Por: María Fernanda Cabal
No siendo suficiente con ignorar la voluntad del pueblo colombiano al desconocer premeditadamente el resultado del plebiscito, y antes de abandonar la Casa de Nariño, el ‘Nobel de Paz’ se aseguró de que dicho acuerdo quedara “blindado” y posteriormente sellado con un fallo de la Corte Constitucional, haciéndolo vinculante para los próximos tres períodos presidenciales.
De ésta forma, Santos deja como legado la inversión de los valores de la sociedad, mal mensaje para las nuevas generaciones en el que delinquir da réditos.
Hace poco el expresidente Álvaro Uribe afirmó: “las consecuencias del sistema judicial que heredamos del gobierno anterior… Ése conjunto normativo vinculado a la JEP, consagró impunidad total a atrocidades como el secuestro y violación de menores. La verdad se ha convertido en una premeditación para negar o editar los hechos de acuerdo con el interés político”.
Bajo esa premisa, son varios los cambios que debemos asumir como sociedad para darle un ‘timonazo’ a Colombia. Éste es el planteamiento del referendo, propuesto por el exmandatario que en sus trece puntos anunciados hace algunos días, aborda cinco ejes claves para los nuevos retos que afronta el país: justicia, educación, medio ambiente, austeridad del Estado y temas sociales.
Aunque la propuesta de reforma a la justicia no es nueva, sí se hace cada vez más urgente. Los países con mejor administración de justicia tienen pocas altas cortes y en Colombia, lo ideal sería tener máximo dos de éstos Tribunales.
Adicionalmente, los magistrados deben ser mayores de 55 años, con la suficiente trayectoria y estatura moral como para abstenerse de participar en política, y mucho menos mezclar con ella un ejercicio que requiere de total neutralidad para fallar en derecho. Se establecerían periodos personales de 12 años (o hasta una edad de retiro forzoso o vitalicio), elegidos por cooptación con aprobación del Senado.
A ésta propuesta se suma la creación de un Tribunal de Aforados, con independencia en el juzgamiento de los congresistas y de los magistrados. De ésta forma se reducirían los conflictos de interés y la aplicación de la justicia se haría con mayor transparencia.
En esa misma línea, la derogatoria o reforma de fondo a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, es otro paso esencial para Colombia. La instancia impuesta por el grupo terrorista, con magistrados escogidos a dedo y con un claro sesgo ideológico, no puede seguir siendo la que procese a los excombatientes en absoluta parcialidad.
Para ello, se plantean dos alternativas: Derogarla y que sus funciones se trasladen a la jurisdicción ordinaria, manteniendo ciertos beneficios judiciales; o reducir el período de los actuales magistrados.
El referendo también busca otorgar garantías judiciales para la Fuerza Pública, estigmatizada injustamente como una “fuerza de dictadura” por cuenta del discurso de inversión revolucionaria vendido al mundo, que ha pretendido desdibujar su carácter democrático.
Hombres y mujeres hoy son juzgados por jueces parcializados, al servicio de “la paz”. Se propone entonces, una sala especial con magistrados imparciales, que conozcan los protocolos bajo los cuales se rigen sus miembros, su estructura de mando y las reglas operacionales. Además, aquellos que hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016, cuando hayan cumplido 5 años de condena efectiva, podrán solicitar la libertad condicional, exceptuándose -por supuesto- los delitos de acceso carnal violento, abuso sexual, secuestro, terrorismo o delitos contra el Estado.
No puede existir paz sin justicia. Es por eso que las víctimas de grupos terroristas no pueden seguir quedando en el olvido. El referendo le cierra la puerta definitivamente a la opción de que sus victimarios sigan llegando al Congreso de la República a dar cátedra de valores, creyéndose faros de la ética y la moral.
De ésta forma, a los responsables de crímenes de lesa humanidad no se les podrá seguir regalando curules, como premio a su barbarie, ni mucho menos ejercer cargos de corporación alguna de elección popular, ni podrán ser elegidos para cargos unipersonales.
Se debe luchar también por una disminución del Congreso en un 30% y de una vez por todos, congelar la remuneración de los congresistas en la cuantía nominal durante los próximos años. Entre más grande es el Estado, mayor es su burocracia; esto debe frenarse ya.
Es innegable que existe una deuda pendiente con quienes depositamos nuestro voto en contra de los acuerdos de La Habana, con quienes creemos y defendemos firmemente la justicia y la libertad del Estado derecho. Aunque son muchísimos los temas pendientes, llegó el momento de comenzar a saldarla y hacer valer nuestra democracia.
¡Llegó el momento de retomar el rumbo!
