Por: José Alejandro Ramírez Londoño
Por las redes sociales, el alto mando Militar y Policial de Colombia, así como las demás instituciones que hacen parte de la comunidad de inteligencia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), se notificaron esta semana de la orden de Gustavo Petro de suspender el intercambio de información con agencias de seguridad estadounidenses, argumentando la vigencia de la medida “mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el caribe”.
Si bien la defensa de Petro de quienes hacen parte de la cadena del narcotráfico en Colombia no es un elemento novedoso, conocida su tradicional defensa de quienes siembran cultivos ilícitos bajo el argumento de tratarse de un cultivo ancestral, esta nueva orden se acumula a una serie de acciones que hacen de Colombia un terreno fértil para la consolidación de los negocios que se desencadenan con el éxito del narcotráfico, el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dándole la razón al departamento del tesoro del Estados Unidos al haberlo designado dentro de la lista Clinton, por sus iniciales OFAC.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Unidad de inteligencia financiera del país cuya misión es prevenir y detectar operaciones de lavado en todas las actividades económicas, había sido suspendida del grupo Egmont en septiembre de 2024, luego de una grave filtración de Petro que comprometió la información compartida en este conglomerado, uno de los más importantes actores mundiales del sistema Anti-lavado de activos, dejando todas las transacciones colombianas en el foco de atención del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y aislando nuestro sector financiero, el cual se había venido fortaleciendo de la mano de altas calificaciones de rentabilidad, riesgo y solvencia.
Colombia venía consolidando un sistema interoperable en el combate a las economías ilícitas, el lavado de activos y la financiación del terrorismo a lo largo de los últimos 20 años y su contribución al desmantelamiento de las estructuras criminales empezaba a generar confianza internacional por sus éxitos. Fue así como a finales de la década pasada (2019) se calculaba que de un mercado que involucraba recursos al rededor del 4% del PIB anual (para la época, más de 20 billones COP) la Fiscalía General de la Nación estimaba incautaciones de bienes y fondos por un monto extinguido que llegó al 30% en activos. De la mano de la interoperabilidad entre instituciones, también en ese año se logró la incautación e inmovilización de 49 aeronaves del narcotráfico, 27 en 2020 y 6 en 2021 y lo que era un territorio marcado por la proliferación de pistas clandestinas para el narcotráfico, vio su traslado paulatino a estados fronterizos con Venezuela, como como el Zulia, donde se calculan más de 300.
Pese a que en la actualidad el riesgo de Lavado de Activos en Colombia se ha incrementado exponencialmente por la cifra record que alcanzan los cultivos ilícitos en el gobierno de Gustavo Petro, éste último continúa enviando señales tan alentadoras a un mercado que financia el terrorismo y sume en la violencia al país. En contraste con los esfuerzos que marcaron la década pasada, el rápido flujo de recursos del narcotráfico a la economía en la actualidad – que coopera con el mantenimiento de una Tasa Representativa del Dólar a la baja- es directamente proporcional al apresurado debilitamiento de los controles interinstitucionales en el combate a las economías ilícitas. Cuando las cifras oficiales establecen en más de 260 mil las hectáreas de cultivos ilícitos en una producción cercana a 3.000 Toneladas métricas de clorhidrato de cocaína anuales, Petro se jacta de haber incautado tan sólo 2.700 toneladas durante los más de 3 años que lleva su desgobierno. Una cifra de incautación tan débil frente a la producción, que no ha evitado el ingreso masivo de dinero a las arcas de las organizaciones criminales permitiéndoles financiar su expansión, como ha sido revelado por organismos de inteligencia, las farc triplicaron sus criminales en armas respecto a la contabilidad del 2022, pasando de 3.275 a 9.634; el clan del golfo duplicarlos de 4.061 a 8.945 durante el mismo período y al ELN aumentarlos de 5.885 a 6.699 -sólo en Colombia, porque esta última se caracteriza por su fuerte presencia del lado venezolano-. Esto es, que los ingresos de estas 3 organizaciones permiten financiar una fuerza criminal superior a 25 mil hombres, acercándose al 10% del componente humano de nuestras fuerzas militares : una amenaza a la seguridad que nunca había visto nuestra sociedad.
Prueba del fracaso probado de haber flexibilizado los controles a los flujos financieros en la UIAF y evitar compartir compartir información de inteligencia con otras agencias del mundo, el casi inadvertido informe de organismos de inteligencia de medio oriente entregado a nuestras Fuerzas militares señaló los riesgos a la seguridad nacional de la consolidación de rutas ilícitas y zonas seguras para el ELN en nuestro territorio con respaldo en militares venezolanos y financiamiento extranjero, precisamente cuando nuestras autoridades han sido aisladas de la colaboración interagencial en materia de los flujos financieros internacionales.
Para cerrar esta columna apreciados lectores, les dejo este dato: Llama la atención que en este contexto se esté manipulando igualmente las licitaciones en materia de control del espacio aéreo -radares- en Colombia otorgadas a una empresa con tecnología obsoleta (2D), como si de preparar un terreno aún mas fértil para las rutas aéreas del narcotráfico en el país se tratara, precaviendo las organizaciones narcoterroristas la próxima toma del control del espacio aéreo venezolano por la actividad de los Estados Unidos en el mar caribe. Resulta inevitable de todo esto, concluir que el gobierno del tal cambio le permitió vivir sabroso sólo a las organizaciones criminales a costa de humillar constantemente a nuestra fuerza pública y mandar al traste los logros y esfuerzos en el combate a fenómenos criminales como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
