Por: Luis Manuel Ramos Perdomo
Se aproxima el momento en el que miles de niños al rededor del mundo esperan la jornada de recolección de huevos de chocolate escondidos por el Conejo de Pascua. En Colombia, producto del progresismo, la ideología de género, la cultura woke y la política, la alegórica Paloma de la Paz ha sido sometida al “transespecismo” y la han convertido Conejo.
Hoy existe en Colombia el Conejo de la Paz y su rápida reproducción generará otra plaga, más peligrosa y violenta que cualquiera conocida en el pasado.
Al igual que en los Estados Unidos, la búsqueda del Conejo más importante inicia en el Patio de la Casa de Gobierno y domicilio de la Familia Presidencial, conocida allá como la Casa Blanca y aquí como la Casa de Nariño.
Pese a evidentes diferencias, la búsqueda del Colombiano Conejo de la Paz, nada tiene que ver con celebraciones religiosas como la resurrección de Cristo o la tradición Judía de la Pascua.
La búsqueda de nuestro Conejo de Paz está relacionado con una jodida tradición política: la corrupción.
Hace muchos años escuché o leí de algún blasfemo que el nepotismo existe desde que Dios puso a su hijo en la Santísima Trinidad. Pues bien, nuestro Conejo de Paz, además de la corrupción, se relaciona con una especie de nepotismo (favor o preferencia desmedida a familiares y parientes), en el que miembros de la Familia Presidencial han resultado salpicados e involucrados en un escándalo de proporciones épicas y alcance transnacional, donde aparece incialmente el soborno.
Se ha difundido información sobre la presunta participación de Juan Fernando Petro y Nicolas Petro Burgos en una especie de tráfico de influencias remunerado relacionado con la implementación de una de las banderas políticas del gobierno de su hermano y padre Gustavo Francisco Petro Urrego.
La gravedad de la información periodística adquiere mayor entidad como consecuencia del Comunicado de la Casa de Nariño, en el que Petro, solicita al Fiscal General de la Nación que investigue a sus familiares.
Las declaraciones de Petro son discientes y preocupantes: “Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos” y “Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia pero respetaré las conclusiones a que llegue la justicia”. El contenido de las palabras de Petro al invocar que espera que sus familiares puedan demostrar su inocencia es lapidario. A todo ciudadano lo acompaña la Presunción de Inocencia, en vitud de la cual, es el Estado el llamado a probar la responsabilidad y culpabilidad de las personas sometidas a juzgamiento, proceso que impone la obligación de vencer dicha presunción, no de cualquier manera, sino sometido al estandar de conocimiento de la certeza que incluye el ir más allá de toda duda razonable.
Esas declaraciones generadas por un familiar, que ostenta tan alto cargo y que por regla general suele estar nutrido de valiosa información generada por los Servicios de Inteligencia, deja muy poco a la imaginación, con mayor razón si desempolvamos el escándalo del denominado “Pacto de la Picota” conocido por la opinión pública a través de medios de comunicación que filtraron el contenido de las conversaciones del hermano de Petro, el hoy Comisionado de Paz (y censurador de prensa) y algunos Abogados, con Personas condenadas por corrupción y solicitadas en extradición que se encontraban privadas de libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad (EPCAMS) de la Picota, que dicho sea de paso y aprovechando la coyuntura, en casi nada se parece al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del Presidente Salvadoreño Nayib Bukele.
Llama poderosamente la atención que Petro solicita las investigaciones aludidas a sus familiares, pero calla en lo judicial, frente a graves hechos publicamente conocidos y relacionados con el Asesinato de un miembro de la Policía Nacional, el Secuestro de 79 uniformados más y civiles vinculados a una multinacional petrolera. Tan grave será la “pilatuna” de los suyos?????
Al parecer y según información divulgada por reconocidos medios de comunicación y periodísticos, la Drug Enforcement Administration (DEA), agencia de aplicación de la Ley del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tiene en su poder Elementos Materiales Probatorios generados al parecer, por vigilancias y controles electrónicos e interceptación de telecomunicaciones, con los que se acreditarían los hechos.
“Conejo” en colombia es una alegoría de engaño, trampa e incumplimiento de promesas y eso deben estar pensando aquellas personas en su mayoria vinculados a Grupos Delictivos Organizados (GDOs), Grupos Armados Organizados (GAOs), Grupos Armados Organizados Residuales (GAORs), Grupos Guerrilleros, Narcotraficantes y Terroritas, algunos de ellos solicitados en Extradición por el Gobierno de los Estados Unidos, a las que se les prometieron gestión y resultados para ser incluidos y beneficiados con la “Paz Total” bajo mecanismos de Acogimiento, Sometimiento, Amnistía, Indulto y No Extradición.
Capítulo aparte merece el “Conejo” a la “Primera Línea”.
Las consecuencias para esos intermediarios, promitentes, facilitadores o gestores son graves y dicha gravedad se acrecentará de corroborarse que la motivación del “Conejo” es la obtención de beneficios económicos.
De ser cierto, y parece lo es, las aspectos legales generan riesgos de encausamiento criminal en Colombia y el Extranjero por la presunta comisión de delitos que superan la corrupción y se adentran en un entramado de Concierto para Delinquir o Conspiración, según la jurisdicción, relacionados con Obstrucción a la Justicia, Lavado de Activos y Terrorismo entre otros.
Las otras consecuencias pueden ser más peligrosas pues, los destinatarios y víctimas del “Conejo”, terminaron siendo avezados criminales vinculados a organizaciones y grupos que se han abierto camino mediante el uso de la fuerza y la violencia, que no suelen perdonar la ofensa, la deslealtad, afectación de sus intereses y menos mediante la estafa o el engaño.
Habrá que revisar con lupa la conexidad que pueda existir entre este entramado y el “plan pistola” que desplegaron durante el 2022 algunos GDOs, GAOs y GAORs en contra de miembros de la Policía Nacional para ambientar el dialogo y la propuesta de “paz total” durante la campaña electoral y lo corrido del gobierno Petro. Fueron asesinados más de 50 miembros de la Institución, bajo una modalidad de genocidio con tintes políticos y aroma de corrupción e impunidad.
La cereza del pastel y el otro “Conejo”, lo expone con contundencia y credibilidad la ofendida ex esposa o pareja de Nicolas Petro Burgos, al declarar abiertamente sobre la recepción de recursos de origen “non sanctos” vinculados a personas con antecedentes legales y serios cuestionamientos sobre el origen de sus fortunas, quienes bajo la convicción de estar aportando dinero y recursos a la Campaña de Petro a la Presidencia, resultaron timados por el primogénito presidencial, quien se apropio de los recursos para propositos patrimoniales personales.
Está declaración coincide en el tiempo, con la decisión de las Autoridades Electorales de someter a escrutinio la financiación de la Campaña Política del Pacto Histórico, que llevara a la Presidencia a Petro Urrego.
Finalmente no deja de ser irónico que en el gobierno del Cambio, ni siquiera eso cambie. Los hechos nos obligan a referirnos a lo ocurrido durante la Campaña Presidencial de Ernesto Samper, quien personificó uno de los más vergonsozos capitulos de la historia política colombiana y del cual salió airoso pues, “todo ocurrió a sus espaldas”.
Samuel Santander Lopesierra, conocido como Santa Lopesierra, otrora Zar del contrabando de cigarrillos y licores en la Guajira Colombiana, especialmente en Maicao y hoy aspirante a la Alcaldía, fue extraditado a los Estados Unidos en donde fue condenado a una pena de prisión superior a 20 años que terminó cumpliendo efectivamente con 18 por hechos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. En Colombia su patrimonio viene siendo objeto de extinción de dominio. En 1994 Santa Lopesierra fue congresista y adquirió protagonismo cuando declaró la vinculación de algunos políticos liberales, incluido un ex presidente en el Magnicido de Álvaro Gómez Hurtado.
La otra peculiaridad se relaciona con la alegórica Paloma de la Paz, en este caso con la escultura de la Paloma, obra del Maestro Fernando Botero que se encuentra ubicada en la Casa de Nariño. Otra obra de similar alegoría fue destruida por los vándalos y terroristas durante el denominado de “estallido social” en Medellín.
Causualmente el ex Ministro de Defensa del Gobierno Samper, Fernando Botero Zea, hijo del afamado Maestro, estuvo involucrado en el escándalo de financiación de la Campaña Samper Presidente y su consecuencia, conocida en Colombia como el “Proceso 8000”.
La intervención del Ministro Botero Zea, tuvo un vergonzoso episodio, similar al que hoy involucra a Nicolas Petro. Recibieron dineros para la Campaña Presidencial y se apoderaron de los recursos.
Ya brincó el “Conejo”, falta poco para que “salte la Liebre”.
