Por: Jorge Enrique Pava Quiceno
Ante la evidente recuperación de Manizales y su replanteamiento económico, cultural, social, dinámico y presupuestal, los ciudadanos nos manifestamos satisfechos y expresamos en todos los escenarios la nueva visión de ciudad, reconociendo el retorno a esa senda de civismo, orden y espíritu de grandeza que nos caracterizó desde su fundación, y que la mafiosa y despiadada administración de Carlos Mario Marín minó hasta consumirla casi por completo.
Por esa razón, en los mismos escenarios la gente se pregunta: ¿y qué pasó con el ex alcalde? ¿Puede una persona que actuó en forma tan irresponsable, prepotente, corrupta y descarada salir a gozar de su fortuna sin pagar por sus culpas ni recibir siquiera una sanción simbólica? ¿Cómo es posible que después de cuatro años de derroche, despilfarro, enriquecimiento personal, saqueo de empresas y empobrecimiento del municipio, este sujeto siga tan campante gastando a dos manos y desafiando al pueblo que lo eligió? Y la respuesta es: sí es posible.
Sí es posible en un país como Colombia donde el bandido está rodeado de prebendas y privilegios, y donde reina la impunidad. Es posible mientras exista la connivencia de órganos como la Contraloría y la Procuraduría que palparon los más descarados desmanes y se hicieron los de la vista gorda. Es posible en una ciudad donde la sociedad está dispuesta a renegar en las mesas de bares y cafés, pero se silencia en los estrados judiciales.
Es posible en un municipio donde sus líderes prefieren aliarse con la mafia administrativa para beneficiarse de ella mientras puedan, en lugar de asumir su papel de vigías y controladores sociales.
Es posible, porque los medios se doblegan ante el poderoso y terminan siendo los mayores cómplices del desgreño. Pero no todo es desesperanza: Carlos Mario Marín enfrenta hoy un proceso penal que está a punto de iniciar su etapa final de juicio oral y público, y que la Fiscalía General de la Nación ha afrontado con entereza y convicción, y ha sacado a relucir un gran papel como órgano investigador y acusador.
Ha imputado y acusado a Marín por el delito de prevaricato por acción a título de dolo, dejando al descubierto su desvergüenza y su ejercicio manipulador e ilegal para lograr sus cometidos.
Hay que reconocerle a los fiscales su energía y solvencia jurídica, además de su independencia, claridad y contundencia al actuar. Y, por supuesto, al juez que ha actuado con el debido respeto procesal y ha rodeado de garantías a las partes que han presentado las pruebas y está a la espera de su práctica para pronunciarse. Y entonces se complementa la respuesta a la sociedad: sí es posible que en Colombia el corrupto disfrute impunemente de su fortuna y se regodee ante sus víctimas sin reato alguno.
Pero también existe la posibilidad de la denuncia y encontrar fiscales y jueces dispuestos a asumir su papel con responsabilidad y entereza. ¡Hay esperanzas!
