Por: El Expediente
Colombia Compra Eficiente ocupa un lugar particular dentro del andamiaje institucional del Estado colombiano: es la entidad que administra los grandes instrumentos de agregación de demanda, los mecanismos a través de los cuales el gobierno compra de forma centralizada bienes y servicios para todas sus entidades, buscando obtener mejores precios gracias al volumen conjunto de la compra pública. En la práctica, funciona como una especie de garante técnico de que la contratación estatal colombiana sigue reglas claras, comparables y verificables. Por eso resulta especialmente llamativo lo que el Equipo Élite Anticorrupción encontró al revisar, durante el proceso de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella, uno de los procesos que la propia entidad tenía en marcha.
Según documenta el Libro de la Verdad, se identificó un proceso de contratación por un valor cercano a $300.000 millones que aparecía registrado en la plataforma SECOP II —el sistema electrónico público donde toda entidad estatal colombiana debe publicar y documentar sus procesos de contratación— con un presupuesto oficial de $0. Es decir, en el campo donde el sistema exige declarar cuánto dinero real respalda la operación, la cifra registrada era cero, pese a tratarse de un proceso que en la práctica comprometía casi $300.000 millones de recursos públicos.
Es difícil exagerar lo anómalo de este tipo de inconsistencia cuando se trata de una cifra de esta magnitud. Un error de digitación menor —un cero de más o de menos en una cantidad pequeña— podría explicarse como descuido humano ordinario. Pero que un proceso de casi $300.000 millones llegara hasta la etapa de publicación pública con el campo de presupuesto completamente vacío sugiere, como mínimo, una falla sistemática en los controles internos de revisión que deberían existir antes de que cualquier proceso de esta envergadura salga a la luz pública, y como máximo, plantea preguntas sobre si esa opacidad pudo haber sido, de alguna manera, funcional para alguien dentro del proceso.
El hallazgo llevó a que el proceso fuera suspendido mientras se aclaraban las circunstancias bajo las cuales se había estructurado y publicado de esa forma. El Libro de la Verdad no detalla, en la información disponible, si esa inconsistencia respondía a un error administrativo puntual y aislado, o si formaba parte de un patrón más amplio dentro de la entidad, pero sí deja consignado que el nivel de descuido —o de opacidad deliberada— necesario para que un proceso de esta magnitud avanzara con esa falla básica amerita una revisión completa antes de que pudiera continuar su curso hacia una eventual adjudicación.
Lo que hace este caso particularmente relevante, más allá de la cifra en juego, es el lugar institucional donde ocurrió. Colombia Compra Eficiente es, precisamente, la entidad que otras dependencias del Estado colombiano usan como referencia y garantía de que sus propios procesos de contratación cumplen los más altos estándares de transparencia posibles. Cuando el propio ente rector de la contratación pública nacional puede tramitar un proceso de esta magnitud con una inconsistencia tan básica como un presupuesto en cero, la confianza que el sistema entero deposita en esa entidad como modelo de buenas prácticas queda, cuando menos, seriamente cuestionada.
La pregunta que este hallazgo deja abierta trasciende el caso puntual: si esto ocurrió en la entidad diseñada específicamente para fijar el estándar de cómo debe contratar el Estado colombiano, ¿cuántos otros procesos, en otras entidades que replican y siguen los instrumentos y plantillas que Colombia Compra Eficiente pone a su disposición, podrían tener fallas similares sin que nadie las haya detectado todavía? Es exactamente el tipo de pregunta que una auditoría más amplia, no limitada a este único proceso, tendría que responder.
