Rafael María Poveda Mendoza, periodista y productor con más de 40 años de trayectoria, director de Testigo Directo y del videopódcast Más allá del silencio, enfrenta desde julio de 2026 una serie de señalamientos por presunto acoso sexual y laboral que ya suman seis testimonios de mujeres periodistas, publicados en dos entregas por Revista RAYA. Los supuestos hechos relatados se ubicarían entre 2006 y 2013. Poveda niega categóricamente las acusaciones y sostiene que no ha tenido oportunidad real de defenderse.
El 18 de agosto, la periodista Tatiana Portela, de Revista RAYA, envió a Poveda un cuestionario con cuatro nuevos casos —ninguno con fecha exacta, lugar preciso ni identidad de la denunciante revelada— y le pidió su versión. Poveda respondió al día siguiente, a las 8:54 a.m., con un mensaje extenso en el que:
- Rechaza «de manera categórica» haber acosado alguna vez a una mujer.
- Señala que buena parte de los hechos que se le atribuyen ocurrieron «17 o incluso 20 años atrás», y que sin fecha, lugar ni circunstancias concretas le resulta «materialmente imposible ejercer una defensa seria».
- Argumenta que referencias genéricas como «un hotel», «una oficina» o «un taller», sin mayor precisión, no permiten identificar los episodios de forma inequívoca frente a una trayectoria de cuatro décadas de trabajo en distintas regiones del país.
- Insiste en que no se trata de una negativa a responder, sino de la imposibilidad de hacerlo frente a acusaciones «formuladas de manera indeterminada».
RAYA publicó su investigación señalando que buscó a Poveda «pero al cierre de este reportaje no había respondido» — una afirmación que contrasta con el cruce de mensajes revisado para esta nota, en el que Poveda sí respondió por escrito antes de la publicación.
Revista RAYA, que ha liderado la cobertura del caso, opera un espacio semanal —Señal Investigativa, junto con Parte y Contraparte— dentro de Señal Colombia, financiado por RTVC (hoy Inravisión), el sistema de medios públicos del Estado colombiano.
Certificaciones oficiales firmadas por Jorge Alberto Puche Quintero, líder de programación del canal, y por el área de Gestión de Proveedores de RTVC, documentan contratos sucesivos con la Fundación Raya —entre ellos el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales 2421-2025— con pagos mensuales certificados y un valor acumulado que supera los $2.600 millones de pesos en año y medio de programación.
Estos documentos certifican qué produjo Raya con dinero público, y evidencian un patrón editorial que salta a la vista: contratos estatales millonarios y una producción investigativa concentrada casi por completo en figuras de oposición, sin un solo título dirigido al Gobierno que la financia. Ese desequilibrio, por sí solo, plantea una pregunta de interés público que el caso Poveda vuelve a poner sobre la mesa: ¿qué tan libre puede ser, en la práctica, la decisión editorial de a quién se investiga y cuándo, dentro de un medio que depende de esos contratos para sostenerse?
Poveda mantiene su presunción de inocencia mientras el caso —y su respuesta, hasta ahora poco difundida— sigue abierto
