Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expediente
Publicado el 24 de octubre de 2025
El cambio de juego: de la obediencia debida al “material support”
La designación OFAC del presidente Gustavo Petro bajo la EO 14059 (Illicit Drug Trade) convierte cada orden, firma y acto oficial en un problema de cumplimiento para quien la obedezca sin mirar atrás.
La arquitectura de sanciones de EE. UU. permite castigar a personas extranjeras que “provean apoyo material o servicios” a un designado.
Traducido a jerga de sistema: si la instrucción del SDN produce bienes, servicios o flujos que toquen a personas o bancos estadounidenses, el riesgo de facilitación se dispara.
La vieja excusa de la obediencia debida deja de ser cobertura; en el ecosistema financiero global, obedecer también puede ser participar.
Fiscalía, hijo del presidente y un reloj que corre
La Fiscal General Luz Adriana Camargo, ratificada el 21 de agosto de 2025, tiene en su despacho el expediente de Nicolás Petro Burgos, donde se anunciaron nuevos cargos el 8 de octubre de 2025.
El caso, que ya implicaba una tensión política interna, ahora adquiere relevancia internacional: el padre del acusado está sancionado bajo la EO 14059, lo que convierte cualquier flujo, testimonio o transacción relacionada en un posible elemento de cooperación OFAC–FinCEN.
La Fiscalía puede seguir su ruta nacional, pero sus hallazgos —si incluyen trazabilidad en dólares— ya entran en el radar transfronterizo.
Corte Suprema y el caso Benedetti: ¿quién firma qué?
La Corte Suprema de Justicia mantiene procesos abiertos contra Armando Benedetti, incluido el juicio por el caso Fonade y otro por injuria agravada.
Desde que Benedetti fue incorporado a la lista OFAC este 24 de octubre de 2025, su nombre se volvió palabra prohibida para cualquier sistema bancario internacional.
Eso significa que los actos procesales —embargos, cauciones, traslados de fondos o fianzas— que lleguen a tocar bancos o plataformas bajo jurisdicción estadounidense caen bajo escrutinio OFAC automático.
Un expediente judicial colombiano, al rozar una entidad del sistema SWIFT, se transforma en un asunto de cumplimiento global.
Altos mandos militares: la orden y la frontera invisible
El ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez Suárez (posesión 3 de marzo de 2025) lidera una estructura cuya logística —aviones, repuestos, software, capacitación— depende de tecnología estadounidense e israelí.
Aquí nace la pregunta nuclear:
¿Qué pasa si la cadena de mando ejecuta órdenes, compras o contratos originados desde un SDN?
Cada interacción que toque exportaciones controladas cae no solo bajo el radar de OFAC (Tesoro), sino también bajo las normas ITAR (Departamento de Estado) y EAR (Departamento de Comercio).
Esto convierte la obediencia militar en un campo minado:
• Una orden del SDN (Petro) de “comprar repuestos” o “mantener convenios de defensa” pone al ministro y a sus generales en posición de solicitar una exportación controlada de EE. UU. en beneficio de un sancionado.
• Tal acto activa alarmas simultáneas en Washington: Tesoro (OFAC), Estado (ITAR) y Comercio (EAR).
• El riesgo de facilitación material deja de ser financiero y se vuelve multidimensional, mezclando control de exportaciones, cooperación militar y financiamiento.
En este tablero, el Ministro y su Estado Mayor no enfrentan solo sanciones secundarias: podrían ser incluidos en programas de control de exportaciones, quedando inhabilitados para recibir o manejar tecnología norteamericana.
El ángulo técnico que nadie quiere leer:
• OFAC + IEEPA: la EO 14059 autoriza bloquear a extranjeros que “provean apoyo material” a designados.
Si un acto administrativo termina en servicio, pago o contrato que pase por una persona o banco de EE. UU., abre hipótesis de facilitación.
• Reportes obligatorios: toda propiedad bloqueada o transacción rechazada debe reportarse en 10 días hábiles (31 CFR §§ 501.603–501.604).
Los rechazos no se archivan: se envían al Tesoro, donde quedan registrados como señales de alerta para futuras designaciones.
Militares, jueces, magistrados: la pregunta incómoda
El sistema no pide héroes; pide trazabilidad. Si un general, un juez o un magistrado ejecuta o refrenda acciones funcionales a un SDN, y esas acciones usan el dólar, seguros globales, nubes de datos o pasarelas de pago, el banco hará lo suyo: rechazar, reportar y escalar.
De ahí a una investigación por facilitación —no en Colombia, sino en el Tesoro— hay un solo clic. Y ese clic no se hace en Bogotá: se hace en un servidor en Nueva York.
Conclusión sin anestesia
El subalterno de un SDN ya no está protegido por la obediencia debida. Está expuesto a un sistema automático que reporta primero y pregunta después.
La Fiscal Camargo seguirá con su expediente local; la Corte Suprema mantendrá sus causas contra Benedetti.
Pero la verdadera amenaza no está en los tribunales nacionales: está en el sistema de pagos global, donde el Tesoro no perdona ni la jerarquía ni la disciplina.
Cadena de mando, cadena de custodia, cadena de pagos: si cualquiera de las tres roza a un designado, el sistema corta. Y el que corta no lleva uniforme ni toga: lleva el sello de OFAC, ITAR y EAR.




