Por: Jazmin Balaguer
Con el último debate de control político hecho al ex Fiscal Néstor Humberto Martínez, llevado a cabo en la Comisión Primera del Senado, fuimos testigos de un nuevo capítulo de la estrategia de manipulación a la opinión pública, a la que recurre buena parte de la oposición al Gobierno. En esta oportunidad, ante la facilidad que permiten los complejos términos jurídicos, y de inteligencia nacional e internacional.
Así, los Senadores citantes, lejos de brindar un ejercicio riguroso que informara y aclarara, dieron un espectáculo deliberado de desconocimiento y engaño. Afirmaron que la droga en el caso de ¨Jesús Santrich¨ era de la Fiscalía y de la DEA. Por lo tanto, todo era un montaje, un ¨entrapamiento¨, ilegal en Colombia y en complicidad con Estados Unidos. Un ataque directo a la ¨paz¨ desde la institucionalidad. Para darle credibilidad a esta teoría conspirativa, crearon el hecho que Marlon Marín y Armando Gómez eran agentes encubiertos de la DEA; que el señor que aparece en el video, al lado de Marín asesorándolo en la declaración, era de la DEA; y la tergiversación de: ¨entrega controlada¨ para asegurar que la institución fue quien entregó el estupefaciente.
De todo lo anterior, sin conocimiento, se podría concluir que efectivamente a Santrich, le tendieron una trampa, y consecuentemente al proceso con las FARC. Conscientemente saben, que no hay argumentos que permitan un avance jurídico en contra del ex Fiscal, por lo que el objetivo no es ese. No quieren elevarlo a mártir y convertirlo en un contrincante político. Su irresponsable actuar radica, en que por más, que se revierta con verdad, hechos y evidencia cada una de sus acusaciones, en el ideario quedara siempre lo escandaloso y lo inverosímil, esperando afectar políticamente al Gobierno.
Los expertos del MIT: Sinan Aral, Soroush Vosoughi y Deb Roy, descubrieron que una noticia falsa es mucho más atractiva, por lo que tiene un 70% más de probabilidades de ser compartida. Rutinariamente en la sociedad, estas se comparten entre 1.000 y 100.000 personas. Por su parte las noticias ciertas, diariamente no se difunden más allá de 1.000 personas.
Parece desalentador. Pero también es verdad, que la inteligencia colectiva se impone. Esas fake news son atractivas para compartir, más no necesariamente porque se crea en ellas.
Por lo mismo, es menester precisar tal despliegue de mentiras de los Senadores citantes. En Colombia, los procedimientos con agentes encubiertos están explícitamente amparados y delimitados en el artículo 242 y 243 del Código de Procesamiento Penal. Ahí nunca se habla de entrapamiento, puesto que ese término aquí no existe. Es una traducción del término judicial de EE.UU: Doctrine of Entrapment. En ese país, el entrapamiento existe y es legal siempre y cuando, el agente provocador, facilite una escena para estimular un delito, de los que ya se vienen cometiendo. Y está prohibido, que ese mismo agente, induzca un delito nuevo, lo que se llama delito provocado. Su Tribunal Supremo es muy claro en esa distinción, y dice, que en el primer caso, hay una libre iniciativa del autor. En el segundo, se afecta el primer presupuesto requerido en su Código Penal: la voluntad. Por eso, al hacer la DEA un entrapamiento a Santrich, con pruebas avaladas por un juez, y pedido en extradición, es porque ese negociador de ¨paz¨ ya venía en una comisión de delitos con anterioridad e ininterrumpidamente por el proceso de la Habana. Tal como el mismo Fiscal Martínez desde comienzos del año 2017, expuso al Presidente Santos, pero con indicios sobre otros desmovilizados. Sin tener la obligación de hacerlo, por aquello de la separación de poderes, y sin saber, que la DEA estaba en ese camino pero en contra Santrich. Fue tildado como enemigo de la ¨paz¨ por lo mismo. Pareciera que ser amigo de la ¨paz¨ es pasar por alto los delitos de los firmantes, quizás ingenuamente esperando que valga la pena, o por desestabilizar el país, ganar adeptos y votos.
Ahora, una ¨Entrega Controlada¨ en nuestro país significa, de acuerdo a los artículos mencionados, que el agente encubierto de la institución sea testigo de una entrega ilícita por parte de los investigados. La cual también es avalado por un juez de garantías. Esto sucedió el 01 de Noviembre de 2017, cuando la Fiscalía haciéndole seguimientos a Marlon Marín, asiste a la entrega de 5 kilos de droga, que este realiza junto a sus cómplices.
Esos cómplices están extraditados. Aunque para la mente conspirativa de los citantes, quizás continúen alegando que son agentes de la DEA y que eso es teatro. Por eso asumieron, que quien aparecía a lado de Marín asesorándolo en sus respuestas, era de esa agencia. Pero no, era su abogado.
Tampoco a ellos les importa aclarar, que Marín no fue judicializado por nuestras autoridades, porque quien se somete a un principio de oportunidad para colaborar en la desarticulación de la red, se ve beneficiado con la suspensión o renuncia de la persecución penal.
Al final, la investigación de la DEA sobre Santrich y de la Fiscalía con Marín, se encontraron, cuando ya EE.UU tenía todo el material probatorio. Como ha sido costumbre por reserva y cadena de custodia, las pruebas solo son presentadas ante un juez en suelo americano frente al acusado, para que este las conozca y se defienda. Razón por la cual, nunca son enviadas para proceder a la extradición, como parte del principio de confianza en la relación bilateral y en los tratados de cooperación judicial internacional. Así ha sido en las últimas décadas. La JEP sabía que esa solicitud de pruebas a USA era improcedente, pero no así, la ciudadanía.
Al pedirle entonces a la Fiscalía, esta entrega 12 audios de los 24 mil, porque la solicitud era solo con referencia a Santrich. La extensa mayoría restante son de su sobrino exclusivamente, en otros delitos. A eso, le llaman los citantes, ocultamiento. Asumen, que para la Fiscalía, Santrich era responsable de conducta punible por los actos de su sobrino.
Es tanta la preocupación de la oposición, por la inocultable debilidad del proceso con las FARC, su incumplimiento en cuanto a reparación, verdad, retorno a las armas y a las economías ilícitas, con unas disidencias cada vez más desafiantes y responsables del asesinato de líderes sociales, y narcotráfico, que se debe seguir insistiendo en responsabilizar al Estado, y particularmente al Gobierno, de incluso cada acto de esos ex negociadores hoy en armas. Una persona del común si se sintiera perseguida judicialmente, pide asilo. Santrich pudo haberlo pedido en Cuba, Venezuela, o simplemente haberse ido por las trochas que conoce hacia el país vecino. Pero solo un criminal además, entra a formar parte de un grupo criminal para matar colombianos y traficar. La Fiscalía y la DEA tenían razón.
