Por: Gustavo Rugeles – El Expediente
18 de noviembre de 2025
Lo que se publicó no fue “la verdad financiera” del presidente. Fue otra cosa: un documento de inteligencia que nunca debió salir del subsuelo institucional, puesto a circular a la carrera, en medio del escándalo por la inclusión de Gustavo Petro y parte de su círculo íntimo en la llamada Lista Clinton de la OFAC, el 24 de octubre de 2025. 
Ese papel, marcado como reservado, recopila los movimientos bancarios del jefe de Estado entre 2022 y 2025: doce cuentas de ahorro –seis en Scotiabank Colpatria (el mismo Scotiabank Colpatria que, como reveló El Expediente en la Entrega XXI, terminó facilitando la operación de un activo ligado a un designado OFAC), tres en BBVA, una en el Banco Agrario, otra en Confiar y una más en Sudameris– con énfasis en dos cuentas que concentran la mayoría del flujo entre 2023 y 2025. Allí aparecen pagos de nómina, abonos a una hipoteca, compra de euros, pagos de medicina prepagada, retiros en cajeros, consumos en tiendas de lujo en el exterior y movimientos realizados por terceras personas autorizadas. 
Eso es, exactamente, lo que el país ha visto: un extracto extendido. No el expediente real que examina Washington.
Mientras el presidente posa de desnudo voluntario –“que miren todo”, ha dicho al pedir la publicación de su “vida financiera”–, la pregunta obvia es otra: ¿de verdad alguien en el Gobierno cree que un barrido de gastos, hipotecas, pagos médicos y compras en boutiques sirve como defensa frente a una sanción que lo señala por facilitar, directa o indirectamente, la proliferación internacional de drogas ilícitas y el entramado financiero que la sostiene? 
La respuesta en los despachos de sanciones internacionales es cortante: no.
Lo que sí se publicó
El llamado “informe de la UIAF” no es una investigación integral sobre el origen de los recursos de la campaña presidencial, ni sobre las redes de financiación paralela, ni sobre los pactos políticos con estructuras criminales. Es una radiografía parcial de las cuentas bancarias formales del presidente desde que ya estaba en la Casa de Nariño. 
El documento detalla, una y otra vez, el mismo paisaje: consignaciones de salario oficial, pagos ordinarios, abonos a obligaciones conocidas, pequeñas compras, algún consumo en tiendas de lujo en Europa, retiros que otro hace en un cajero autorizado. El tipo de información que sirve para chisme de tertulia, pero no para desmontar una acusación de alto nivel.
Resulta casi grotesco que, en medio de una sanción que congela activos en el sistema financiero de Estados Unidos, bloquea relaciones con bancos globales y pone a prueba la credibilidad del país entero, la gran defensa sea mostrar que el presidente paga medicina prepagada, compra euros en ventanilla, gasta en restaurantes caros y le pagan su nómina a tiempo. 
Mientras el país discute si el presidente es austero o derrochón, OFAC discute otra cosa: qué tan profundo es el riesgo que supone su permanencia como jefe de Estado en un país clave en las rutas de la cocaína.
El contexto que el Gobierno no cuenta
Cuando la UIAF decide, por “solicitud” del presidente, exponer un informe de este tipo, no lo hace desde una posición neutra. Lo hace desde la esquina de un acusado reincidente en el escenario internacional.
Colombia sigue suspendida del Grupo Egmont, la red que integra a más de 170 Unidades de Inteligencia Financiera del mundo y que opera una plataforma segura de intercambio de información sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. La suspensión se produjo en 2024, tras la revelación pública, por parte del propio Petro, de información sensible sobre el sistema Pegasus que había sido compartida en ese entorno reservado. 
Desde entonces, el mensaje es claro: la FIU (UIAF) colombiana no es de fiar. El país perdió acceso al canal seguro donde circulan alertas, patrones, mapas de riesgo y trazas de operaciones transnacionales. Y, a pesar de cartas, explicaciones y promesas, a julio de 2025 la suspensión seguía vigente. 
En ese contexto, lo que hizo la UIAF no fue un gesto de transparencia. Fue un acto de suicidio institucional. Una unidad que ya había sido sancionada por violar confidencialidad, repite la conducta… pero ahora para defender al presidente sancionado.
Precisamente lo que Egmont advierte que no tolera, Colombia lo convierte en show en horario triple A.
El truco del informe
La trampa conceptual detrás de esta operación es menos sofisticada de lo que aparenta. Se resume en una idea sencilla que el Gobierno intenta vender: si la UIAF, revisando las cuentas del presidente, no encuentra “plata rara”, entonces las sanciones son injustas y el mundo está equivocado.
Ahí está el truco.
Ni OFAC ni el sistema antilavado global toman decisiones de este calibre revisando si al mandatario le consignaron su sueldo en Scotiabank, si paga una hipoteca puntual o si tiene tarjeta en BBVA. El foco está en otra parte: en la financiación irregular de la campaña, en el llamado pacto de La Picota, en los aportes encubiertos que habrían circulado a través de operadores como Armando Benedetti, en las triangulaciones que señalaron exfuncionarios como Olmedo López y Sneyder Pinilla, en las relaciones con estructuras criminales que trascienden ampliamente las cuentas personales del presidente.
Es ahí donde, según expertos consultados, se ubica el verdadero debate de riesgo: en lo que no pasa por la cuenta de Gustavo Petro, sino por las manos de terceros, por contratos inflados, por bolsas en efectivo, por empresas fachada, por operadores en bolsa y en el exterior. Nada de eso se toca en el informe. Ni una línea.
El resultado es un documento que, en lo esencial, no valida trazabilidad internacional, no descarta conexiones con organizaciones criminales, no examina operadores ni intermediarios, no se mete con aportes en efectivo, no mira flujos internacionales, no persigue triangulaciones, no sirve como defensa ante OFAC… y, como remate, destruye la credibilidad de la propia unidad que lo firma.
Es un certificado de “normalidad bancaria doméstica”, no un examen serio del origen y el uso de dineros que preocupan a Estados Unidos.
La vaca pataleando en el pantano
Lo más revelador de todo no es lo que el informe dice, sino lo que delata: el nivel de desesperación política. Una presidencia enredada con el Departamento del Tesoro, con restricciones crecientes en vuelos y escalas, con bancos internacionales revisando hasta el último beneficiario de cualquier operación donde aparezca su nombre, decide recurrir a su Unidad de Inteligencia Financiera como si fuera una oficina de comunicaciones. Y como si fuera poco, una primera dama atrapada en Europa por las sanciones, mientras Petro intenta vender el cuento de que “le iban a dar un premio en Suecia” para justificar lo que en realidad sería un truco desesperado: usar el avión presidencial como operación de rescate disfrazada de gala internacional.
La UIAF, que debería trabajar en silencio, produce de manera reactiva un documento que termina en manos de varios medios de comunicación, que circula en redes, que se cita en programas de opinión y que se usa como arma discursiva contra la sanción. 
Para el consumo interno, el mensaje suena cómodo: “si no hay depósitos raros, no hay nada que temer”. Para el mundo, sin embargo, la lectura es devastadora: la FIU de Colombia se ha puesto al servicio del presidente designado, y está dispuesta a sacrificar el principio de reserva por una narrativa política.
Es la imagen perfecta de una vaca pataleando en el pantano: mucho movimiento, mucho ruido, mucha espuma de declaraciones… pero cada manotazo la hunde un poco más en el fango institucional.
El costo invisible
Mientras el gobierno celebra el “acto de transparencia”, los oficiales de cumplimiento en bancos colombianos miran con preocupación un tablero distinto: el del GAFI. Desde hace tiempo, analistas internacionales mencionan a Colombia como candidata a la lista gris si persiste la combinación de un sistema político capturado por escándalos de corrupción y una unidad de inteligencia financiera sin capacidad real de guardar confidencias ni de operar con independencia. 
La lista gris no es una frase. Es un régimen de sospecha permanente: cada transferencia entrante y saliente desde Colombia etiquetada como de alto riesgo; bancos corresponsales exigiendo niveles obsesivos de debida diligencia, cerrando relaciones, encareciendo operaciones; inversionistas buscando otros destinos; costo del crédito soberano en alza.
En ese escenario, el informe que hoy se agita como si fuera un salvoconducto se convierte, en realidad, en otra prueba de cargo. No contra el ciudadano Gustavo Petro, sino contra el Estado colombiano como contraparte confiable.
El remate: una artimaña inútil
Si uno despeja el ruido y se queda con los elementos duros, el balance es lapidario.
El documento de la UIAF solo demuestra que el presidente tiene cuentas bancarias formales, que recibe su salario, que paga obligaciones conocidas, que compra divisas y que gasta – a veces con gusto por el lujo, el tipo de lujo que uno esperaría de quienes reniegan del capitalismo mientras pagan como millonarios-, a través del sistema financiero. Nada de eso estaba en discusión. Nada de eso es relevante para el estándar con el que OFAC toma decisiones. 
Los dineros que preocupan a Washington –los de la campaña, los de los pactos con estructuras criminales, los que se habrían movido por fuera del circuito visible, los que pasan por operadores como Benedetti, por redes como las de la UNGRD, por familiares, por terceros– no quedan “lavados” por la hoja de cálculo que la UIAF decidió mostrar.
Y, sin embargo, en el intento de usar ese papel como salvavidas, el Gobierno termina enseñando algo que no estaba sobre la mesa: que la unidad que debía ser el guardián silencioso del sistema está dispuesta a romper sus propias reglas para proteger al sancionado.
Es decir: la maniobra fracasa hacia afuera y se castiga hacia adentro. No limpia al presidente, no desarma la sanción, no convence a los bancos, no tranquiliza a Egmont, no tranquiliza al GAFI, y deja a Colombia, otra vez, dando manotazos en el mismo pantano del que prometió salir hace apenas año y medio.
Una vaca pataleando, cada vez más hondo.