Por: El Expediente
Santa Marta tiene un problema con el agua que no es nuevo ni es secreto: cada año, cuando llega la temporada seca, la ciudad enfrenta racionamientos que golpean por igual a barrios populares y a los hoteles del sector turístico que sostienen buena parte de su economía. La fuente principal de agua de la ciudad, el río Manzanares, simplemente no da abasto para una población que ha crecido de forma sostenida durante las últimas dos décadas, impulsada precisamente por el turismo que la ciudad ha construido como su principal apuesta económica. Desde hace años, técnicos y autoridades locales coinciden en que la solución más viable a largo plazo pasa por diversificar la fuente: construir una planta desalinizadora capaz de convertir agua de mar, que en Santa Marta sobra, en agua potable, que falta.
Ese diagnóstico técnico no está en discusión. Lo que sí quedó bajo sospecha, según documenta el Libro de la Verdad —el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó al país tras el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro— es la manera en que se intentó materializar esa solución en las últimas semanas del gobierno anterior.
La empresa encargada de ejecutar el proyecto es, en sí misma, parte del problema: ESSMAR, la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, no es una entidad que opere con normalidad. Se encuentra bajo toma de posesión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, es decir, intervenida directamente por el Estado debido a sus propias dificultades administrativas y financieras acumuladas durante años. Que sea precisamente esa empresa —bajo control estatal por su propia fragilidad institucional— la que tramitó un contrato de $786.000 millones, una de las cifras más altas de todo el inventario de hallazgos del empalme, ya es en sí mismo un dato que exige atención.
El momento en que se activó el proceso es el segundo elemento que no pasó desapercibido para los investigadores. Entre el 18 y el 19 de junio de 2026 se publicaron los documentos iniciales de la contratación para el diseño, construcción, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de la planta desalinizadora. Faltaban, en ese momento, apenas siete semanas para que el gobierno de Petro entregara el poder. En el mundo de la contratación pública colombiana, ese tipo de coincidencia temporal —proyectos de alto valor que se activan justo antes de un cambio de administración— es, históricamente, una de las señales de alerta más consistentes para los organismos de control, precisamente porque reduce el tiempo disponible para escrutinio antes de que el nuevo gobierno herede el compromiso ya firmado.
Cuando el Equipo Élite Anticorrupción revisó el expediente, no encontró un problema aislado, sino varios que se acumulaban entre sí. Primero, indicios de que el proyecto que finalmente se estaba licitando no coincidía exactamente con el que había sido aprobado originalmente —es decir, algo cambió en el camino, sin que quedara claro qué ni por qué—. Segundo, dudas serias sobre la calidad de los estudios previos y de mercado, el tipo de análisis técnico y financiero que toda entidad pública debe realizar antes de salir a contratar, precisamente para evitar sobrecostos o proyectos mal dimensionados. Tercero, un detalle que resulta revelador sobre el nivel de improvisación del proceso: varios asuntos técnicos centrales del proyecto se dejaban abiertos para que los definiera el futuro contratista, en lugar de que la propia entidad los hubiera resuelto de antemano, lo cual invierte la lógica normal de una contratación pública seria. Y cuarto, lo que el documento describe como un aparente desconocimiento del CONPES que debía servir de marco de política pública para todo el proyecto —es decir, se estaba tramitando un contrato de $786.000 millones sin que quedara claro que se ajustaba al documento que en teoría debía guiarlo técnica y financieramente.
Frente a ese panorama, el Equipo Élite actuó con una velocidad que contrasta con los tiempos habituales de la administración pública colombiana: el mismo día en que recibió la alerta, el 25 de julio de 2026, y después de verificar de forma integral toda la documentación disponible, presentó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud formal de medidas preventivas sobre el Contrato CMA 001-2025. La Procuraduría no se demoró en responder: cuatro días después, el 29 de julio de 2026, pidió la suspensión provisional del proceso mientras evaluaba a fondo las condiciones técnicas, jurídicas y financieras bajo las que se venía tramitando.
El desenlace inmediato del caso es, en cierto sentido, una buena noticia dentro de una historia preocupante: el sistema de control funcionó, y una contratación con serias dudas de fondo quedó congelada antes de convertirse en un contrato firmado e irreversible. Pero el desenlace de fondo sigue pendiente. Santa Marta sigue sin su planta desalinizadora, sigue enfrentando racionamientos cada temporada seca, y el proyecto que debía resolver ese problema estructural queda ahora sometido a una revisión que, con toda razón, tomará tiempo. La pregunta que le queda a la ciudad no es si hacía falta la planta —eso nadie lo discute—, sino cuánto tiempo más tendrá que esperar por una solución que un proceso de contratación mal estructurado terminó, paradójicamente, retrasando en lugar de acelerar.
