Por: José Fernando Torres Fernández de Castro
Colombia atraviesa el momento más delicado de su historia democrática reciente. A menos de un mes de la posesión del nuevo gobierno, el presidente saliente, Gustavo Petro, ha declarado públicamente que no reconoce como legítimo al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y ha proclamado —sin una sola prueba admitida por autoridad judicial o electoral alguna— que el verdadero ganador de la segunda vuelta del 21 de junio fue el senador Iván Cepeda, el candidato que perdió esa contienda. Esta afirmación se ha difundido a través de medios públicos como RTVC, y ha venido acompañada de la convocatoria a movilizaciones para el próximo 20 de julio y de un discurso que roza abiertamente el desconocimiento del orden constitucional.
Hay, además, un dato que agrava el cuadro: el propio Iván Cepeda —a quien Petro proclama «presidente legítimo»— había reconocido inicialmente los resultados y radicado ante el CNE la aceptación de su curul; días después, en un acto en Cali, cambió de posición y se sumó al desconocimiento del presidente electo, anunciando «desobediencia civil pacífica». Petro defiende, entonces, una tesis que el propio Cepeda solo acogió tras haberla descartado, y que ninguno sustenta con pruebas: el presidente invoca un fraude nunca demostrado, y Cepeda funda su rechazo en supuestas amenazas a la soberanía frente a Estados Unidos, sin aval del Consejo de Estado ni de ninguna autoridad judicial.
No existe fundamento constitucional, legal ni fáctico que sostenga esa posición. Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo por el CNE tras un balotaje cuya transparencia avalaron misiones de observación de la Unión Europea y el Centro Carter, que calificó el sistema de resultados como confiable y trazable. El propio Procurador —tibio frente al presidente Petro— ha señalado que las denuncias de fraude carecen de incidencia jurídica. Ninguna autoridad competente —ni el Consejo de Estado, ante el cual existen los mecanismos legales para impugnar una elección, ni juez alguno— ha declarado la existencia de fraude.
Esa disonancia no es casual: se inscribe en un patrón de conducta que la ciudadanía no puede analizar con ingenuidad. Un gobierno señalado durante la contienda de usar recursos y estructuras del Estado a favor de la candidatura oficialista —que ha sido acusada de recibir votos bajo presión de los grupos armados ilegales—, pretende hoy, derrotado en las urnas, proclamar un ganador alterno, ejerciendo un disenso ilegítimo e incurriendo en lo que claramente parece ser un intento de desconocimiento del relevo pacífico del poder o, lo que es lo mismo, de desconocimiento del orden constitucional. Que ese intento coincida con un balance de gobierno marcado por señalamientos de ineficiencia y corrupción agrava el cuadro: quien gobernó mal y se resiste a entregar el poder actúa con la lógica de quien teme la rendición de cuentas, no con la de un demócrata que respeta la voluntad popular. Todo indica, en realidad, que se trata de una estrategia deliberada para perpetuarse en el poder y evitar que se destape la corrupción de su gobierno.
Frente a esta gravedad, el silencio o la tibieza no son opciones. Colombia necesita un respaldo inequívoco y masivo al presidente electo, cuya legitimidad está certificada por la autoridad electoral y reconocida internacionalmente, y un verdadero frente democrático —una oposición a la oposición que hoy encabezan Petro y Cepeda— que convoque a la sociedad civil, los gremios empresariales, la dirigencia política de todos los partidos —incluidos los que respaldaron al gobierno saliente—, las cortes y las instituciones de control, bajo un único propósito: defender la Constitución y la continuidad institucional. No es una disputa entre derecha o izquierda; es la defensa de la regla más elemental de la democracia: que quien pierde una elección entrega el poder a quien la gana.
En ese frente, las Fuerzas Militares y de Policía tienen un papel insustituible: su lealtad no es con un gobernante en particular, sino con la Constitución que juraron defender. El artículo 217 les asigna la defensa del orden constitucional, mandato que incluye garantizar que la posesión del presidente electo se cumpla el 7 de agosto sin interferencias de quien hoy se resiste a dejar el cargo. Deben impedir cualquier maniobra de fuerza o intento de prolongar el poder por vías ajenas a la Constitución, y estar dispuestas —si el presidente persiste en desconocerla abiertamente— a poner a disposición de la justicia a quien incurra en esa conducta, incluida su privación de la libertad si los hechos configuran delitos contra el régimen constitucional. En esa misma línea, corresponde al actual ministro de Defensa pronunciarse sin ambigüedades en defensa de la Constitución y de la transición pacífica del poder: su cartera no puede limitarse a gestionar el empalme administrativo con el nuevo gobierno mientras guarda silencio frente al cuestionamiento presidencial a la legitimidad electoral.
Al Congreso le corresponde activar sin dilación los mecanismos que la Constitución le confía. El artículo 175 prevé el juicio ante el Senado por indignidad en el ejercicio del cargo, mecanismo pensado para situaciones como esta: cuando un alto funcionario compromete la dignidad de la investidura y pone en riesgo la estabilidad institucional. Que un presidente proclame como legítimo a un candidato derrotado, deslegitime sin pruebas a la autoridad electoral y convoque movilizaciones bajo esa premisa en las semanas previas a la transmisión de mando es, cuando menos, una conducta indigna del cargo que aún ostenta. El Congreso no puede mirar hacia otro lado.
Hay que exigirle al Procurador General de la Nación un pronunciamiento inmediato y enérgico, y no un gesto más de la tibieza que ha mostrado hasta ahora: no basta trasladar la responsabilidad a la Comisión de Acusación mientras el jefe del Estado, desde su investidura, propaga sin pruebas una tesis de fraude y desconoce al presidente legítimamente electo. El Ministerio Público debe fijar postura pública con firmeza y exigir que el presidente saliente respete la decisión del CNE y garantice la transición pacífica el 7 de agosto. Guardar silencio equivale a una forma de complicidad.
La democracia colombiana ha resistido más de tres décadas bajo la Constitución de 1991 porque, en los momentos de tensión, instituciones y ciudadanía han sabido cerrar filas en su defensa. Este es uno de esos momentos: no hay términos medios entre reconocer una elección certificada y avalada internacionalmente, o allanar el camino a un quiebre institucional disfrazado de reivindicación popular. La hora exige claridad, firmeza y unidad: respaldar a Abelardo de la Espriella como presidente electo, exigir a las Fuerzas Militares su papel de garantes del orden constitucional, y exigir al Congreso, y a un Procurador que hasta ahora ha sido tibio, que actúen sin más demoras como las instancias de control que la Constitución les confía, frente a quien, con sus propios actos, se ha situado al margen de la Constitución que juró defender.
