Por: William Soto Angarita
Hay momentos en la vida republicana en los que la ambigüedad deja de ser prudencia y empieza a parecer complicidad. El resultado electoral del 31 de mayo de 2026 es uno de esos momentos. Millones de colombianos acudieron a las urnas y pusieron a Abelardo de la Espriella en el primer lugar de la primera vuelta presidencial. Ese hecho político, contundente y verificable, no puede ser tratado como una incomodidad pasajera por quienes esperaban otro desenlace, ni mucho menos como una anomalía que solo existe porque el resultado no favoreció al poder.
Quien escribe estas líneas lo hace desde la condición de abogado penalista, oficio que enseña una regla elemental: las acusaciones graves exigen pruebas serias. En un proceso penal nadie debería ser condenado por sospechas, insinuaciones o discursos de conveniencia. En una democracia tampoco debería ser condenado un resultado electoral porque al Presidente de la República o al candidato del gobierno les resulta políticamente indigesto. El derecho no funciona con presentimientos. La democracia no se administra con rabietas. Y la voluntad popular no se suspende por un hilo en redes sociales.
Por eso resulta inaceptable la postura asumida por el Presidente Gustavo Petro frente a los resultados. No estamos ante un ciudadano cualquiera expresando malestar. Estamos ante el jefe de Estado, el primer obligado a proteger la estabilidad institucional, sembrando dudas sobre el sistema electoral en el preciso instante en que ese sistema arroja un resultado adverso al proyecto político del gobierno. Esa actitud no es menor. Es peligrosa. Porque cuando quien ocupa la Presidencia cuestiona sin demostrar, no está haciendo control democrático: está erosionando la confianza pública desde la cúspide misma del poder.
La gravedad aumenta cuando esa desconfianza coincide con la conveniencia electoral del candidato oficialista, Iván Cepeda. El gobierno y su candidato tienen todo el derecho a vigilar el escrutinio, presentar reclamaciones, revisar actas, acudir a los recursos legales y exigir transparencia. Nadie discute eso. Pero una cosa es defender votos y otra muy distinta es desconocer el hecho político de que Abelardo de la Espriella obtuvo una votación inmensa, robusta y nacional. Una cosa es pedir garantías; otra, mucho más grave, es instalar en la opinión pública la sospecha de que solo hay democracia cuando gana el petrismo.
Esa es la trampa que Colombia no puede aceptar. La izquierda gobernante, que durante años exigió respeto por sus votos, no puede ahora relativizar los votos ajenos. Quien llegó al poder por las urnas no puede patear simbólicamente el tablero cuando las urnas empiezan a marcarle el fin del ciclo. No hay autoridad moral para celebrar la institucionalidad cuando entrega la victoria propia y atacarla cuando anuncia la victoria del adversario. La democracia no es una prenda reversible que se usa según el clima político del día.
Abelardo de la Espriella tiene razón: la voluntad popular debe respetarse. Y debe respetarse de verdad, no con declaraciones tibias, no con reconocimientos a medias, no con silencios calculados, no con ese lenguaje venenoso de quienes dicen esperar el escrutinio mientras deslegitiman el resultado ante la ciudadanía. El escrutinio formal debe cumplirse con todo rigor, como ordena la ley. Pero el país no puede permitir que el trámite institucional sea utilizado como excusa para convertir una derrota política en una narrativa de fraude sin prueba suficiente.
También debe decirse sin miedo: defender la democracia no es un acto decorativo. Las urnas se defienden con votos, con jueces, con instituciones, con escrutinio transparente y, llegado el caso, con la fuerza legítima del Estado sometida a la Constitución. Esa fuerza no es la del capricho, ni la del caudillo, ni la del tumulto, ni la de la violencia partidista. Es la fuerza republicana que existe para impedir que cualquier facción, desde el gobierno o desde la calle, intente torcer la voluntad popular. Una democracia inerme frente a quienes desconocen sus reglas termina siendo una democracia entregada.
Por eso el llamado de Abelardo de la Espriella debe entenderse en su dimensión correcta: no como invitación al desorden, sino como advertencia constitucional. Colombia no puede permitir que se burlen las urnas. No puede permitir que la inconformidad del poder se convierta en presión sobre las instituciones electorales. No puede permitir que el Presidente, cuya obligación es garantizar el equilibrio, actúe como jefe de debate de su propio proyecto político en el momento más delicado del calendario democrático.
El país ya ha vivido demasiadas veces la tragedia de los discursos que incendian y después pretenden lavarse las manos ante las cenizas. Por eso es indispensable hablar claro desde ahora. Si el presidente Petro tiene pruebas, que las ponga sobre la mesa y acuda a los canales jurídicos correspondientes. Si Iván Cepeda tiene reparos concretos, que los tramite con seriedad y sin dramatismo. Pero si lo que hay es inconformidad política, entonces lo que corresponde no es sembrar desconfianza sino aceptar que millones de colombianos votaron por un cambio de rumbo.Ese cambio tiene nombre propio: Abelardo de la Espriella.
Para el país su votación no es un accidente. Es una respuesta. Es el rechazo a la inseguridad convertida en paisaje cotidiano, al deterioro de la autoridad, al desprecio por quienes piensan distinto, al uso del poder como instrumento de confrontación permanente. La defensa de Abelardo de la Espriella, en este momento, trasciende a la persona del candidato. Es la defensa de una regla mínima de civilización política: las elecciones se ganan en las urnas y se discuten en la ley, no en la descalificación irresponsable del resultado. El gobierno puede incomodarse. El candidato oficialista puede preocuparse. Sus simpatizantes pueden frustrarse. Lo que no pueden hacer es pedirle al país que ignore lo que el país acaba de decir.
Colombia está ante una segunda vuelta que definirá mucho más que un gobierno. Definirá si seguimos siendo una democracia capaz de reconocer el triunfo del adversario o si nos dejamos arrastrar por la lógica autoritaria de quienes solo aceptan la voluntad popular cuando les obedece. Esa es la verdadera discusión. No se trata de derecha o izquierda. Se trata de República o facción. Se trata de Constitución o conveniencia. Se trata de votos o presión.
La carta política de Colombia no autoriza al Presidente de la República a convertirse en jefe de campaña de ningún candidato. Por el contrario, el orden constitucional impone a todos los servidores públicos el deber de actuar con imparcialidad, garantizar la igualdad en la contienda democrática y abstenerse de utilizar el poder del Estado para favorecer intereses electorales particulares. Cuando un Presidente pone su investidura, su autoridad, y la plataforma institucional de la Presidencia al servicio de una candidatura, no solo desnaturaliza la función que le fue confiada por la Constitución, sino que compromete principios esenciales del Estado de derecho, como la neutralidad institucional, la transparencia electoral y la igualdad de oportunidades entre los competidores.
La Presidencia de Colombia no es un comité de campaña ni un instrumento de proselitismo político; utilizarla como tal constituye una grave desviación de poder y una afrenta a las garantías democráticas que la Constitución está llamada a proteger.
