARDO HENAO JARAMILLO
Columnista de Opinión
