Por Juan José GómezTengo que declarar de entrada que nunca me ha gustado la petulancia del actual ministro de justicia de este infortunado gobierno. Ni cuando era fiscal general de la Nación y pretendía hacerle la vida imposible al presidente de la República de entonces, ni mucho menos ahora que ha decidido convertirse en la conciencia jurídica (¿?) del régimen, después de hacer un feo papelón en ese maloliente juicio que se le sigue al señor expresidente, doctor Uribe Vélez, donde el abogado Montealegre hace el triste papel de víctima.
No tengo duda alguna de que el conocido letrado sabe mucho de derecho y esto lo comprueba no solo su larga trayectoria en el ejercicio de su carrera profesional, sino en el hecho de que haya sido, nada mas ni nada menos, que magistrado de una de las Altas Cortes de la Nación.
Pero, precisamente, es por su experticia la razón por la que me molesta tanto que se haya aprovechado del vacío intelectual y jurídico del gobierno actual para poner al servicio de este aciago régimen su experiencia jurídica, pero no para tratar de conducirlo por vías legales y legítimas (de las cuales está tan necesitado el gobierno de Petro), sino para darle gusto a los caprichos presidenciales y revestirlos de apariencia de juridicidad, como es el caso del tal “decretazo” afortunadamente suspendido por el Consejo de Estado en uso de sus competencias.
No hay duda de que el ministro de justicia es el padre del “decretazo”, mediante el cual el presidente convocaba a una consulta popular sin el cumplimiento de los requisitos constitucionales vigentes. Por cierto, que el señor ministro, a pesar de ser el autor intelectual del “decretazo” no lo firmó, lo que demuestra que además de enterado es precavido. Pero el ministro Montealegre, tan sabio y cauto como es, con todo y el bagaje que le da su formación jurídica en Alemania y los importantes cargos públicos que ha tenido, omitió el pequeño detalle de que el decreto carecía del concepto favorable del senado y se inventó para sustituirlo la tesis de la “excepción de inconstitucionalidad”, que es una precaución de nuestra Carta Magna, por la cual los jueces pueden inaplicar una norma por considerarla razonablemente violatoria de la Constitución Nacional de 1991,pero que en el presente caso, no podía ser invocada en Colombia por el presidente porque no es juez,( en otros paises puede que sí) aunque el abogado Montealegre no solo lo graduó de tal, sino que en la práctica lo colocó por encima de la Constitución, como una especie de juez supremo, lo cual es toda una barbaridad.
En este estado de cosas, apareció en el escenario nacional un verdadero profesor de derecho constitucional y constitucional comparado, el doctor Mauricio Gaona, quien disfruta de un bien ganado prestigio de ser una de las mayores autoridades internacionales en esas materias, no lo bastante conocido en Colombia hasta ahora, aunque es hijo del doctor Manuel Gaona Cruz uno los ilustres mártires de la toma del palacio de Justicia por el M-19, ese al que perteneció (y a veces parece que siguiera perteneciendo) el presidente Petro.
El profesor Gaona, a quien el conocido periodista Julio Sánchez enfrentó públicamente con el ministro Montealegre -y ese enfrentamiento fue seguido por radio y televisión por miles de telespectadores-, hizo gala de una serenidad pasmosa y un conocimiento realmente enciclopédico, tal vez heredado de su señor padre, quien fue presidente de la entonces Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La conclusión de ese extraordinario y enriquecedor debate fue que el ministro Montealegre, a pesar de sus circunloquios y sofismas, resultó “peinado” (en este caso una enorme exageración porque no tiene mucho cabello que digamos) o, en otras palabras, vencido por el profesor Gaona, quien le dio cátedra sobre ambos derechos, o sea que, utilizando un lenguaje populachero de hace unos años, “le dio sopa y seco”.
Pero lo más importante de todo es que quedaron claras varias cosas, a saber:
1-La Constitución Nacional de Colombia, que es norma de normas, es superior a todos los magistrados y funcionarios, incluido el presidente de la República y es a ella, que representa la grandeza de la Patria y la majestad de la República, a la que se debe defender por encima de todo y de todos, cuando alguien, asi sea un ministro o el propio presidente, intenta desconocerla. Tomen nota los miembros de la Fuerza Pública.
2-Es el Consejo de Estado el que tiene la potestad de suspender un acto administrativo cualquiera, cuando acusa vicios de legalidad o de constitucionalidad, como es el caso del “decretazo”.
3-La guarda, integridad e interpretación de la Constitución le corresponde por mandato de la misma Carta, a la Corte Constitucional, que necesariamente tiene que actuar con absoluta rectitud, esto es, sin consideraciones politiqueras de ninguna especie.
De modo que el cuarteto del Pacto Histórico que hoy, -ojalá que no sea por total desventura-, tiene en sus manos la salud física y espiritual de Colombia y de los colombianos (Petro, Montealegre, Benedetti y Jaramillo) entiendan que llegó la hora de detenerse en su loca carrera por continuar en el poder, porque pase lo que pase, los colombianos nunca les perdonaremos sus acciones de hoy, si desgraciadamente violentan la Constitución y con ella la paz , la tranquilidad y el merecido bienestar del pueblo, del verdadero pueblo.
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