Por: Paloma Valencia
La proliferación de decisiones de índole político que ha venido tomando la rama jurisdiccional es sorprendente, verdaderamente. Empezamos con que el Twitter del presidente tiene restricciones sobre lo que él puede manifestar como ciudadano; la expresión respetuosa de su fe en la Virgen de Chiquinquirá le fue criticada. Afectan así la libertad de culto, imponiéndole como su religión la atea o la agnóstica, pues a eso equivale el fallo.
Pasamos a que tampoco podría expresarse como ciudadano sobre la honorabilidad del Presidente Uribe. No puede criticar, ni controvertir; y no puede tampoco rendir un testimonio público sobre quien es su jefe político, expresando lo que le consta sobre su comportamiento; porque Uribe está procesado. Restringen la libertad de expresión, el argumento parece ser que ocupar el cargo de Presidente limita el derecho de expresión. Y anula de una vez la presunción de inocencia. Se puede insistir en la inocencia de Uribe porque no ha sido vencido en juicio. Es más, soy de la opinión, que aun habiendo un fallo los ciudadanos podemos insistir en la inocencia, el procesado puede buscar nuevos recursos. Las decisiones del Estado están sujetas al escrutinio público, no solo en los tiempos que se producen sino por toda la larga historia. Acatar es cumplir, no silenciarse.
Luego llegamos a que el gobierno no podía, en medio de una pandemia, cobrarle impuestos a los funcionarios con más altos salarios del Estado. No vimos siquiera resquemor frente al hecho de que quienes decidieron sobre el impuesto eran sujetos a pagarlo. En las crisis no puede haber nuevos impuestos, o solo los impuestos que le gusten a las Cortes. Deciden también que el Estado no puede rescatar empresas, decisión de política económica, y que muchos estados están tomando en el mundo. Rompen así el principio de que el manejo de la economía lo tiene el Ejecutivo.
Nos dicen también, que estar borracho y drogado en el trabajo no es causal de despido justo. Y volvimos a la tesis que dio lugar al microtráfico, se protege que se pueden llevar drogas si son la dosis personal. Así garantizan que mientras se tenga solo la DP (y escondido el resto del cargamento), no hay como incautar la droga. El argumento de que se debe probar que era para venderla, es una ficción ridícula.
Y ahora hemos llegado a la perplejidad de que vía tutela se decide reformar la policía y obligar a la mesa de concertación con quienes quieren cambiar la institución. Vía tutela, es decir, usando de la protección de un derecho fundamental de aplicación inmediata; que en este caso no existe. Además por el procedimiento de tutela, se hace sin que ni el gobierno ni la policía pudieran pronunciarse, sin controvertir las pruebas de la supuesta «sistematicidad de los abusos».
Sorprenden todos estos fallos, porque en el Estado de derecho las competencias y las funciones están delimitadas y reglamentadas. Las decisiones políticas, en general, corresponden a los entes políticos; esto es, el Presidente pues es elegido por mayoría democrática del país, y el Congreso pues están representados todos los partidos políticos que integran la nación. Pero que personas elegidas por cooptación o con elecciones derivadas sean las que están tomando las decisiones políticas del país no deja de ser un extraño episodio para la vida democrática.
El gobierno de los jueces plantea un problema con nuestra rama judicial, un desbordamiento de sus competencias, un defectuoso diseño institucional. Colombia es un Estado democrático de derecho. No una oligarquía, donde el poder es de unos pocos, aunque se sientan ellos los únicos con méritos. Si quieren hacer política que se hagan elegir, o es que ¿tendremos que elegir por voto popular a los magistrados? Urge una reforma a la justicia integral
