En la noche del lunes 1 de junio, cientos de militantes del petrismo se concentraron frente a la sede del Pacto Histórico en el barrio Teusaquillo de Bogotá para expresar respaldo a la campaña presidencial de Iván Cepeda. La manifestación no fue convocada por colombianos. Fue promocionada, divulgada y amplificada por los mismos observadores internacionales que el Pacto Histórico trajo a Colombia para el 31 de mayo.
Una de las primeras en difundir la convocatoria fue la activista Comunista mexicana Damaris Hoyos, quien en su cuenta de Instagram, donde aparece en fotografías junto al candidato Iván Cepeda, compartió videos de la concentración y escribió: «Hoy la juventud colombiana se ha organizado para movilizarse y defender sus elecciones» y «Quien diga que el Pacto no interpretó a las juventudes está en un error.»
Damaris Hoyos no es una observadora neutral. Es cercana al politólogo español Juan Carlos Monedero — cofundador de Podemos y asesor del gobierno de Hugo Chávez entre 2005 y 2010 — con quien aparece en fotografías que incluyen el lanzamiento de su libro «Menos realidades y más promesas: Los Monstruos del fascismo».
Monedero, como documentó El Expediente, también estuvo en Colombia el 31 de mayo como parte del dispositivo del Pacto Histórico, y alcanzó a declarar en televisión colombiana que «la izquierda siempre acepta los resultados de las urnas», horas antes de que Petro y Cepeda desconocieran el preconteo de la Registraduría.
En las mismas concentraciones del 1 de junio fue captado el observador catalán Yosef Bakali Mateos, otro de los activistas de la extrema izquierda internacional que el Pacto puso en Colombia con credenciales de observador electoral.
La presencia de estos personajes en las protestas postelectorales expone una contradicción que no tiene explicación: existe una diferencia legal estricta entre testigos electorales y observadores internacionales.
Los testigos son designados por las campañas para vigilar las mesas de votación. Los observadores internacionales son acreditados por organizaciones independientes, entre ellas la OEA y la Misión de Observación Electoral cuya directora es Alejandra Barrios, quien figura con vínculos históricos con sectores de la izquierda colombiana a pesar de que su función exige neutralidad absoluta.
Promover concentraciones políticas en favor de uno de los candidatos al día siguiente de las elecciones no es observación. Es militancia.
La pregunta que ninguna autoridad electoral ha respondido es la más simple: ¿quién postuló, financió y trajo a Colombia a los exguerrilleros salvadoreños, el eurodiputado cuyas organizaciones fueron ilegalizadas por vínculos con ETA, el abogado de las FARC, el funcionario del Partido Comunista Chino y los asesores del chavismo que El Expediente documentó el 31 de mayo? ¿Qué organización los acreditó? ¿Con qué recursos llegaron? ¿Quién pagó sus tiquetes y hospedaje?
Esas respuestas no han llegado. La investigación completa de El Expediente sobre los observadores internacionales del Pacto Histórico está disponible en El Expediente
La injerencia que Petro ocultó: guerrilleros salvadoreños, militantes de ETA, comunistas chinos y el abogado de las FARC observaron las elecciones en nombre de Cepeda. Primicia El Expediente
La injerencia que Petro ocultó: guerrilleros salvadoreños, militantes de ETA, comunistas chinos y el abogado de las FARC observaron las elecciones en nombre de Cepeda. Primicia El Expediente
