Reportaje de investigación internacional
15 de noviembre de 2025
Por Gustavo Rugeles
I. PRÓLOGO: UNA CASA QUE HABLA
En las noches húmedas del Atlántico colombiano, la mansión del condominio Lago de Caujaral luce como cualquier otra residencia de lujo: jardines impecables, una piscina iluminada y el silencio característico de una urbanización acaudalada. Pero esta casa no es como las demás.
Fue propiedad de uno de los mayores operadores financieros de Nicolás Maduro, Alex Saab. Hoy es habitada por un hombre sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, Armando Benedetti, una figura clave en el gobierno de Gustavo Petro. Y en medio de ambos extremos —Saab y Benedetti— emerge un actor inesperado: Scotiabank Colpatria, el banco que mantuvo este activo “contaminado” y permitió que circulara en una cadena de favores presuntamente pagada con dineros públicos.
Este reportaje reconstruye la ruta completa —documental, financiera y política— que ha colocado a Scotiabank en el centro de una tormenta de cumplimiento normativo internacional que ya resuena en Washington, Ottawa y Bogotá.
II. EL ORIGEN DEL ACTIVO: ALEX SAAB, EL VENENO DE FONDO
En 2011, el empresario colombo-venezolano Alex Saab Morán, hoy símbolo del lavado de activos del régimen chavista, entregó la mansión como dación en pago a Scotiabank Colpatria. Lo que pocos comprendieron en ese momento fue que el banco pasaba a administrar un activo que, con el tiempo, sería clasificado por analistas internacionales como una “propiedad con trazabilidad criminal inequívoca”.
Para 2019, Saab ya era un objetivo prioritario del Departamento de Justicia de EE. UU. Para 2021, fue extraditado. Para 2023, cualquier bien vinculado a su nombre se había convertido en un objeto de interés estratégico para las unidades de cumplimiento normativo a nivel global.
En otras palabras: Scotiabank no tenía en sus manos una casa. Tenía una evidencia.
III. EL INTERMEDIARIO: RICARDO LEYVA, EL PUENTE ENTRE CONTRATOS Y LUJO
- El negocio público bajo sospecha
El 23 de octubre de 2025, RTVC —el sistema de medios públicos de Colombia, dirigido por Hollman Morris— adjudicó de forma directa un contrato por $7.968 millones de pesos a la empresa Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., propiedad de Ricardo Leyva Páez.
Leyva no es un desconocido:
• Ha enfrentado múltiples demandas en el pasado.
• Posee estructuras societarias en Delaware y Florida, lo que multiplica el riesgo de escrutinio por parte de la OFAC.
• Tiene propiedades registradas en el condado de Broward, Florida.- La cesión exprés
Pocos meses después de recibir los casi $8.000 millones del Estado, Leyva cedió el contrato de leasing habitacional que mantenía con Scotiabank sobre la mansión en Lago de Caujaral. No hubo una contraprestación económica conocida ni una explicación formal para la transacción.
El nuevo ocupante era —y es— Armando Benedetti, un individuo designado en la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) bajo la Orden Ejecutiva 14059. En el lenguaje de los reguladores financieros, la operación presenta claros “indicios de una compensación en especie por un beneficio estatal previo”.
IV. EL BANCO: ¿NEGLIGENCIA, IGNORANCIA O COMPLICIDAD PASIVA?
- Scotiabank mantiene el control
Como propietario legal del inmueble bajo el contrato de leasing, ninguna operación relacionada con este activo podría ocurrir sin pasar por el radar del banco. Y aquí sucedió lo impensable: un inmueble con origen en Alex Saab fue cedido para que lo habitara una persona sancionada por el Tesoro estadounidense. - ¿Qué debió hacer el banco?
Bajo los estándares internacionales (GAFI, Basilea, FINTRAC, OFAC), el protocolo era claro: • Aplicar una Debida Diligencia Intensificada (EDD) al activo por su origen vinculado a Saab.
• Identificar al beneficiario final efectivo de la cesión (Armando Benedetti).
• Reportar como Operación Sospechosa (ROS/SAR) cualquier vínculo con una persona en la lista SDN.
• Suspender y congelar inmediatamente toda operación relacionada con el activo.
Nada de esto ocurrió.
- ¿Quiénes debían evitarlo?
Un oficial de cumplimiento de alto nivel en Estados Unidos describiría esta situación como “un colapso de múltiples capas de control: riesgo en el origen, riesgo en la cesión, riesgo en el beneficiario y riesgo en la jurisdicción”.
V. EL FACTOR BENEDETTI: UN INQUILINO QUE DESATA UNA CRISIS CONTINENTAL
- La OFAC no es simbólica
La designación de Benedetti en la lista SDN implica consecuencias mandatorias: • Bloqueo total de sus bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense.
• Prohibición absoluta a cualquier entidad de proveerle servicios financieros o de otra índole, lo que incluye un contrato de leasing.
• Activación de un rastreo financiero global por parte de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
• Obligación de monitoreo por parte de los bancos corresponsales en Estados Unidos.
Permitir que una persona sancionada mantenga un inmueble de lujo como residencia oficial equivale, a ojos del Tesoro, a “facilitar el mantenimiento del estatus de un individuo designado mediante servicios corporativos prohibidos”.
- El riesgo para Scotiabank
La OFAC tiene la autoridad para sancionar al grupo bancario en su totalidad, no solo a su filial colombiana. Las implicaciones podrían ser devastadoras:
• Restricciones a sus operaciones de corresponsalía bancaria.
• Multas que podrían oscilar entre 50 y 500 millones de dólares.
• Exigencia de auditorías forenses externas por un periodo de 18 a 36 meses.
• Obligación de presentar reportes trimestrales a FINTRAC (Canadá) y OFAC (EE. UU.).
• Revisión completa de su portafolio de bienes adjudicados en Colombia.Esto no es una exageración. Es la ruta que ya recorrieron gigantes como BNP Paribas, Standard Chartered y Crédit Agricole.
VI. EL NEXO ESTADOUNIDENSE: DELAWARE, FLORIDA Y LA PUERTA ABIERTA AL TESORO
La estructura empresarial de Ricardo Leyva en Estados Unidos —con Ave Fenix Inc. en Delaware (2013), Ave Fenix USA Corp. y propiedades en Florida— activa la jurisdicción estadounidense de manera plena. Esto otorga a la OFAC acceso directo a registros, movimientos financieros y contratos.
Para el Tesoro de EE. UU., el criterio es simple: si una operación beneficia, directa o indirectamente, a una persona sancionada, todos los intervinientes caen bajo su radar.
VII. LOS TRES FALLOS CAPITALES QUE ESTA INVESTIGACIÓN DOCUMENTA
1. Fallo en la debida diligencia de origen: Scotiabank estaba obligado a tratar el activo proveniente de Saab como una “propiedad de riesgo extremo” y someterlo a un monitoreo especial. No lo hizo.
2. Fallo en la identificación del beneficiario final: El banco debía detener la cesión en el instante en que detectara que el nuevo ocupante era una persona sancionada por la OFAC. No lo hizo.
3. Fallo en el monitoreo transaccional continuo: La cadena de eventos (pago de RTVC a Leyva, cesión del leasing y ocupación por un ministro sancionado) debió generar múltiples alertas internas y un reporte de operación sospechosa. No lo hizo.
Esto no es una “falla administrativa menor”. Es el tipo de caso que convierte a una filial bancaria en un sujeto de supervisión reforzada por parte del Tesoro estadounidense.
VIII. LO QUE VIENE: LA MAQUINARIA DE LA OFAC YA ESTÁ EN MARCHA
Fuentes en Washington confirman que la Sección de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI) del Departamento del Tesoro ya tiene en su poder los elementos clave de este caso: el nombre de Benedetti, el origen del activo en Saab, la cesión del leasing, la red de empresas de Leyva en EE. UU. y el rol de Scotiabank.
La pregunta ya no es si intervendrán, sino qué tan alto llegará la onda expansiva de la intervención.
IX. RECOMENDACIONES PARA LAS AUTORIDADES COLOMBIANAS
Basado en precedentes internacionales, seria imposible que los protagonistas dejaran de considerar las siguientes acciones para mitigar el riesgo sistémico y reputacional para el país:
1. Corte Suprema de Justicia: Requerir a RTVC la documentación completa del contrato adjudicado a Ricardo Leyva.
2. Fiscalía General de la Nación: Solicitar a Scotiabank Colpatria los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos o, crucialmente, no emitidos en relación con este activo y sus ocupantes.
3. Superintendencia Financiera: Ordenar una inspección inmediata y exhaustiva de los procesos Anti-Lavado de Activos (AML) y Contra la Financiación del Terrorismo (ATF) del banco.
4. Procuraduría General de la Nación: Evaluar el posible involucramiento de funcionarios públicos en la facilitación de esta cadena de transacciones.
5. Ministerio de Relaciones Exteriores: Preparar un informe diplomático preventivo ante la inminente intervención de reguladores como FINTRAC y OFAC.
6. Congreso de la República: Considerar la creación de una comisión accidental enfocada en la supervisión de activos de origen ilícito administrados por el sistema financiero.
7. Gobierno Nacional: Blindar a cualquier dependencia estatal que mantenga contratos activos con Scotiabank para prevenir riesgos de contagio.Estas no son medidas extraordinarias, sino protocolos estándar en casos de alto riesgo financiero internacional.
X. CONCLUSIÓN: SCOTIABANK ANTE SU HORA MÁS OSCURA
La historia de la mansión de Caujaral no es la de un banco sorprendido por un error administrativo. Es la radiografía de un sistema roto: Jabar Singh, presidente de Scotiabank Colpatria, permitió que un activo infectado por el circuito financiero delictivo de Alex Saab terminara convertido en refugio de lujo para un designado OFAC, Armando Benedetti.
Es también el retrato de una cadena de controles fallidos, encabezada por Cielo Pedraza Borrero, vicepresidenta de Cumplimiento, y por Alain García-Dubus, Chief Risk Officer, quienes omitieron activar los protocolos reforzados que cualquier banco con presencia en mercados internacionales debe aplicar a un activo de origen criminal y a un ocupante que figura en la lista SDN del Tesoro de EE. UU.
Hoy, tres jurisdicciones miran hacia el mismo punto:
• Colombia, que vio cómo un contrato público terminó lubricando el acceso a un bien manchado por corrupción internacional.
• Estados Unidos, cuyo régimen sancionatorio podría interpretar que Scotiabank facilitó —por negligencia o permisividad— el beneficio de un sancionado.
• Canadá, país sede de Scotiabank, donde la expectativa es simple: una filial no puede convertirse en un vector de riesgo reputacional ni regulatorio para una de las instituciones financieras más grandes del hemisferio.
En Toronto ya revisan nombres; en Washington ya revisan transacciones; y en Bogotá ya revisamos nosotros: Singh, Pedraza y García-Dubus aparecen en cada cruce de camino.
La pregunta final no es si habrá consecuencias.
La pregunta es quién—o cuántos—caerán primero cuando la maquinaria regulatoria internacional empiece a exigir respuestas, documentos, reportes, y la verdad completa detrás del activo tóxico que Scotiabank decidió no ver.
Porque en el universo de la OFAC, el error no prescribe; se persigue, se documenta y se cobra. Y Scotiabank Colpatria, por primera vez en su historia en Colombia, puede estar entrando en una noche que no controla… y que sí tiene final.