Por: Saúl Hernández Bolívar
Se ha venido a confirmar que el objetivo real del paro criminal es netamente político. No solo para alcanzar el poder por parte de la izquierda en el 2022 sino para tumbar al presidente Duque.
Como tarde o temprano, todo se sabe, se ha venido a confirmar que el objetivo real del paro criminal que ha azotado a Colombia por casi 50 días es netamente político. No solo con el fin de alcanzar el poder por parte de la izquierda en el 2022 sino para hacer una moñona completa tumbando al presidente Duque, un gobernante que ha preferido una mesura excesiva en el manejo de la crisis en vez de tomar el toro por los cuernos y cumplir desde el principio la Constitución y la ley restableciendo el orden público en todo el país.
El video de Nelson Alarcón, uno de los directivos sindicales de Fecode, es contundente. Dice que el objetivo son las elecciones del 2022 para derrotar al Centro Democrático, al uribismo, a la derecha… Y lo peor es que confiesa que para lograrlo será muy importante el trabajo de adoctrinamiento de los profesores con los jóvenes del país. Si Daniel Ortega ha encarcelado a cuatro opositores por nada, ¿qué sanción no le cabría al diabólico ‘comité del paro’ por la comisión de un plan criminal de semejante calado?
A su turno, la líder indígena Diana Perafán, denunció que el objetivo del paro era tumbar al presidente Duque y que la visita de la CIDH no era más que una reunión de compadres para deslegitimar al Gobierno y las instituciones, sobre todo a la Policía. Cuento viejo es que esas entidades son de extrema izquierda, y que particularmente esta comisión ha sido recalcitrante con Colombia en las últimas décadas. Sobra decir que el informe de la CIDH será una condena contra el país, caracterizando al Gobierno como violador de los derechos humanos y como represor del supuesto derecho a la protesta social.
La CIDH pasó por alto de manera olímpica la excesiva violencia con la que los activistas radicales y/o prepagos enturbió las protestas. De manera concreta, ignoró los malos tratos a los que fueron sometidos miles de integrantes de la Policía: los golpearon, les prendieron fuego, los apedrearon, los acuchillaron, los insultaron, los difamaron. El juez tercero penal de garantías de Bucaramanga, Ramiro Rivera Álvarez, catalogó a la Policía de ser una «fuerza terrorista», y en el hospital universitario de esa misma ciudad el personal médico los trató de «cerdos» y «asesinos» cuando fueron a pedir atención para un compañero mal herido por una bomba molotov.
Parece que el personal médico hubiera olvidado muy pronto el trato injusto que debieron afrontar al inicio de la pandemia, cuando muchos vecinos los vilipendiaban por considerarlos como los trasmisores del virus, y se multiplicaron los malos tratos en almacenes, medios de transporte y hasta en plena calle. Las gentes de bien tuvieron que hacer causa común para ponerle freno a esa insensatez de la misma forma que hoy cierra filas en torno de unas instituciones a las que se les debe todo gracias al sacrificio de sus integrantes.
No quisieran saber los sayones que atentan contra nuestros policías y demás funcionarios lo que les pasaría en otros países donde sí rige el imperio de la ley, y donde los códigos no son interpretados al arbitrio de jueces prevaricadores que dejan en libertad a peligrosos delincuentes como lo han hecho aquí, en el marco de estas asonadas, a pesar de haber prueba en video y plena identificación del malhechor.
En Francia, le acaban de imponer 18 meses de prisión (cuatro de ellos de obligatorio cumplimiento) a Damien Tarel, un simpatizante del movimiento de los «chalecos amarillos», por darle una cachetada al presidente Emmanuel Macron, lo que fue considerado por un fiscal como «violencia contra persona que ostenta autoridad pública». Eso ocurrió el 8 de junio y el sujeto ya fue condenado en juicio y está cumpliendo su pena de prisión mientras que en Colombia los bandidos son liberados de inmediato por supuesta falta de pruebas, por considerar el juez que no son un peligro para la sociedad o por vencimiento de términos, como en el caso de las bolsas de dinero del delincuente Petro, que por prescripción y no por inocencia acaba de ser archivado por la Corte Suprema de Justicia, el Cartel de la Toga.
Por fortuna, ya muchos se han venido dando cuenta de cómo la izquierda los estaba usando. Por eso en la toma de Bogotá solo hubo 3.000 gatos, según cálculos oficiales de la propia alcaldía, que es de esa misma izquierda. También, seguramente, porque de momento se agotaron los dineros —o se cortó el flujo— con que se pagaba el jornal de los revoltosos: por la plata baila el perro. Pero no hay que cruzarse de brazos, la delincuencia no se cansa, trabaja 24/7, y como lo han reconocido van por el poder en el 2022. Estando avisados, ¿dejaremos morir esta democracia?
@SaulHernandezB
