Por: El Expediente
Bogotá, 12 de noviembre de 2025
Apenas una semana después de que nuestra publicación en El Expediente destapara la manipulación del acta de cierre en la licitación de seguridad privada más grande de la Universidad Nacional —un proceso por cientos de miles de millones que protege a estudiantes, profesores e investigadores en sedes como Bogotá, Medellín y Manizales—, la institución emitió un comunicado oficial reconociendo irregularidades.
Manipulación en la licitación de seguridad en la Universidad Nacional: acta oficial alterada sin explicación
En él, las directivas admiten que el acta original fue modificada horas después del cierre del 17 de octubre, rebajando en más de $28.000 millones la oferta de la Unión Temporal UNAL EAC 2025 y alterando los datos de su póliza de seriedad, todo a petición de un proponente y sin notificar a los demás participantes.
El comunicado firmado por la gerencia administrativa y financiera de la universidad Nacional, justifica el cambio como una «corrección técnica» solicitada por la unión temporal, alegando un error en la transcripción de la oferta.
Sin embargo, lejos de subsanar el daño, esta confesión pública se convierte en la prueba irrefutable de la irregularidad: un acto administrativo definitivo, como el acta de cierre, no puede editarse a conveniencia una vez consumado el proceso, y mucho menos en respuesta a una sola parte interesada, dejando en la oscuridad a los otros oferentes que confiaron en las reglas publicadas.
Esta admisión no solo viola los principios constitucionales de transparencia y confianza legítima, sino que agrava el vicio de procedimiento consagrado en la Ley 80 de 1993.
Los proponentes actuaron de buena fe, presentando sus propuestas bajo las condiciones iniciales, solo para descubrir —un mes después, a través de un comunicado de prensa— que el juego había sido alterado en secreto. ¿Cómo se llama a esto si no a una traición a la seguridad jurídica que rige la contratación pública y hasta una falsedad en documento público?
El comunicado, en lugar de calmar las aguas, enciende las alarmas: revela que la Universidad priorizó la solicitud de un favorecido sobre la equidad de todos, erosionando por completo la credibilidad de un proceso que involucra recursos públicos vitales para la seguridad de la comunidad académica.
Lo más alarmante es el silencio ensordecedor de los organismos de control. Ni la Procuraduría General de la Nación, ni la Contraloría, ni la Superintendencia de Industria y Comercio se han pronunciado ante estos indicios claros de corrupción administrativa.
¿Cuánto tiempo más permitirán que irregularidades como esta queden en impunidad, mientras el erario se expone a riesgos millonarios y la confianza en las instituciones se desmorona?
Este no es un error subsanable con disculpas tardías. La modificación del acta, confirmada ahora por la propia Universidad, invalida por completo la licitación.
Las partes interesadas en el proceso exigen su anulación inmediata y la intervención urgente de la Procuraduría (@PGN_COL
) para investigar a fondo el actuar indebido de @UNALOficial
, sancionar a los responsables y restaurar la integridad del proceso.
Solo así se podrá garantizar que la seguridad en la Nacional no sea víctima de ediciones clandestinas, sino de reglas claras y justas para todos.