Por: El Expediente
Un informe confidencial de debida diligencia sobre Daniel Quintero Calle, fechado en julio de 2026 y al que tuvo acceso El Expediente, documenta dos hechos. El primero: una fundación que su esposa representó legalmente recibió en octubre de 2025 una adjudicación de casi $1.000 millones para recuperar ciénagas en Santander, un día después de la consulta interna del Pacto Histórico en la que él competía como precandidato presidencial. El segundo: un apartamento en Bogotá, por unos $680 millones, quedó dentro de un fideicomiso de One Future, una sociedad que representa una prima de su esposa, que tiene $10 millones de capital pagado, no reporta ingresos y comparte oficina con un bufete de abogados. Quintero, superintendente de Salud cuando se elaboró el informe, no tiene inmuebles a su nombre en las bases nacionales.
La fundación es la Fundación Piensa Verde. El 9 de diciembre de 2014, su esposa, Diana Marcela Osorio Vanegas, aceptó por escrito el cargo de representante legal, en el acta número 10 del comité directivo. El 27 de octubre de 2025, el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) registró dos adjudicaciones a la fundación: una por $2.099.927.236, hoy cancelada, y otra por $999.965.350,54, activa. Siete meses antes, el 25 de marzo de 2025, Quintero había lanzado su candidatura presidencial.
El valor de la segunda adjudicación es el mismo que el certificado del Banco de Proyectos de Santander asigna al «aporte de otras entidades» en el proyecto de recuperación de las ciénagas Manatí Blanco, Paredes y Caño Negro. El proyecto vale $1.052.544.262,54 y el departamento aporta solo $52.578.912. El resto, la casi totalidad, pasó a la fundación. Además, el número de identificación tributaria de la fundación, 900148051, aparece en el registro empresarial como Fundación Piensa Verde y en la plataforma de transparencia PACO como FUDSAM, Fundación Social y Ambiental del Magdalena Medio. El informe lo señala como una posible doble identidad.
El apartamento es el segundo hecho. En mayo de 2021 se constituyó One Future S.A.S. Pocos días después se creó un patrimonio autónomo con el mismo nombre, al que Quintero y Osorio cedieron derechos fiduciarios ligados a un apartamento en Bogotá valorado en unos $680 millones, según investigaciones periodísticas que cita el informe. En ese momento Quintero era alcalde de Medellín. La sociedad tiene un capital autorizado de $100 millones, suscrito de $50 millones y pagado de $10 millones. Reporta ingresos de cero pesos y su matrícula mercantil no se renueva desde 2021. La representante legal es Laura Upegui Vanegas, prima de la esposa de Quintero, que también dirige Trópico Marketing, una empresa de publicidad, encuestas de opinión y lobby, con ingresos de cero y sin renovar desde 2022. Los certificados no dicen cómo entró el apartamento a la estructura, a qué precio ni quién lo aportó. La dirección de One Future, carrera 17 número 89-31, oficina 906, en Bogotá, es la sede del bufete Suárez & Gómez Abogados.
Para el informe, el patrón es un patrimonio puesto a nombre de terceros: bienes fuera del nombre de Quintero y contratos públicos en entidades de su círculo familiar. En ese círculo está Juan Carlos Upegui, concejal de Medellín, familiar de Laura. Declaró que no tenía participación en sociedades ni contratos con el Estado, pero en el mismo formato señaló que Laura es representante legal de One Future y Trópico Marketing. La Procuraduría le abrió una investigación por una presunta inhabilidad, radicado IUS E-2024-001165.
El expediente de Quintero ayuda a entender por qué esos movimientos importan. La Procuraduría lo sancionó en primera instancia, el 3 de julio de 2024, con suspensión e inhabilidad especial de seis meses por participación en política, y el 21 de noviembre de 2025 lo llamó a juicio disciplinario por la modificación del uso del suelo en Aguas Vivas. La Fiscalía lo imputó el 22 de abril de 2025 por presuntas irregularidades en ese proceso, con delitos como peculado por apropiación, aunque el 14 de julio de 2026 una jueza anuló la imputación por falta de claridad en los hechos. Figura en 77 noticias criminales, en 24 como indiciado, y una por prevaricato está en juicio. Ninguna ha llegado a sentencia.
El informe incluye además un mapa de 298 entidades y 358 vínculos que enlaza a la fundación con otras sociedades y con parientes que Quintero declaró ante la función pública. El Expediente lo desarrollará en próximas entregas.
Quedan preguntas que solo él puede responder. Quién representa hoy a la Fundación Piensa Verde y quién decidió adjudicarle el contrato. A qué precio y por qué cedió un apartamento de $680 millones a una sociedad de la prima de su esposa. Y por qué esa sociedad, con $10 millones de capital pagado, guarda un activo casi setenta veces mayor.
