Por Rafael Nieto Loaiza
Santos les entregó todo: diez curules en el Congreso por ocho años y sin un solo voto, emisoras de radio y financiación privilegiada que no tiene ningún partido político, ingreso de sus miembros al cuerpo de escoltas de la UNP, salario y pago de prestaciones sociales de los guerrilleros, quebrarle el espinazo a la justicia para crear un tribunal donde escogieron los magistrados y juzgarán a sus enemigos, una comisión “de la verdad” para reescribir a su acomodo la historia del conflicto, modificación de la Constitución e inclusión del contenido en el ordenamiento jurídico, lavada de cara nacional e internacional y, en general, un tratamiento como si las Farc fueran iguales al Estado.
Además, hizo dos concesiones adicionales que explican la persistencia de la violencia: por un lado, impunidad de iure, vía amnistía e indulto, de los delitos “ordinarios” y, más grave, impunidad de facto para los crímenes de guerra y de lesa humanidad. La impunidad siempre es germen de nuevas violencias: invita a repetir. Si, además, no solo no hay sanción real para el delito sino que se rompe el principio de igualdad frente a la ley para tratar de manera más favorable a los criminales que a los ciudadanos de bien, como ocurrió con las Farc, el mensaje ético y social es devastador. Sin embargo, muchos dicen que era el pago necesario para que las Farc dejaran de matar.
La otra concesión es mucho más difícil de explicar. La negociación se hizo, hay que decirlo con todas las letras, con una guerrilla untada hasta el cuello de narcotráfico, con una mafia gigantesca y muy violenta. Y sin embargo, Santos pactó con esa narcoguerrilla: durante la negociación, suspensión de la fumigación aérea y de la erradicación forzada; después, obligación de concertar con los narcocultivadores antes de erradicar y privilegiar la sustitución voluntaria, incentivos económicos para los cocaleros por 24 meses, suspensión por dos años de las acusaciones penales a los cultivadores, garantía de no extradición para las Farc y sus familiares, modificación de la jurisprudencia para tratar el narcotráfico como conexo a los delitos “políticos” y, por tanto, amnistía y el indulto.
Además, y esto es aún más grave, no se estableció sanción efectiva por no colaborar para desmontar el negocio. De hecho, no hay un solo caso en que las Farc hayan entregado laboratorios, pistas clandestinas, rutas, narcocultivos, nombres de sus cómplices, mecanismos de lavado de activos ni, mucho menos, dineros y bienes resultados del narcotráfico.
Fueron esas concesiones las que generaron que criticáramos ese acuerdo, no porque fuéramos enemigos de la paz sino porque las consideramos excesivas y peligrosas. Mostraban un estado débil. Alimentaban la impunidad. Premiaban a los violentos. Establecían un conjunto de incentivos perversos para el narcotráfico. Creíamos que, en lugar de traer paz, alimentarían la violencia.
Es lo que ha ocurrido. El año pasado, en plena aplicación del acuerdo, tuvimos 208.000 hectáreas de coca y mil toneladas de producción. Y la tasa de homicidios aumentó un 6.6%, cambiando la tendencia de disminución de los últimos tres lustros.
Las Farc dejaron los frentes más ricos y poderosos, vinculados al narco y a la minería ilegal, entre ellos el 1, 7, 16, 40 y 48, por fuera del acuerdo. Las famosas “disidencias”. Y desde abril del año pasado, todos sabemos (la JEP se hace la pendeja) que Márquez, jefe de negociadores de las Farc en La Habana, y al menos otro miembro del secretariado, Santrich, nunca se desvincularon del narcotráfico. Los llamados “reincidentes” también son mafiosos.
El examen de la geografía de la violencia reafirma mi tesis: no somos, en general, un país violento. La violencia no es homogénea. Se concentra en unas zonas específicas del territorio, aquellas vinculadas a las economías ilícitas: minería ilegal y narcotráfico. Es el control de esas rentas ilegales y la búsqueda de su expansión la que explica en lo fundamental la aún altísima tasa de homicidios que sufrimos, la razón por la que en Colombia persistió el conflicto armado mientras que en el resto del Continente desaparecía, el motivo de las “disidencias” y de que Márquez y su banda nunca dejaran el negocio, el motor que alimenta y permite crecer a los grupos armados organizados, la causa que recicla, una y otra vez, la violencia.
O entendemos que las rentas ilícitas son el problema y nos decidimos como país a eliminarlas o seguiremos en esta espiral violenta interminable que no nos permite alcanzar el futuro que nos merecemos.
