El 8 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368, con el que levantó la suspensión general que pesaba sobre los permisos de porte de armas de fuego en todo el territorio nacional desde 2015. La medida no habilita a cualquier ciudadano a salir armado a la calle, como han insistido abogados y expertos consultados tras la firma: reactiva permisos ya vigentes, no crea autorizaciones nuevas ni cambia los requisitos, controles o causales de revocatoria previstos en el Decreto Ley 2535 de 1993. Lo que sí elimina es un trámite adicional que se exigía mientras duró la suspensión general, y con eso cierra el capítulo de la figura de «permiso especial» que, durante años, funcionó como el cuello de botella discrecional del sistema.
Ese cuello de botella no es un detalle menor. Es, de hecho, el punto exacto donde durante tres décadas se ha cotizado el soborno en Colombia, porque el diseño institucional del negocio de las armas concentra en un solo sector —Defensa— cada eslabón de la cadena: Indumil fabrica y vende, el Departamento Control Comercio Armas y Explosivos (DCCAE) del Comando General autoriza los permisos, y las propias Fuerzas Militares vigilan, incautan y destruyen. Monopolio de oferta más monopolio de control, con comités de aprobación internos y opacos, es la fórmula clásica de captura de renta, y los expedientes judiciales de los últimos veinte años lo confirman con nombres y cifras.
El caso más documentado ocurrió en la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín, entre 2015 y 2017. La Fiscalía estableció que la unidad expedía permisos especiales de porte a cambio de pagos de hasta 11 millones de pesos, y que entre los beneficiarios había jefes de la banda La Oficina identificados como alias Tom, Lindolfo, Pichi Belén y Chicho, además de escoltas suyos. Según el análisis de inteligencia militar citado por Noticias Caracol, más de la mitad de los salvoconductos investigados entre 2016 y 2018 en esa brigada llegaron a los capos a través de un coronel del departamento de control de armas en Bogotá y un mayor adscrito a la oficina de control de armas de Usaquén, con dos coroneles de la cúpula de la Cuarta Brigada como enlace en Medellín. El oficial de más alto rango señalado fue el general Jorge Horacio Romero Pinzón, comandante de esa brigada, capturado en agosto de 2019 por interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio y concierto para delinquir agravado —cargos que combinaban el direccionamiento de contratos de suministro y mantenimiento con las irregularidades en los permisos de armas. Su caso sigue abierto: en 2023 la Corte Suprema de Justicia reactivó el juicio oral en su contra, y en 2021 la Fiscalía inició un proceso de extinción de dominio sobre una vivienda que, según el ente acusador, habría sido adquirida con el dinero de esos contratos irregulares.
El problema no se quedó en el pasado ni se limita a una sola unidad militar. En diciembre de 2025, el sargento retirado Alexander Chala denunció que el sistema informático del DCCAE podía manipularse para avalar trámites que exigen controles reforzados, con pagos de entre 25 y 35 millones de pesos por permiso y bienes registrados a nombre de terceros para evitar el rastreo patrimonial. Un escalón más abajo, tramitadores ilegales venden salvoconductos falsos por 500.000 y 600.000 pesos, a precios similares a los del trámite legal —una oferta que solo tiene sentido si la vía legítima es percibida, en la práctica, como igual de discrecional que la falsificación.
La fuga no ocurre solo en la expedición de permisos: también ocurre en la fuente misma del armamento. Una investigación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, remitida a la Fiscalía el 8 de julio de 2025 mediante el oficio OFI25-00129809 y ampliada el 6 de noviembre del mismo año, documentó más de 12.000 elementos bélicos fuera de control en la fábrica Santa Bárbara de Indumil, en Sogamoso, Boyacá. Entre los hallazgos: 4.189 cargadores de fusil M16 que habían sido certificados como destruidos en diciembre de 2023 pero que una comisión con Policía Judicial encontró intactos y almacenados en cajas; 502 granadas de 40 milímetros sacadas del inventario sin autorización; 46 granadas de mortero de 60 milímetros dadas de baja desde 2022 pero todavía almacenadas; 7.256 cuerpos de granada sin trazabilidad ni registro contable, algunos con hasta 15 años en bodega; y diez bombas de aviación de entre 250 y 500 libras, algunas con carga activa, guardadas en polvorines fuera del sistema oficial de inventario. El acta que certificaba la destrucción del material estaba firmada por varios funcionarios de la planta, entre ellos el coronel retirado Rubén Alonso Mogollón Araque, y no coincidía con lo que la Policía Judicial verificó en terreno. Indumil respondió que sus propias auditorías internas habían detectado las irregularidades primero, y que desde mayo de 2025 había alertado a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Secretaría de Transparencia y el Ministerio de Defensa.
A ese expediente se suma el reconocimiento más incómodo, porque viene de la propia industria: un documento interno de Indumil admitió que la empresa «venía aplicando una estructura de precios alta, que en la práctica respondía a una lógica proteccionista» y que generaba «distorsiones en el mercado». En octubre de 2025, Indumil advirtió al Ministerio de Defensa pérdidas superiores a 90.000 millones de pesos por demoras administrativas en la venta de armas, y respondió recortando precios casi 50% en pistolas y escopetas —una rebaja que, al no venir acompañada de mayor capacidad de entrega, aumentó la demanda sin resolver los retrasos, exactamente el tipo de escasez administrada que alimenta al tramitador informal.
Hay un tercer frente, más grave en volumen pero que corresponde a denuncias políticas del gobierno de Gustavo Petro, no a fallos judiciales en firme: la vigilancia privada como puerta trasera del sistema. El gobierno saliente denunció 62.664 armas con licencia oficial cuyo paradero se desconoce, asociadas a 197 empresas de seguridad que reportan armamento pero figuran inactivas en el sistema de la Superintendencia de Vigilancia, y una denuncia legislativa de diciembre de 2025 que documentó al menos 1.100 trámites irregulares de licencias de funcionamiento entre 2018 y 2022, con cobros de hasta 1.000 millones de pesos por empresa. Lo verificable dentro de esa denuncia, más allá de la disputa política, es un punto técnico concreto: los sistemas de la Superintendencia de Vigilancia y los del control de armas no cruzan bien la información entre sí, y esa desconexión de bases de datos es, según especialistas del sector, donde efectivamente vive buena parte del fraude.
El Decreto 1368 cierra ahora la figura del permiso especial, que era el punto de mayor discrecionalidad. Pero no modifica el diseño de fondo: quien fabrica, quien autoriza y quien controla siguen siendo, en última instancia, la misma cadena de mando militar, sin un contrapeso externo que audite de forma independiente y permanente el cruce entre Indumil, el DCCAE y la Superintendencia de Vigilancia. Sin esa depuración estructural, la presión que hoy se retira del «permiso especial» tiene un lugar obvio hacia dónde desplazarse: el trámite ordinario del DCCAE, con sus 36 seccionales territoriales y la misma plataforma informática que un sargento retirado ya denunció como manipulable hace apenas nueve meses.
