Por: El Expediente
El Ministerio de Cultura no suele ser el primer lugar donde se buscan grandes hallazgos de corrupción: sus cifras son más pequeñas que las de sectores como salud, energía o infraestructura, y su misión —proteger y promover el arte, la memoria y la identidad del país— rara vez aparece asociada a irregularidades contractuales. Por eso resulta revelador que el Libro de la Verdad, el informe que el gobierno de Abelardo de la Espriella presentó tras el proceso de empalme con la administración saliente de Gustavo Petro, haya documentado en esta cartera un patrón repetido de concentración de contratos, ausencia de competencia y un uso cuestionable de operadores regionales para programas de alcance nacional.
Veinte proveedores se quedan con la mitad de todo lo que contrató el Ministerio
Entre agosto de 2022 y julio de 2026, el Ministerio de Cultura contrató con 2.747 proveedores distintos. De ese universo, apenas 20 —el 0,7% del total— concentraron el 48,5% de todo el valor contratado en el periodo: $998.594 millones sobre un total de $2,05 billones registrados en todas las modalidades de SECOP II. Los tres mayores proveedores por sí solos —Consorcio Constructor H.M.I., el Fondo Mixto de Boyacá y Corpoelite— suman más de $348.000 millones.
El Libro de la Verdad es cuidadoso en precisar que esta concentración no implica, por sí sola, una irregularidad: el contrato de mayor cuantía, el del Consorcio H.M.I., se adjudicó mediante licitación pública, el mecanismo competitivo estándar. Pero el propio documento señala que la magnitud de esta concentración sí amerita revisar las barreras de entrada que enfrentan otros posibles proveedores, y la dependencia del ministerio de un puñado de operadores únicos para activos culturales tan estratégicos como el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional y el Plan Nacional de Música. La recomendación del informe es clara: una auditoría externa que valide, contrato por contrato, el cumplimiento de obligaciones de los proveedores más grandes.
107 contratos con universidades públicas, casi todos sin comparar una sola oferta
El segundo hallazgo tiene una dimensión distinta: entre 2024 y 2025, el Ministerio de Cultura firmó 107 contratos —uno por cada región o zona PDET-ZOMAC del país— con universidades públicas regionales, entre ellas la Universidad de Antioquia, la UPTC, la Universidad del Cauca, la Universidad de Caldas y la Universidad Industrial de Santander, para desarrollar formación artística y musical en territorios de construcción de paz. El valor total de estos contratos asciende a $353.878 millones, de los cuales el 93,4% se adjudicó mediante contratación directa, sin ningún proceso de comparación de ofertas, y el 62% del dinero ya fue efectivamente pagado.
El dato más contundente de este hallazgo es que 101 de los 107 contratos —el 94,4% del total— se adjudicaron sin ningún proceso competitivo, y que no existe evidencia disponible de entregables, informes de supervisión ni productos verificados que demuestren qué se hizo realmente con ese dinero. El caso de la Universidad de Antioquia ilustra el problema con particular claridad: dos contratos distintos, identificados como 1661-2025 y 2169-2024, por un valor conjunto de $45.206 millones, quedaron bajo la responsabilidad del mismo supervisor. El propio Libro de la Verdad aclara que este hallazgo proviene de un análisis propio realizado sobre SECOP II, no de un hallazgo formal ya confirmado por la Contraloría, y que todavía no ha sido contrastado con el Ministerio ni con las universidades involucradas —una precisión importante que abre la puerta a que estas entidades presenten su versión antes de que se saquen conclusiones definitivas—.
Tres fondos regionales, usados para programas de alcance nacional
El tercer hallazgo conecta con el segundo por su lógica de fondo: los Fondos Mixtos de Cultura y las Artes de Boyacá, Nariño y Valle del Cauca —entidades pensadas, en principio, para gestionar la política cultural de su propio departamento— recibieron contratación 100% directa para operar convocatorias y estímulos de alcance nacional, no meramente regional. En total, suman 29 contratos por $168.827 millones, destinados a administrar convocatorias, estímulos y estrategias de cultura de paz: $101.822 millones en 14 contratos con el Fondo Mixto de Boyacá, $43.304 millones en 11 contratos con el de Nariño, y $23.701 millones en 4 contratos con el del Valle del Cauca.
El Libro de la Verdad describe este esquema como un patrón de canalización de recursos nacionales a través de operadores regionales, sin comparación de ofertas, y lo conecta directamente con una alerta más amplia sobre una posible desnaturalización del sistema de estímulos culturales del país, marcada por baja trazabilidad y presuntos fines electorales. La recomendación del informe no se limita a revisar caso por caso: plantea la necesidad de una revisión transversal del rol que están jugando estos tres fondos departamentales como canal de contratación directa para programas que, por su alcance, deberían tramitarse de manera distinta, y solicitar tanto al Ministerio como a la entidad CoCrea información completa sobre los criterios usados para asignar estos convenios.
Un patrón, no tres casos aislados
Leídos por separado, cada uno de estos tres hallazgos podría parecer un asunto administrativo menor dentro de un sector con presupuesto relativamente pequeño frente a otras carteras del Estado. Leídos en conjunto, como los presenta el Libro de la Verdad, configuran un patrón consistente durante el gobierno de Gustavo Petro: concentración de recursos en pocos proveedores, contratación directa como regla más que como excepción, y el uso de operadores regionales para ejecutar programas de alcance nacional sin que exista, en la mayoría de los casos, evidencia clara de resultados verificables. Para un sector cuya función es proteger y promover la cultura del país, la pregunta que deja abierta el informe es cuánto de ese casi $1,5 billones combinado en estos tres hallazgos realmente llegó a fortalecer la vida cultural de las regiones, y cuánto se quedó atrapado en un entramado contractual que privilegió la relación con unos pocos operadores por encima de la competencia abierta que exige la ley.
