Por: El Expediente
Fecha: 26 de febrero de 2025
Una investigación de El Expediente revela un presunto esquema de adjudicación irregular de notarías en Colombia durante el gobierno de Gustavo Petro, liderado por la Canciller Laura Sarabia, y el abogado penalista Mauricio Pava, defensor de confianza de Petro y pareja de Sarabia.
Según fuentes de este medio, al menos siete notarías en diferentes regiones del país habrían sido asignadas bajo un sistema que involucra pagos millonarios, con costos que oscilan entre 300 y 700 millones de pesos, dependiendo del nivel de influencia y el volumen de facturación de cada notaría.
El caso más destacado es el de la Notaría 14, ubicada en Bogotá, que habría sido otorgada al coronel Carlos Feria, exjefe de la seguridad presidencial y figura polémica tras ser vinculado a un escándalo de abuso de poder en 2023. Feria, quien fue imputado por la Fiscalía por su presunta participación en el secuestro y tortura de Marelbys Meza —exniñera de Laura Sarabia— en la Casa de Nariño, habría recibido esta notaría a través de una interpuesta persona: Erika Macías, nombrada oficialmente como titular.
Este episodio se suma a las sombras que persiguen al coronel, hombre de confianza de Petro desde su etapa como alcalde de Bogotá, y quien estuvo involucrado en el controvertido uso de un polígrafo contra Meza tras el robo reportado de una suma de dinero en la residencia de Sarabia.
Otro nombre que resuena en este entramado es el de Daniela Andrade, esposa de Jaime Ramírez Cobo, asesor clave de Sarabia y enlace de la Presidencia con el Congreso. Ambos han sido señalados en escándalos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el sector salud, incluyendo el manejo irregular de contratos millonarios durante 2024.
Según las fuentes, Andrade habría sido beneficiada con una notaría como parte de este supuesto «carrusel», lo que se suma a las acusaciones de tráfico de influencias en el entorno de Sarabia.
Entre las notarías adjudicadas por Sarabia y Pava se encuentran la Notaría 56, la Notaría 109 y la Notaría segunda de Bogotá, además de la ya mencionada Notaría 14, todas ubicadas en puntos estratégicos del país y con alto flujo de operaciones.
Aunque el proceso de asignación de notarías en Colombia está regulado por la Superintendencia de Notariado y Registro, que exige concursos públicos y méritos, las denuncias apuntan a que estas designaciones habrían sido manipuladas desde la Casa de Nariño, con Sarabia y Pava como piezas clave en la negociación y distribución de estos cargos.
El rol de Mauricio Pava, conocido por representar a Petro, a la primera dama Verónica Alcocer y a otros altos funcionarios en casos penales, añade una capa de complejidad al escándalo. Su influencia, según las fuentes, no se limita a la defensa legal, sino que se extiende a la gestión de favores políticos y económicos.
Los costos reportados —entre 300 y 700 millones de pesos— sugieren un mercado paralelo donde las notarías, posiciones históricamente codiciadas por su rentabilidad y prestigio, se convierten en moneda de cambio para aliados del gobierno.
Este carrusel de notarías no es un fenómeno nuevo en Colombia. Durante gobiernos anteriores, como el de Álvaro Uribe, se denunciaron prácticas similares conocidas como el «cartel de las notarías», en las que congresistas y funcionarios intercambiaban apoyos políticos por estos cargos. Sin embargo, en el caso del gobierno Petro, las acusaciones golpean directamente al corazón de su administración, que llegó al poder en 2022 con la promesa de erradicar la corrupción y transformar las prácticas clientelistas.
Hasta el momento, ni Sarabia ni Pava han respondido oficialmente a estas denuncias.
La Superintendencia de Notariado y Registro no ha emitido un pronunciamiento sobre las irregularidades señaladas, y las investigaciones periodísticas y judiciales apenas comienzan a arrojar luz sobre este caso. Lo que sí está claro es que el escándalo pone en entredicho la credibilidad de un gobierno que enfrenta múltiples frentes de críticas, desde el manejo de la UNGRD hasta las tensiones internas en la Casa de Nariño.
La trama podría extenderse aún más con el concurso de notarías programado para mayo de 2025, cuya transparencia es cuestionada por fuentes cercanas a El Expediente. Según estas, el proceso estaría diseñado para consolidar a los notarios ya seleccionados por Laura Sarabia y Mauricio Pava, mientras se abren vacantes para aliados del superintendente Rosvelt Rodríguez, figuras como Dilian Francisca Toro y Roy Barreras, y el empresario vallecaucano Ember L. Moreno, señalado como el cerebro detrás de este carrusel. Lejos de ser un ejercicio meritocrático, el concurso buscaría blindar permanentemente a los notarios afines al poder político y al entorno del Supernotariado, perpetuando así el control sobre estos codiciados cargos.
